Sociedad

El encuentro se realizó durante todo el día en el Teatro Universitario. Foto Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UdeA / Sara Vanegas

Entre 1984 y 2002, 3170 integrantes de la Unión Patriótica —UP— fueron asesinados, 521 desaparecidos, 285 sufrieron atentados, 596 fueron desplazados o exiliados, 64 padecieron tortura y 19 enfrentaron detenciones y procesos penales en los que demostraron su inocencia y comprobaron que se trató de montajes judiciales. En total, más de 6000 víctimas directas, según la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocida por el Estado colombiano. Además, a comienzos de este siglo, a la colectividad le fue suprimida la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral.

Este es un muy breve repaso de la historia de ese partido político que nació el 28 de marzo de 1984 tras el acuerdo en La Uribe, Meta, entre el Gobierno nacional —encabezado entonces por Belisario Betancur— y la guerrilla de las Farc-EP. Y pese a la violencia sufrida durante décadas, la UP se negó a desaparecer, como lo muestra el hecho de que este miércoles 13 de noviembre de 2024, en el Teatro Universitario de la UdeA, se reunieron más de 300 sobrevivientes y víctimas, procedentes de las diferentes regiones de Antioquia.

Este evento, denominado «El Exterminio de la Unión Patriótica: Diálogos Universitarios para la No Repetición», es el quinto encuentro de este tipo que se realiza en cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 27 de julio de 2022 declaró al Estado colombiano responsable por las violaciones de derechos humanos de los miembros de este partido político.

«Nos reúne la dignificación de la memoria de las más de 6000 víctimas de la UP. Estas representan una tragedia humanitaria, ética y política, de las tantas que acumula la violencia fratricida que lleva décadas consumiéndonos. A las vidas, a las dignidades y derechos vulnerados se suma la anulación de un proyecto político», recalcó Elmer Gaviria Rivera, vicerrector general de la UdeA al instalar este encuentro.

El directivo recordó que el departamento de Antioquia fue el más afectado por la violencia contra miembros de la UP y que, en este contexto, la UdeA sufrió el asesinato de egresados, estudiantes y profesores, como Diana Cardona —alcaldesa de Apartadó—, Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancur o Jesús María Valle —egresado, quien representó a militantes detenidos con cargos falsos—, y otros defensores de derechos humanos como Héctor Abad Gómez y Luis Fernando Vélez.

Ana Victoria Vásquez Cárdenas, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Alma Máter, recordó que la Sentencia de la Corte Interamericana es clara en señalar el deber de que se hicieran estos foros en universidades públicas, «con el fin de que las generaciones actuales y futuras conocieran de qué se trataron estos hechos, cómo el Estado, de diversas maneras, afectó los derechos humanos de los integrantes de la Unión Patriótica».

«Esto se trata de reconfigurar el país, de construir la paz que necesitamos para que podamos convivir desde distintas visiones, de diversas ideologías, para que esto nunca vuelva a suceder», enfatizó la decana, cuya unidad apoyó la organización del encuentro, junto con el Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Hacemos Memoria y la Unidad Especial de Paz de la UdeA.

«Como Universidad para nosotros es fundamental la memoria como proceso de reconocimiento de algo que sucedió, pero también el compromiso indeclinable con la no repetición y la verdad. Como formadores de nuevas generaciones no podemos cesar en el empeño de que los estudiantes que asisten a nuestras aulas conozcan lo que ha sido el conflicto armado colombiano y, en este caso, el exterminio de un partido político y sus consecuencias en el devenir del país». Elmer Gaviria Rivera, vicerrector general de la UdeA.

Las voces de las víctimas

Imágenes en memoria de algunas víctimas de la violencia contra la UP fueron desplegadas en las afueras y dentro del teatro universitario. Foto Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UdeA / Sara Vanegas

Mónica Benítez sufrió varias veces el desplazamiento por la estigmatización como guerrillera, solo por pertenecer a un partido de izquierda. Cuando era concejal en Mutatá, en los años 90, pasó varias noches y días en el monte, con su esposo, por temor a ser asesinados. En agosto de 1996, tras el asesinato de dos personas que trabajaban con ellos en la finca familiar, un cuñado la ayudó a salir de Urabá hacia Medellín, escondida en un camión, entre rastras de madera y bultos de yuca.

«Salimos de una guerra para llegar a otra, vivíamos corriendo de un lado para otro, con temor y hasta con desconfianza con algunos compañeros. En 2002 mataron a mi esposo y ahí otra vez me tocó desplazarme. Pero luego empezamos a recuperarnos como organización, de nuevo tenemos confianza y estamos trabajando para que esto no vuelva a pasar», sostuvo Benítez, quien a sus 80 años les pidió a los jóvenes, en especial a los universitarios, tener siempre presente lo que pasó con la UP.

José Antonio López Bula sigue viviendo fuera del país, pero vino en esta ocasión para reencontrase con amigos y conocidos, con quienes compartió amenazas, persecución, cárcel y exilio. Este abogado, egresado de la UdeA, fue alcalde de Apartadó entre 1990 y 1992, tras ganar una campaña marcada por seguimientos y atentados contra él y los militantes de la UP, en uno de los cuales fue asesinado uno de sus hermanos. En febrero de 1994, cuando era candidato a la Cámara de Representantes, fue detenido por solicitud de un fiscal, avalada por un «juez sin rostro», que lo involucró en la masacre de La Chinita, ocurrida un mes antes. 

Pasó cinco años en varias cárceles del país, hasta que fue absuelto y, tras demostrar que el proceso fue un montaje judicial, logró que el Estado reconociera su responsabilidad en este caso. El fallo lo recibió en Ginebra, Suiza, donde se exilió con su familia desde 1999.

«La sociedad colombiana debe tomar consciencia de que genocidios como el de la UP no deben volver a suceder. Desde el mismo nacimiento de nuestro partido fuimos objeto de ese plan de exterminio por parte de sectores de la fuerza pública y de grupos paramilitares —como se ha demostrado en diferentes instancias judiciales— y nos dejaron solos, eso en ningún país democrático puede ocurrir», indicó el dirigente político.

Para Luz Marina Monzón Cifuentes, codirectora de la Corporación Reiniciar, que representa varios casos de violaciones de derechos humanos en Colombia ante el sistema de justicia interamericano, «estos encuentros han sido un ejercicio muy importante, porque en estos meses que hemos recorrido distintas universidades hemos despertado la consciencia sobre este exterminio y los impactos que tiene, no solo para las víctimas directas, sino también para la sociedad colombiana y la democracia».

Junto a la Corporación Reiniciar, otras organizaciones como Derechos con Dignidad y Centro Jurídico de Derechos Humanos, así como los representantes de la Familia Díaz Mansilla, fueron las encargadas de llevar el caso, desde 1993 hasta hoy, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces, en Colombia se han proferido 246 sentencias judiciales y se ha condenado a 18 miembros del Ejército, 10 de la policía y dos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, como responsables de asesinatos de algunos integrantes de la UP, partido que recuperó su personería jurídica en 2013. 

La Corte Intermericana condenó, el 27 de julio de 2022, al Estado colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos y políticos, que se enmarcan en el exterminio del partido político Unión Patriótica. En el país, desde febrero de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— abrió el caso 006, denominado «Victimización de miembros de la UP por parte de agentes del Estado».

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