Opinión

Hace ya más de 30 años que las economías latinoamericanas sufrieron el primer plan de ajuste neoliberal por mandato del FMI. Fueron las llamadas reformas de primera generación que hacían parte de un vasto programa orientado tanto a la reducción del Estado en su rol garantista de bienes públicos sociales como a la consagración del libre mercado. Estaba en su furor la globalización neoliberal tras la caída del Muro de Berlín y la implosión de la antigua URSS. Particularmente en lo social el programa de ajuste significó una drástica y brutal reducción en los gastos públicos sociales, especialmente en los campos de la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Tras el revival del viejo discurso colonial de la modernización se impusieron políticas de regresión social, de profundización de las desigualdades y la pobreza. Treinta años después, este neoliberalismo orgiástico bautizado así mismo como «Consenso de Washington» se ha morigerado, en parte debido a su propio fracaso, pero también debido a las resistencias sociales y políticas que despertó y que dio lugar a los llamados gobiernos progresistas o de reformismo social. Sin embargo, contra todos los pronósticos optimistas, el ciclo neoliberal no se ha cerrado ni mucho menos la onda política derechista que le ha servido de comparsa o de expresión. Ahí está el triunfo del llamado “anarcocapitalista” Milei en Argentina y los limitados alcances de las propias políticas económicas y sociales del progresismo para corroborarlo. La institucionalidad y la hegemonía neoliberal parecen incólumes.

Tales reformas se conocieron popularmente como el «bebedizo neoliberal», una suerte de «purgante necesario» que había que tragarlo con los ojos bien cerrados a fin de garantizar su saludable eficacia. Desde entonces, no hay «tomador de decisiones» políticas o administrativas, desde el más alto nivel hasta el más bajo, que no lo tenga presente como vademécum para la adopción de política muchas veces revestidas de cierto halo tecnicista según cálculos y razones estratégicas. De modo que, para decirlo gráficamente, no es para nada extraño que todo cuerpo directivo conserve su tarro de bebedizo neoliberal para aplicarlo ahí, cuando lo considere pertinente, en el momento y en la proporción adecuada. 

Este parece ser el sentido del bebedizo que sibilinamente encierran las «Disposiciones y recomendaciones» emanadas de la Rectoría de la Universidad de Antioquia con fecha de junio 20 de 2024. Sin diagnóstico ni lectura claros, la Rectoría establece en sus propios términos, que «es el primer grupo de medidas y recomendaciones orientadas a recuperar la liquidez de la Universidad en el corto plazo y garantizar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo». Entre sus disposiciones destacan: suspender la contratación de «actividades especiales» por parte de profesores vinculados y ocasionales, como las administrativas, de asesoría, de extensión, de consultoría y de investigación; establecer límites precisos a la contratación de horas cátedras según información que repose en el Sipe. Y entre las «recomendaciones», resaltan no autorizar el incremento en el valor de la hora cátedra para docentes de cátedra y ocasionales; mayor dedicación de docencia en pregrado por parte de profesores vinculados y ocasionales; no autorizar la excepcionalidad de apertura de cursos con menos de diez estudiantes; y por último, instrumentalizar al máximo las TIC para la adopción de clases híbridas sincrónicas o virtuales; hacer más «eficiente y racional» el desplazamiento de personal administrativo y docente a las regiones y establecer estrategias como la programación concentrada de clases, la unificación de grupos y las clases espejo.

Como quien dice, el primer trago amargo del mencionado tarro del bebedizo. Si se habla de «un primer grupo de medidas y recomendaciones», significa que vendrán más. No es casual que este primer «grupo» —en su época se decía «paquete»— de medidas estuviera precedido y ambientado por la intimidación y la incertidumbre causadas por el no pago oportuno de las obligaciones salariales de la administración de la Universidad con muchos profesores y profesoras de la primera quincena del mes de mayo. Este grupo de medidas tiene el signo propio de la austeridad, y la austeridad en el argot neoliberal no es necesariamente «planear mejor», es ante todo recortar, reducir a lo mínimo, achatar, incluso, si es del caso, desnaturalizar o desvirtuar las funciones propias de la institucionalidad, en esta ocasión de la Universidad. 

En efecto, si se toma al pie de la letra el sentido y los alcances de este «paquete de medidas», cuya duración y carácter se extenderá y seguramente se profundizará en el mediano y largo plazo, no sería nada sorprendente que al cabo de las mismas no tengamos una mejor Universidad, sino una peor; no una Universidad con educación de calidad —docencia e investigación— y compromiso social y cultural —extensión— sino una universidad puramente profesionalizante en el mejor de los casos, es decir, estaríamos de regreso a la vieja universidad repetidora y memorística del siglo pasado, muy a gusto del pensamiento reaccionario y conservador. Una universidad más bien poco competitiva. Una verdadera ironía, precisamente para aquellos que con tanto ahínco la conciben como actor del mercado educativo. Pero el recorte no es sólo sobre la función pública de la universidad y sus ejes misionales, es también sobre el trabajo, especialmente sobre el trabajo de los más precarizados, como lo es el de los profesores de cátedra y ocasionales, que verán ahora todavía más precarizadas y reducidas sus oportunidades laborales, en una universidad cada vez más informalizada laboralmente desde que se congeló la planta de profesores vinculados hace más de 30 años. Hoy la proporción entre profesores vinculados y los profesores de cátedra y ocasionales es de 1 a 6.

Como todos los ajustes de austeridad, este bebedizo trae consigo el recorte de derechos. Y requiere tragarlo con los ojos bien cerrados, como se dijo antes, es decir, sin que nadie vea nada, y requiere también la lengua bien anestesiada, es decir que nadie diga nada. Ni ver ni decir, es el ambiente de muchos espacios de deliberación universitario, incluidas las asambleas generales, en las que todos y todas, en actitud culposa y condescendiente, se disponen a colaborar para superar la «crisis financiera», a aceptar «sacrificios necesarios». ¿Y el diagnóstico? ¿Y la lectura? ¿Y las responsabilidades? Las finanzas, ni las privadas ni las públicas, son artefactos mecánicos que se muevan autónoma y automáticamente. Su conformación y manejo responden a voluntades, específicamente a voluntades políticas. Y la voluntad política de la Universidad reside en su cuerpo directivo, en su gobierno, que, dicho sea de paso, desde la Ley 30 de 1992, de todo tiene menos de gobierno universitario. 

Se quedó en el tintero lo de las brujas.
 

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