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Opinión

El gobierno y el techo de cristal del cambio: ¿«no se puede»?

01/03/2024
Por: Jorge Eduardo Suárez Gómez. Profesor de la Facultad Ciencias Sociales y Humanas de la UdeA.

«Podrían citarse varios casos en distintas áreas del Gobierno, en los que los intentos de reorientar los recursos públicos para cumplir las promesas de campaña y planes de Gobierno se estrellan con un “no se puede” por parte de funcionarios “técnicos”: la implementación del Acuerdo de Paz, el manejo presupuestal del Ministerio de Hacienda, llevar agua a la Guajira…etc. Lo paradójico de esta negativa a las reformas dentro del propio Ejecutivo, es que los críticos lo utilizan como argumento para hablar de improvisación, corrupción y politización de las funciones estatales».

Los últimos giros que ha dado la disputa entre la Cancillería colombiana y una importante empresa privada por el contrato de la fabricación de los pasaportes permitieron ver más claramente que de costumbre, uno de los techos de cristal con los que se estrellan los cambios de orientación de los modelos de desarrollo en sociedades democráticas, como el que se está intentando llevar a cabo desde la «Colombia, potencia mundial de la vida».

En la mañana del 26 de febrero de 2024 la ciudadanía se enteró con sorpresa que la multinacional británica Thomas Greg & Sons se quedó nuevamente con el contrato de casi 600 000 millones de pesos para la elaboración de pasaportes. Esa asignación había sido suspendida por el propio canciller Álvaro Leyva por orden directa del presidente Gustavo Petro debido a que el proceso licitatorio que «ganó» la firma fue de un único proponente, lo cual a juicio del Gobierno manchaba la pulcritud del proceso. Algunas voces afirmaron que las condiciones estaban hechas a la medida de quien ya había ganado el contrato con gobiernos anteriores porque en la práctica el nuevo pliego exigía condiciones que solo podía cumplir la empresa que hace 17 años fabrica esos importantes documentos oficiales.

Esa firma extranjera es al mismo tiempo una gran contratista del Estado colombiano en otros rubros estratégicos de gestión de la información pública, lo que también fue señalado por el presidente en un trino del 2 de febrero a través de la red social X, afirmando que es posible que se esté presentando una «monopolización de todos los datos privados en una sola empresa».

Desde el 2016 la entonces senadora Claudia López había dudado de la facilidad con que algunas compañías se quedan con otros importantes contratos con el Estado, sin competidores: «Thomas Greg ganó los contratos de logística electoral en cuanto a papelería, lo que se denomina el kit electoral, en 2014 y 2015 que sumados dan más de 370 000 millones. Lo que es curioso, señala López, es que son licitaciones que favorecen a un solo proponente» (1).

El 2 de febrero de 2024 el presidente justificó en el citado trino, la suspensión de adjudicación del contrato: «Amañar pliegos de las licitaciones para que se predetermine el ganador es corrupción». Este pliego de acuerdo con sus críticos era tipo «sastre» —confeccionado a la medida—. Por esta razón el Gobierno, a través del Canciller, declaró desierta la Licitación 001 de 2023, lo que le implicó al ministro una suspensión por tres meses por parte de la Procuraduría por «posibles irregularidades en la licitación de pasaportes», sanción que no se ha levantado pese a que el secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez —quien fue absuelto por la Procuraduría cuando suspendió a Leyva—, acaba de dejar en pie nuevamente el contrato al revocar la decisión «de declarar desierta la licitación inicial único oferente que ganó la licitación» (2). 

La decepción del presidente fue manifiesta: «El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons», afirmó el 26 de febrero en la misma red social X.

El pintoresco secretario Salazar —75 años— se pronunció al día siguiente explicando por qué intentó dejar en pie nuevamente el contrato, contrariando las orientaciones de sus superiores jerárquicos —el Presidente y el Canciller—: «No quiero pasar a la historia como el viejito que dejó al país sin pasaportes». El funcionario actuó defendiendo su interpretación del principio de legalidad, afirmando que «no tenía otra alternativa y la licitación fue una decisión autónoma que tomó apegada a la ley para evitarle al Estado un daño patrimonial» (3). Al 28 de febrero no ha podido clarificarse si «la jugadita» del Secretario va a beneficiar a la empresa, porque el canciller (e) Murillo afirmó que no había certificado de disponibilidad presupuestal, aunque el Ministro de Hacienda dijo que sí existían los recursos. 

Esta misma resistencia al cambio de orientación de los recursos públicos hacia otros sectores distintos a los que siempre «ganan» las licitaciones oficiales, se ha presentado en otros ministerios y agencias gubernamentales en donde funcionarios directivos con iniciativa, mantienen la dirección de la contratación estatal hacia las corporaciones que los gobiernos liberal-conservadores habían elegido en las décadas pasadas. 

Para poner ejemplos recientes se puede citar el caso de la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de la Reforma Rural —Integral— donde el exdirector Gerardo Vega está siendo cuestionado por funcionarios de la entidad por transferir recursos y hacer compras de tierras de manera irregular: «Técnicos de la agencia aseguran que el saliente director […] "orientó y estipuló como el pago de inmuebles rurales sin el lleno de requisitos"». En respuesta, Vega explicó claramente el techo de legalidad que los «técnicos» oponen en temas estratégicos para evitar los cambios que el Gobierno pretende: «la legislación, normas, normas, decretos y leyes del sector agrario están hechos para que no haya reforma. Lo único que hice fue interpretar la Constitución». Desde la perspectiva de Vega, en su periodo al frente de la entidad se hicieron cosas interesantes, pero se enfrentó al «no se puede», lo cual posiblemente le costó el puesto: «El Presidente quería resultados más rápidos y tiene razón» (4). 

Podrían citarse varios de casos en distintas áreas de gobierno, en los que los intentos de reorientar los recursos públicos para cumplir las promesas de campaña y planes de Gobierno se estrellan con un «no se puede» por parte de funcionarios «técnicos»: la implementación del Acuerdo de Paz, el manejo presupuestal del Ministerio de Hacienda, llevar agua a la Guajira…etc. Lo paradójico de esta negativa a las reformas dentro del propio ejecutivo, es que los críticos lo utilizan como argumento para hablar de improvisación, corrupción y politización de las funciones estatales que, desde su perspectiva, deben estar en manos de burócratas de orientación «técnica», lo que significa el mantenimiento del statu quo, lo cual también es político, en la medida en que favorece a los sectores cercanos a los gobiernos anteriores. De acuerdo con lo anterior puede invertirse la fórmula del exfiscal Néstor Humberto Martínez en su columna del pasado 18 de febrero del diario El Tiempo: en democracia cuando se quieren desarrollar reformas el Estado es un «cuadrilátero».

Referencias: 
1. Redacción Política. (27 de Abril de 2016). Thomas Greg, la empresa que se enriqueció con contratos electorales. Obtenido de El Espectador.
2. Uribe, M. A. (26 de 02 de 2024). Thomas Greg & Sons se queda con el contrato para la elaboración de pasaportes. Obtenido de W Radio.
3. Castro, M. J. (27 de Febrero de 2024). “No quiero pasar a la historia como el viejito que dejó al país sin pasaportes”: José Salazar. Obtenido de Caracol Radio.
4. Unidad Investigativa. (25 de Febrero de 2024). Las compras y decisiones de Vega antes de irse de la Agencia de Tierras. El Tiempo, págs. 1-11.


Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

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