Opinión

«Esperamos que este importante acontecimiento en nuestra incipiente vida social sirva para dulcificar nuestras costumbres, y, sobre todo, nuestro temperamento bélico». Estas eran las expectativas manifestadas en el Papel Periódico Ilustrado a propósito de la inauguración de la Primera Exposición Anual de Bellas Artes, que se llevó a cabo en Bogotá el 1 de diciembre de 1886 como un proyecto «civilizador», «reclamado desde tiempo atrás por la sociedad inteligente de Bogotá».

En 1972, menos de cien años después, durante la Bienal de Arte de Medellín, Rodrigo Uribe Echavarría, entonces presidente de la empresa textilera Coltejer, preguntaba: «¿Por qué Coltejer se inquieta por el arte?». Su respuesta fue contundente: «Porque nuestros intereses comparten el pluralismo de los hombres. Junto a ellos recorremos el camino del espíritu y de la inteligencia. Estamos con los ignorantes y con los intelectuales, con los que nada poseen y con los que poco necesitan». 

La propuesta de una cultura como propuesta civilizadora y homogeneizadora responde a la la idea de modernidad y a la necesidad de establecer sociedades cohesionadas a través del establecimiento de factores identitarios comunes. Junto con el Estado, los empresarios asumieron la tarea de «democratizar» el acceso a una cultura planteada siempre en singular. A todas luces, la configuración de una vida cultural decidida desde las esferas del poder y entregada como alimento estético, moral y espiritual a una ciudadanía aislada de la toma de decisiones, no era el abordaje adecuado. No solo las tensiones no cesaron, sino que la supremacía cultural e ideológica integró el discurso bélico. Algo hacía falta.

Al afirmar que «toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural», la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1946) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), aportaron una respuesta: faltaba la ciudadanía cultural entendida como el derecho a participar y a pertenecer. El alcance de este derecho sería aclarado en 2010 por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas. «Participar en la vida cultural» comprende tres elementos relacionados entre sí: la libertad de ejercer la cultura propia; la posibilidad de acceder a la vida cultural y la oportunidad de decidir sobre su configuración. De esta forma, se reconoció que la construcción de comunidades prósperas, cohesionadas, creativas e implicadas con su entorno, requería que la ciudadanía se sumara a la dupla Estado legislador y empresariado benefactor. 

Las disputas de sentidos que constituyen la naturaleza misma del ámbito cultural nos han traído al momento en que la cultura dejó de ser la barrera que nos separa para convertirse en el tejido que nos arropa como humanidad. Un tejido infinito y multicolor, donde cada hebra, cada material y cada puntada son valiosos e importantes dentro del bienestar colectivo.

Resulta muy conmovedor pensar que hace 138 años, pocos días después de haber nacido como país, intuíamos ya la correlación entre el fomento de la cultura y la posibilidad de vivir en paz. Pero a pesar de que hemos recorrido un largo camino desde que las élites intelectuales, políticas y económicas construyeron un capital simbólico donde lo popular parecía oponerse naturalmente a cierta idea de progreso, hoy cabe preguntarnos si sí quedaron definitivamente atrás los tiempos en que la cercanía con el arte era un factor de diferenciación social y, en este contexto, cuál es el papel de la Universidad de Antioquia en el camino hacia la democracia cultural.

Procesos como la Coordinación de Artes Visuales —que dinamiza la red de cineclubes más antigua y amplia de nuestro país—,  o el Programa Guías Culturales —que con 30 años de existencia ha logrado consolidarse como un espacio de gobernanza cultural para los estudiantes—, nos señalan que nuestra institución ha materializado espacios de participación cultural para la comunidad universitaria. 

Ahora es el momento de intensificar los esfuerzos y multiplicar los frentes asumiendo la participación ciudadana como asunto fundamental de la extensión cultural. Es por esto que, desde el Museo Universitario, venimos fomentando oportunidades de diálogo y escucha con grupos deseosos de aportar al crecimiento y proyección de este espacio. En medio de la crisis de confianza que amenaza las instituciones y la democracia, es un verdadero privilegio contar con una ciudadanía que nos interpela para proponer iniciativas, acciones y soluciones. Por otra parte, el Estatuto Básico de Extensión nos encomienda la tarea de «propiciar y mantener la relación de la Universidad con su entorno cultural». Como institución pública de alto reconocimiento, hemos sabido tejer con el Estado, con la empresa privada y por supuesto con la academia; ¿cómo fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía? 

Una de las principales rutas es afianzar nuestra trayectoria como habilitadores del derecho a la participación, para convertirnos en participantes activos de una verdadera democracia cultural. Para ello, debemos ser capaces de adaptarnos y elevar nuestro lenguaje a los lenguajes que hablan las personas y así entender el fondo de las propuestas y proyecciones culturales que emergen desde la ciudadanía. 

El histórico y reiterado discurso de la cultura como campo precario y necesitado, ha instalado la creencia que la gestión cultural se limita a la búsqueda de fuentes de financiación para el desarrollo de actividades. Pero esta es solamente una parte de nuestro oficio, ya que, como gestores culturales, buscamos ante todo detonar la creatividad social para el surgimiento de propuestas y su realización. La gestión cultural agrega valor en la medida que logra materializar propuestas colectivas en respuesta a los desafíos comunes. 

Es necesario mirar la historia, buscar en ella lo que nos inspira y lo que nos alerta, para evaluar nuestra pertinencia y dejar de arrastrar concepciones desactualizadas.  La implicación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones culturales representó un cambio radical para la gestión de la cultura a nivel global. La cultura, entendida como un campo de libertad, autoderminación y proyección, debe ser abordada como un asunto plural y fundamentalmente colectivo. Nos corresponde entender el papel del Estado ya no como productor o programador cultural sino como habilitador de espacios para la formulación y la ejecución de propuestas; y en consonancia con quienes dieron los primeros pasos de este oficio en nuestro en nuestro país, nos corresponde seguir aferrados a la idea de que la gestión cultural tiene mucho para aportar en la construcción de una sociedad más pacífica y democrática.

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