Opinión

Al hablar de paramilitarismo, es imposible no remitirse a las entonces denominadas «convivir», unas «inocentes» cooperativas de seguridad creadas en el departamento de Antioquia bajo la bendición institucional del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, las cuales posteriormente mutaron y se sumaron a las muy reconocidas Autodefensas Unidas de Colombia, que bajo el mando de los hermanos Castaño y con un sólido dominio territorial en los departamentos de Córdoba y la subregión del Urabá antioqueño, con la benevolencia del Estado colombiano, se extenderían por gran parte del país, emprendiendo su ambicioso proyecto «contra insurgente», que terminó en el exterminio de una gran parte de la izquierda política en Colombia. Esta figura armada, aunque fue desmovilizada paradójicamente bajo el gobierno del expresidente Uribe, no ha muerto y en cambio se transformó y reconfiguró, dando lugar al hoy autodenominado «Ejercito Gaitanista de Colombia —EGC—». Bajo la figura del EGC o Clan del Golfo, vemos reflejado el resurgimiento del paramilitarismo, el cual no es un accidente, sino una consecuencia directa de la fallida desmovilización de las AUC y la incapacidad del Estado para restablecer el control en los territorios abandonados, el vacío estatal ha permitido que estos grupos no solo sobrevivan, sino que se consoliden como poderes alternos.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, el EGC, mejor conocido Clan del Golfo, en Colombia, opera como una estructura criminal descentralizada y multifuncional, similar a un holding empresarial, esta gestiona una red de grupos delincuenciales más pequeños, externalizando actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión. Este modelo le ha permitido expandir su control desde el Bajo Cauca y Urabá antioqueño hacia otras regiones como la Costa Caribe, los Llanos Orientales y el Suroccidente, consolidando su presencia en al menos 24 departamentos y 316 municipios, que  comparado con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, a la fecha tiene un dominio territorial similar, pero su estructura es menos jerárquica y más adaptable, con una capacidad de cooptación institucional que le permite un mayor control sobre las economías ilegales a nivel nacional.

A pesar de ser una organización criminal descentralizada y con una estructura jerárquica más flexible, el Clan del Golfo es considerado por la institucionalidad y parte de la comunidad académica, como una organización criminal de alto impacto, ya que además de lo explicado anteriormente, su accionar criminal ha alterado significativamente el orden público en varias regiones de Colombia donde su control sobre actividades como el narcotráfico, planes contra insurgentes, ataques a la organización social y la extorsión; ha generado una realidad de violencia cotidiana, como ha sido el caso del Urabá chocoano y el Sur de Bolivar, de donde han salido desplazadas cientos de personas por causa de la disputa territorial entre esta organización y la guerrilla del ELN. Pese a esto, su presencia no siempre se percibe como un problema de orden público de interés nacional en muchos territorios, especialmente en aquellos donde se considera que hay una «violencia de bajo impacto». En estos, el Clan del Golfo ha establecido su dominio sin generar una alteración visible en la seguridad estatal, permitiendo una «tensa paz» disfrazada con la ausencia de conflicto abierto, como es el caso del municipio de Sampués Sucre. 

En Sampués, un pequeño enclave en la Costa Caribe colombiana, el Clan del Golfo ha construido un régimen de control territorial que va más allá de la violencia, este grupo armado ilegal no solo regula el tráfico de drogas, sino que ha extendido su influencia sobre la vida cotidiana de los habitantes, imponiendo normas sociales, cobrando extorsiones, aplicando sanciones y, en esencia, gobernando. Este fenómeno se conoce como gobernanza criminal, un proceso en el cual los actores armados se apropian de funciones tradicionalmente asociadas al Estado. En este contexto, el concepto de ciudadanía se ve profundamente alterado, transformando la relación de los ciudadanos con el Estado, el poder y la seguridad. 

La gobernanza criminal ejercida por el Clan del Golfo en Sampués es un claro ejemplo de cómo poderes alternos pueden suplantar al Estado y reconfigurar el orden social. Este grupo armado ha logrado imponer un régimen de control que incluye la imposición de normas sociales, como la prohibición de peleas y la imposición de multas que van desde 500 000 hasta 1 000 000 de pesos colombianos. Las consecuencias de no cumplir con estas sanciones son graves, incluyendo el desplazamiento forzado de aquellos que no pueden pagar. Estas multas no solo funcionan como un mecanismo de control social, sino también como una fuente de ingresos para el grupo, que utiliza estas extorsiones para financiar sus operaciones y mantener su control territorial. El poder del Clan del Golfo en Sampués se sustenta no solo en la violencia física, sino también en la violencia simbólica. Pierre Bourdieu describió la violencia simbólica como una forma de dominación en la que los dominados aceptan, a menudo sin darse cuenta, las reglas impuestas por sus dominadores, en este caso, los habitantes de Sampués han aprendido a convivir con las reglas del Clan, no porque estén de acuerdo con ellas, sino porque el miedo y la falta de opciones los obligan a adaptarse.

Algunas entrevistas realizadas a los residentes del municipio revelan cómo las personas han ajustado su comportamiento para evitar conflictos, aceptando las multas y las extorsiones como una parte inevitable de la vida cotidiana, como uno de los entrevistados señaló: «Aquí todos saben que el Clan del Golfo está en el control, pero nadie habla de ello. No puedes mencionarlo ni en público ni en privado. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer para sobrevivir».

Este tipo de gobernanza no solo altera la relación entre los habitantes y los grupos armados, sino que también reconfigura el concepto de ciudadanía. Tradicionalmente la ciudadanía se entiende como un conjunto de derechos y deberes que los individuos ejercen dentro de un Estado que garantiza la seguridad y la justicia. Sin embargo, en Sampués, la presencia diferenciada del Estado o su presencia débil, ha permitido que el Clan del Golfo se convierta en el garante de un orden basado en la coerción y el miedo. Esto transforma la ciudadanía en un ejercicio de supervivencia y adaptación, donde los habitantes no reclaman derechos ni participan activamente en la vida política, sino que se conforman con seguir las reglas impuestas por este poder alterno. 

Esta realidad plantea desafíos enormes para la construcción de paz con este actor armado, en el nuevo intento emprendido por el gobierno nacional, y para la democracia inclusiva en territorios donde el Estado ha sido reemplazado por actores armados, donde la violencia y la exclusión siguen siendo las normas predominantes. La reconfiguración de la ciudadanía en Sampués es un recordatorio de los efectos devastadores que la gobernanza criminal puede tener sobre las sociedades, efectos que de ninguna forma pueden ser normalizados, y para los cuales la solución pasa no solo por la tradicional presencia militar, sino por una reconfiguración estatal que priorice el fortalecimiento de las instituciones locales, el acceso a justicia real y la inversión en programas sociales que alejen a las comunidades de las economías ilícitas que financian al Clan del Golfo. Además, es imperativo implementar mecanismos que rompan las alianzas entre el crimen organizado y sectores corruptos del Estado.

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