Opinión

El pasado 3 de septiembre el ministro de Educación Daniel Rojas radicó el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 como parte de un Acuerdo Nacional por la Educación Superior enfocado en la reforma a los artículos 86 y 87 —el componente financiero—. Su radicación estuvo precedida por varias jornadas de socialización y llegó al Congreso con la firma de sesenta congresistas; 43 representantes a la Cámara y 17 senadores. A la fecha, es el único proyecto en la agenda reformista del Gobierno que aterriza en el Congreso con semejante respaldo multipartidista. 

Sin embargo, a tres meses de su radicación y a una semana de terminar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso —que concluye el 16 de diciembre sin perspectiva de que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias—, el proyecto ni siquiera tiene publicada una ponencia para primer debate, esto de entrada no lo hunde, puesto que sigue con vida para el periodo de sesiones que inicia el 16 de febrero de 2025, pero, sin duda, pone en entredicho el respaldo multipartidista con el cual el proyecto llegó al capitolio y su nivel de prioridad en la agenda legislativa.  

No entiendo cómo una reforma del corazón programático del gobierno del «cambio» y que debe concitar una amplia discusión social y política, lo que implica avanzar en múltiples audiencias y en espacios de consenso, no forme parte de las prioridades en la agenda legislativa. Ni el ministro del Interior Juan Fernando Cristo hace referencia a su trámite, también parece que el ministro Rojas va perdiendo el ímpetu de los primeros días, y ni hablar de los congresistas que se asumen como portaestandartes de la educación superior pública, como que están mirando para otro lado.

Mucho trino en X y poca acción coordinada en el Congreso. 

No estoy al tanto de los cálculos políticos de los honorables congresistas, pero de lo que sí estoy seguro es que la discusión de la reforma —un tema ya sobrediagnosticado— no solo es clave para garantizar la viabilidad financiera de la universidad pública, sino para saldar una deuda histórica que no ha parado de acrecentarse en las últimas décadas y que ningún gobierno de derecha buscó abordar con seriedad. 

Si este gobierno, que se jacta de ser de izquierda y de estirpe popular, no lidera la discusión de una reforma al modelo de financiación y desecha de una vez por todas la fórmula de una ley anacrónica, ¿qué podemos esperar si la derecha recalcitrante y nostálgica vuelve al poder? 

Y eso que estoy ajustado a las proporciones de lo posible, porque tampoco considero que la reforma radicada por el ministro Rojas sea una gran reforma, es una reformita, pequeña, pero absolutamente necesaria. Es lo que tenemos y sus debates deben avanzar, ya sea para que el movimiento social la acompañe desde las calles, proponga ajustes, sea garante de la transparencia en su discusión, o, si se convierte en un Frankenstein —tal como pasó con la fallida ley estatutaria de la educación— lidere su hundimiento. 

Mi temor se fija en los tiempos del Congreso y en la capacidad de maniobrar una reforma en un año preelectoral, ya que el 2025 pinta que será un año entrampado en las dinámicas de una campaña presidencial muy anticipada, y por lo general, los congresistas, más preocupados en su reelección o en ver a cuál candidatura presidencial se arriman, van dejando de lado la agenda legislativa. Además, si el proyecto no logra aprobar si quiera un primer debate antes del 20 de junio del 2025, pues ahí si se hunde por tránsito de legislatura. 

Aun así, le faltarían tres debates, que, en perspectiva favorable, se deberían dar antes del 20 de junio de 2026. Los tiempos están apretados y si el proyecto no se integra a la prioridad del siguiente periodo de sesiones, lo veo hundido. Increíble que se hunda sin siquiera tener un primer debate. Sería un gran fracaso, un fracaso total.  

Y vale recordar que la reforma no está diseñada a la medida de la UdeA como se ha venido presentando desde algunos medios, puede que ahora la Alma Máter este pasando por una grave crisis financiera, resultado tanto de su crecimiento como del desfase en la fórmula fijada por la Ley 30, pero la reforma toca el conjunto de universidades públicas del país. Eso no se puede pasar por alto. 

Digo con frecuencia que no me gusta ser ave de mal agüero, pero estoy empezando a creer que el Congreso le dio la espalda a la universidad pública. Espero equivocarme.  
 

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/Ley30Congreso

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.