Opinión

El Estado colombiano se caracteriza y demarca de sus vecinos latinoamericanos por su larga historia de negociación con actores armados, es así que el monopolio de la utilización de la mal llamada violencia legítima del Estado se ha visto particularmente en disputa desde la segunda mitad del siglo XX. El reconocimiento del carácter político de los movimientos armados insurgentes ha pasado en las últimas décadas por el reconocimiento de sus bases sociales y de su disputa por la toma armada del control del aparato estatal.

Si bien diferentes actores alzados en armas como las AUC reivindicaban su carácter político al presentarse como fuerzas supletivas a las fuerzas de seguridad del Estado en su lucha contrainsurgente, varias investigaciones muestran que esta intención de reivindicación política correspondía más a una estrategia de adaptación y de justificación de su accionar armado en aras de proteger y garantizar empresas criminales constituidas conjuntamente con representantes políticos y en colaboración con instituciones del Estado¹. El riesgo que implicaban las declaraciones de los jefes paramilitares para los altos representantes políticos de la época explica de manera parcial sus extradiciones, sometimiento a la Justicia y por ende, el no reconocimiento de las AUC como un actor político en armas.

El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc-Ep en 2016, quienes eran hasta ese entonces la guerrilla más numerosa del hemisferio occidental, toma forma en un contexto en donde la frontera y diferenciación entre la violencia criminal y la violencia política se hacía cada vez más difusa. Dentro de sus aciertos se encuentra no solamente una serie de reformas estructurales encaminadas a resolver las causas del conflicto armado, sino también la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición —SIVJRNR— que demanda en la actualidad un fortalecimiento y mayor financiación para su pleno ejercicio de contribución al fin del conflicto armado.

En esta perspectiva, la política de Paz Total presentada por el presidente Gustavo Petro tiene el reto de sentar la bases de lo que serán las negociaciones de paz con la actual guerrilla del ELN y otros grupos, además de concretar los mecanismos de sometimiento a la justicia de más de 50 organizaciones armadas criminales que tienen presencia hoy en el territorio nacional. Esto, en un contexto en donde los territorios controlados otrora por las extintas Fsrc-Ep son objeto de disputa entre diferentes grupos armados.

Los anuncios realizados por el Gobierno sobre el cese bilateral de hostilidades entre el Estado y diferentes organizaciones armadas fue acogido favorablemente por la ciudadanía, pero las declaraciones del ELN anunciando no haber pactado tal cese al fuego generaron diversos cuestionamientos frente a los límites y alcances de la política de Paz Total.

La prórroga, modificación y adición de la Ley 418 de 1997 o Ley de Orden Público presentada por el actual Gobierno el pasado 3 de noviembre 2022, pretendió unificar la acción del Estado en términos de política de paz, para ello creó una comisión compuesta por el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado de Paz y Director Nacional de Inteligencia a partir de tres ejes rectores.

El primero, prevé la creación de dos mecanismos de negociación con grupos armados. Este mecanismo aborda las negociaciones de paz con actores de carácter político como el ELN, el cual cuenta en la actualidad con más de 2350 combatientes. Se espera avanzar en la definición técnica de los protocolos de cese bilateral al fuego y garantía de participación de la sociedad civil. Además, se estudia la posibilidad de que algunos grupos pertenecientes a las antiguas Farc-Ep y que argumentan haberse retirado del proceso de paz por falta de garantías, puedan integrar este primer mecanismo de negociación.

El segundo mecanismo hace referencia a la desarticulación y sometimiento colectivo a la justicia ordinaria de «las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, por medio de una Ley de Sujeción a la Justicia y Desmantelamiento». Dicha regulación, tendría que especificar los criterios exigidos, las penas aplicadas, los protocolos del proceso de sometimiento, y el proceso de designación de los equipos negociadores faltantes, con las organizaciones criminales que decidan acogerse a este mecanismo.

Los dos ejes restantes relacionados con la «protección de la vida y la paz social» implican no solamente la definición de condiciones claras de presencia y de control territorial del Estado una vez los grupos armados abandonen los territorios, sino también una coordinación clara con las políticas de seguridad que hasta el momento no han sido formuladas por el Ministerio de Defensa. Sobre este punto, la política de seguridad humana que se supondría será el enfoque planteado por el Gobierno, tiene el reto de formular indicadores claros para su medición y efectiva aplicación guardando coherencia y coordinación con las otras políticas de Estado que tengan injerencia en el plano de la seguridad humana y territorial. Para esto, el articulado prevé igualmente la creación de las Regiones de Paz a partir de una tipificación de violencia específica con presencia de comisionados por parte del gobierno y un importante despliegue de la fuerza pública, un proceso que implicará igualmente la participación de gestores de paz en los territorios que puedan facilitar los diálogos con las estructuras armadas.

Por último, el Servicio Social para la Paz, aprobado en conciliación en el Congreso de la República, consta de 11 modalidades diferentes de servicio dentro de las cuales se destaca el servicio social ambiental y el de trabajo con víctimas del conflicto armado. Si bien esta medida no se traduce en una eliminación del servicio militar, abre las puertas a que alejada de las armas, la juventud pueda rendirle servicio a la sociedad colombiana.

La política de Paz Total tiene una clara voluntad de delimitación, reconocimiento y superación de las causas y de los actores políticos del conflicto armado colombiano. Si bien los mecanismos hasta ahora propuestos guardan coherencia con el plan de Gobierno propuesto por el presidente Gustavo Petro, se hace urgente definir los criterios y las funciones de los equipos negociadores en la política de sometimiento; un cronograma claro para las negociaciones de paz y una coordinación interministerial que garantice la acción integral del Estado en los territorios.
 

Referencias

1. GRAJALES Jacobo, Le pouvoir des armes, le pouvoir de la loi, groupes paramilitaires et formation de l’État en Colombie, Science politique, Institut d’études politiques de Paris, Centre d’études et de recherches internationales, 2014.

Notas:

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