Opinión

En el conversatorio «El horizonte de la educación superior, una ruta para el cambio» realizado el 12 de julio de 2023 en el auditorio del edificio de Extensión de la UdeA, la ministra de educación, Aurora Vergara Figueroa, expuso las razones por la cuáles el actual gobierno está impulsando la reforma integral de la Ley 30 de 1992 que rige la educación superior en Colombia y el nuevo sentido de educación superior que le quieren dar a la propuesta que será presentada en el Congreso el próximo 20 de julio. 

Lo expresado por la ministra evidencia las dos grandes líneas argumentativas que ha tenido el gobierno sobre el sentido político y educativo de la educación superior: en primer lugar, pasar de la concepción de una educación superior como servicio a una que la comprenda como derecho; y segundo, ampliar la cobertura e incrementar el acceso mediante oferta en los territorios, lo que llaman «Universidad en tu Territori»; parece claro que a partir de la nueva comprensión de la diada derecho-territorio —nueva respecto a la que tiene la actual Ley 30—, y por tanto desde un enfoque de derechos y un enfoque territorial, el gobierno imagina y propone otra educación superior, y a partir de estos dos enfoques darle sentido a los 8 ejes que han anunciado tendrá la nueva política: visión de la educación; democracia, gobierno y autonomía; financiamiento; bienestar y permanencia; relación IES – sociedad; calidad, inspección y vigilancia; docencia e investigación; y enfoques diferenciales e interculturalidad.

El cambio de la educación superior entendida desde un enfoque de derechos parece que genera suficiente consenso entre los diversos actores del sector, de hecho, esa ha sido una de las principales reivindicaciones que durante las más de tres décadas de vigencia de la actual ley han exigido los y las universitarias. 

Pero hay muchas dudas sobre el significado de lo territorial en la propuesta de la reforma. Y es que incluso desde antes de iniciar el gobierno se han dado mensajes confusos sobre este asunto. El 22 de junio de 2022, el entonces presidente electo Gustavo Petro anunció por Twitter que «Le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios. Universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento»; eso prendió las alarmas del sector porque muchos actores pensaron que ni con la construcción de nuevas edificaciones ni con la creación de 26 nuevas universidades, como se había anunciado en las primeras discusiones del plan de desarrollo, se atendía realmente la problemática de la educación superior en Colombia. Finalmente, en el Plan 2022-2026 «Colombia potencia mundial de la vida» aprobado el 19 de mayo de 2023, la meta quedó en términos de cobertura de educación superior, comprometiendo pasar de 53.9 % en 2021, a 62 % al final del cuatrienio, lo cual implicará la creación de 500.000 nuevos cupos y cuya principal estrategia es la «Universidad en tu Territorio».  

Pero, ¿cuál es el enfoque territorial que tiene el gobierno en la propuesta de reforma de la Ley 30? algunas de las declaraciones que han dado el presidente Gustavo Petro y la ministra Aurora Vergara sobre este asunto evidencian que ya no es simplemente construir edificaciones y crear  universidades sino que cuando dicen universidad en los territorios se refieren una lógica de priorización por localización con el fin de cerrar brechas, es decir, a ofrecer educación superior en los municipios en los que no se ha llegado aún una oferta «asequibilidad» que sea accesible para todos, contextualizada territorialmente y de calidad. Esos municipios han quedado por fuera de la cobertura de la educación superior bajo la vigencia de la ley 30 porque no ofrecen una demanda atractiva para las instituciones del sector que operan bajo la lógica del mercado o por falta de capacidad —operativa y presupuestal— de las instituciones estatales, son los municipios que presentan índices de calidad de vida más bajos, los más afectados por el conflicto armado y las violencias, y presentan mayores amenazas para el desarrollo humano y la vida digna. Por tanto, si el enfoque territorial del gobierno es la priorización por localización para cerrar brechas, efectivamente es una idea política que puede ser coherente con el enfoque de derechos de la educación superior. Pero no es suficiente y tiene un gran riesgo. 

El riesgo está en el concepto de territorio que subyace. De hecho, varios estudiantes en el mencionado conversatorio del 12 de julio llamaron la atención sobre este punto, una de ellas señaló, con mucha razón, que el territorio «no es solo lo que está por allá, territorio son todos los lugares». Y en efecto, pareciera que en el discurso del gobierno el territorio se entiende como la localización en la periferia, en la ruralidad, las regiones apartadas, las zonas empobrecidas y violentadas, como si el territorio fuera lo opuesto a las grandes ciudades y al centro; y por lo enunciado hasta el momento, parece que el gobierno apunta a que la tarea es «llevar» la educación superior a los territorios, discurso en el que subyace que el conocimiento, el progreso y el desarrollo está localizado en las universidades —hoy, en su gran mayoría, ubicadas en las grandes ciudades— y que éstas deben llevar la educación superior a los «territorios». En ese sentido, y  si siguen con esa posturas de territorio y de «llevar» el desarrollo desde un centro a una periferia, la loable política de cerrar brechas será un fracaso; una ejecución que carezca de conocimiento y método, que no opera con un enfoque territorial crítico y relacional, hará que se pierda la gran oportunidad histórica que tiene el país, y paradójicamente, se terminará reproduciendo un modelo des-territorializado, colonialista y asistencialista de educación superior. 

La experiencia de 28 años de regionalización de la Universidad de Antioquia puede aportar nuestras lecciones aprendidas y ofrecer algunos referentes para que ante la pregunta: ¿Cuál es el enfoque territorial de la reforma a la Ley 30 de educación superior?, podamos tener claridad. Tratando de aportar a su respuesta, y a partir de nuestra experiencia de Regionalización sabemos que para tener un enfoque territorial hay que saber qué es territorio, superando miradas colonialistas, centralistas, fragmentadas y esencialistas, muy propias del enfoque desarrollista y colonialistas que creen que el territorio es «algo» que se puede moldear e intervenir con modelos abstractos y desde arriba. El territorio como producción social se aborda realmente desde la pregunta por la territorialización —acciones que producen territorio— y las territorialidades —los proyectos que lo configuran—.   

La Universidad de Antioquia aprendió con la experiencia de regionalización a tener un enfoque territorial, mencionemos tres lecciones aprendidas. Primero, el valor del conocimiento territorial. Es fundamental reconocer cómo se configuró un espacio como territorio y cómo llegó a ser lo que es actualmente, es decir, no se puede dar por sentado que se conoce un territorio porque se cuenta con cifras, datos, opiniones, caracterizaciones o incluso estudios. Es preciso construir un sistema de conocimiento territorial que oriente la acción de educación superior. Sin conocimiento del territorio, construido con los actores de escala local y regional, la acción de territorialización de la educación superior será un fracaso.

Segundo, la experiencia de la formación integral. Lo complejo no fue «llevar» pregrados y ofrecer cupos en las sedes y seccionales, el reto ha sido transitar de «estar» y hacer presencia en las subregiones a «ser» en y de los territorios, lo cual ha implicado entender que la UdeA en regiones no es una réplica o en un espejo de la UdeA en Medellín. Y los efectos más sobresalientes de la regionalización universitaria se han logrado en la medida que se han dado las condiciones para la formación integral de los estudiantes, es decir, no es solo ofrecer cupos. «Se» universidad en los territorios es ser consciente de la territorialización, y generar las acciones y condiciones para contar con infraestructuras, profesorado, desarrollar investigación, extensión, bienestar y tener adecuada gestión educativa. 

Y tercero, el método con una visión. La regionalización de la UdeA ha sido una acción planeada, concertada, evaluada y mejorada para aportar una territorialidad más justa, sostenible y equitativa, ha sido un proceso consciente que configura un proyecto educativo territorial.   

Esperemos pronto tener más elementos para responder a la pregunta ¿Cuál es el enfoque territorial de la reforma a la Ley 30 de educación superior?

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/enfoqueterritorial-ley30

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.