Opinión

La Universidad de Antioquia está caída. O a punto de caer. No dejemos que caiga. Paremos la Universidad. Para ello, debemos mantenerla en funcionamiento y oponernos a todas las formas que, en la actualidad, quieren verla paralizada en sus funciones. Esto es contracorriente, lo sé. Parece haber un eco concordante de voces que aprueban el paro o la asamblea permanente en la que se encuentra la Universidad. Se dice que es la única manera de hacer frente a la difícil y grave situación financiera; que hay que elevar la voz de protesta, a modo de estallido social, para que el Estado colombiano, la Gobernación de Antioquia y la sociedad en general asuman una posición responsable y puedan resolver la crisis financiera de una vez por todas. En esta ocasión, no puedo estar de acuerdo con esa medida de presión. Es más, me parece completamente nociva con los intereses que se dicen defender.

Las causas del desfinanciamiento de la Universidad son múltiples. Entre las más generales, son las históricas: sabemos que, desde la creación del sistema público estatal de la educación en Colombia, ha habido un desdén por su funcionamiento; una precaria inversión para que efectivamente la educación pública funcione en todos sus niveles —primaria, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria—. Pero nos referiremos a la universidad y, en particular a la Universidad de Antioquia. Sabemos que la razón principal está en la ley que organiza el servicio público de la educación superior: los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que determinan los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales.

En el informe financiero del año 2023 de la Universidad de Antioquia, se plantea que:

La Universidad de Antioquia no es ajena al desfinanciamiento estructural del Sistema Universitario Estatal —SUE—, donde los recursos que se reciben de la Nación y el Departamento de Antioquia en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, históricamente, no han alcanzado para financiar el funcionamiento de la Institución, en la medida que los gastos de funcionamiento tienen un crecimiento histórico que supera casi en el doble a la variación del IPC, generando un desajuste financiero permanente (1).

El crecimiento histórico y sumamente importante de la Universidad de Antioquia tiene que ver con la ampliación de la cobertura para que más jóvenes tengan la oportunidad de cursar sus respectivas carreras, con la creación de nuevos programas de pregrado y de posgrado, con el incremento significativo de los grupos de investigación —quizá un crecimiento desmesurado: 329 grupos en 2024—, con la creación de centros de investigación encargados de las administración de dichos grupos, con la implementación de sedes regionales en lugares apartados del departamento de Antioquia, entre otras, muchas actividades necesarias para cumplir sus metas y su principal función (2) y que implican un incremento necesario en el número de profesores y de personal administrativo, la consecución de más recursos materiales, el aumento en el gasto de los servicios públicos, la ampliación de los programas de bienestar universitario, la construcción de sedes adecuadas para el buen funcionamiento de las regiones, etc., etc., etc. Solo un ejemplo: la Universidad de Antioquia tiene 37 000 estudiantes matriculados en pregrado y 7000 en programas de posgrados en 2024, para un total de 44 000. En cambio, en el año 2004, hace apenas 20 años, el número de estudiantes, entre pregrado y posgrado, era de 27 000; en el año 1994 era de 21 000, mientras que en el año 1984 había 14 000 estudiantes.

Rápidamente podemos decir que en el lapso de 30 años el número de estudiantes se duplicó y en el de 40 años se triplicó. No ha sido así con el presupuesto aportado por el Estado. No se ha triplicado; es más, solo se incrementa cada año con base en el IPC, más un porcentaje que busca reparar el desfase entre el gasto de funcionamiento y el incremento presupuestal anual (3). En consecuencia, cada año la Universidad queda en déficit con respecto a sus gastos de funcionamiento, déficit que se suple con dinero que consigue ella misma a través de la venta de servicios, convenios, proyectos y programas de investigación y de extensión. O sea: se ha visto llevada a funcionar como una empresa, de tal manera que, en los últimos treinta años, la proporción entre el dinero aportado por el Estado y el conseguido por la Universidad, se invirtió: el 56 % corre por cuenta de la Universidad y el 44 % por el Estado (4).

Con el paso de los años, con el incremento en los costos y con el crecimiento desmesurado de la Universidad (5), este precario equilibrio se hizo insostenible: su capacidad de conseguir recursos, en comparación con los gastos de funcionamiento, la han desbordado y, en consecuencia, hay un déficit estimado, para el año 2024, de $ 138 000 millones (6), con el grave riesgo de que no pueda cumplir con sus funciones básicas, que no pueda pagar el sueldo de profesores y empleados o que, peor aún, tenga que cerrar temporalmente. Sí, el fantasma del cierre no es un cuento para asustar niños; no es una treta artera para manipular las decisiones de la Universidad. Es una posibilidad nada remota, como ocurre con una institución que se va a la quiebra.

En estas condiciones, un paro es sumamente lesivo para la Universidad —y, me atrevo a decir, agrava la crisis financiera actual—. Sabemos que los gastos de funcionamiento diarios de la Universidad, estimados para el 2024, son de $ 4000 millones, lo que representa un gasto mensual de $ 120 000 millones. De este dinero también sabemos que el 80 % es para el pago de nómina. ¿Cuánto representa en pérdidas económicas un solo día de paro en la Universidad?

Se dirá: es preferible tener la Universidad en paro como forma de presión para que el problema de financiación pueda ser atendido con urgencia por los entes encargados de dicha financiación: el Estado, la Gobernación, la Alcaldía y la administración de la Universidad. Que, si no se protesta, las cosas continuarán igual que están o, más probablemente, se seguirá privatizando la Universidad porque dependerá cada vez más de los recursos que, como empresa «capitalista», genere. Que las protestas sociales, de estudiantes, profesores, trabajadores y empleados, así como las protestas de la población, han sido el motor de los grandes cambios; que, sin ellas, como se dice del denominado estallido social del año 2021, no se lograrían frenar propuestas de reformas lesivas para la población, como ocurrió con el proyecto de reforma tributaria en el gobierno del expresidente Iván Duque. Sí, todo esto es cierto, pero, en estos momentos, no es conveniente el paro que atraviesa la Universidad. Las razones son palmarias:

En primer lugar, un paro genera grandes pérdidas económicas que se suman al déficit actual y dificultan el cumplimiento de las obligaciones ante las cuales la Universidad debe responder, tenga el dinero o no: pago de proveedores, pago de nómina, servicios públicos, mantenimiento, contratos que benefician a la población estudiantil —auxiliaturas, monitorías, pasantías—, entre otras obligaciones. ¿De dónde generar un dinero que no tiene? Se dirá que lo debe dar la Gobernación o, en general, el Estado, mediante una inyección presupuestal, como usualmente se dice, pero esto puede demorar meses —siendo optimistas— y el déficit irá sumando, llevando a la inviabilidad práctica de la Universidad —retraso en pagos, anulación de contratos, recorte de personal—.

En segundo lugar, un aporte presupuestal puntual, que puede darse o no, apunta a subsanar un problema inmediato, ante el cual hay que responder, pero no es sostenible a largo plazo si no se implementan medidas que minimicen los costos de la Universidad, y el paro va en contravía de esta minimización de costos. Un incremento sostenido y exponencial de los gastos de la Universidad exigiría inyecciones presupuestales una y otra vez, situación altamente improbable dada la negligencia con que la Gobernación de Antioquia se ha conducido con esta problemática estructural (7).

En tercer lugar, una modificación de la Ley 30 de 1992, que subsane definitivamente los problemas presupuestales de las universidades públicas, no solo es algo sumamente demorado, sino que ha de contar con que determinadas fuerzas confluyan a favor de la Universidad. Sabemos la animadversión que determinados sectores de derecha y grupos económicos tienen con la universidad pública, a la que consideran tierra de nadie y expuesta a los vaivenes de los movimientos y grupos de izquierda interesados en ganar militancia y plataforma para sus propuestas políticas radicales. Ahora bien, mientras se logra una modificación radical a la Ley 30, ¿podrá estar en paro la Universidad como forma de presión? ¿Es posible un paro de dos o tres años? (8)

En cuarto lugar, aunque el paro es también una forma de denuncia y manifestación en contra de la cuestionable administración de la rectoría —y de las rectorías anteriores— por el crecimiento desmesurado e irresponsable de la Universidad sin contar con los recursos suficientes, no podemos desconocer —solo se dice a baja voz— que los profesores hemos sido cómplices: creamos grupos de investigación en lugar de integrarnos a los ya existentes; proponemos la creación de más y más programas de posgrados de tal modo que la Universidad de Antioquia funcione como una institución privada con membrete de educación pública; vendemos servicios para conseguir dinero para nuevos proyectos; queremos la acreditación de alta calidad ignorando que esta responde a lógicas propias del mundo de las organizaciones y no a las de la reflexión sobre las formas de enseñanza, la pedagogía y sus didácticas; nos entregamos a la medición de los grupos y de los investigadores con estándares relativos a la publicación en revistas y en editoriales «académicas» que son más bien empresas privadas que se lucran con las suscripciones que pagan las universidades para poder acceder a las publicaciones financiadas por ellas mismas (9). La lista podría extenderse, pero es suficiente con estas anotaciones.

En quinto lugar, un paro es perjudicial para el miembro más vulnerable del sistema universitario: el estudiante de pregrado, que ve postergar la culminación de sus estudios cuando es justamente, dada la precaria situación económica de la mayoría, quién más se beneficiaría de poder egresar y trabajar como profesional. Afecta también a las familias, que ven cómo el dinero presupuestado para el mantenimiento de sus hijos no alcanza, porque los semestres se extienden, se recalendarizan o se cancelan. Afecta al estudiante trabajador cuya duración de su carrera, ya mayor por su condición misma que le exige tomar tiempo parcial, se duplica o triplica por las continuas prolongaciones de los semestres. Afecta a los estudiantes y a las familias de otras regiones del departamento o del país, cuyos gastos de sostenimiento en una ciudad que no es la suya —y cada vez más costosa debido, entre otras cosas, al fenómeno de la gentrificación—, se aumentan más de lo estimado inicialmente.

Se dice, como justificación, que en la Universidad se le está ofreciendo al estudiante una formación crítica, consciente de las necesidades de la sociedad, y que, por ello, la pérdida de tiempo con el aplazamiento de los semestres no es, en realidad, una pérdida, sino consecuencia de una formación sensible, política y comprometida con la realidad del país, ya que no se busca crear profesionales acríticos para un sistema neoliberal que reproduce las condiciones de injusticia e inequidad. Pero, ¿por qué, en lugar de dar esa batalla mandando al «frente» al estudiante y a sus humildes familias, no la damos de otra manera, si en realidad estamos comprometidos con una oposición a las políticas neoliberales y capitalistas? Para ello, tendríamos que empezar a revisar nuestras prácticas en tanto docentes, en particular, todas aquellas que cohonestan con las políticas que decimos combatir. Por ejemplo: ¿Por qué, en lugar de parar las clases, no paramos más bien los proyectos de investigación y de extensión, las pasantías, las ventas de servicios, las asesorías externas, los contratos con instituciones externas, los servicios médicos y de laboratorio a la comunidad y todo aquello que hacemos los profesores? Se dirá: ¡Eso es imposible! ¡Los costos sociales y económicos serían demasiados! Pero, ¿y la suspensión de clases y el retraso del semestre y de la finalización de la carrera de los estudiantes? Para nosotros, profesores vinculados y con un sueldo hasta ahora garantizado, ese no es un problema que nos afecte directamente, pero, para las familias que ni siquiera tienen un salario mínimo para vivir y que hacen el esfuerzo de enviar a sus hijos a la Universidad, un semestre perdido es una tragedia. Haciendo uso de una expresión común: ¿Por qué pagan ellos los «platos rotos»?

En sexto lugar, finalmente… ¡Las paradojas de la psique humana! Un paro brinda, a algunos, una ventaja secundaria inconfesada: se anhela, en ocasiones, una parálisis de las clases para terminar el artículo que no se ha concluido por falta de tiempo, para finalizar el proyecto en el que se está atrasado, para dedicarse al laboratorio, la empresa o la consultoría externas a la Universidad y que representan ingresos adicionales al estricto salario universitario. Sí; así es la psique humana en ocasiones —no generalizo—: aprovechada.

Paremos entonces la Universidad; démosle la mano para que se levante y siga funcionando en esta coyuntura tan problemática y delicada para el cumplimiento de su misión esencial.

Referencias:
1 Universidad de Antioquia. Informe financiero 2023, p. 3.
2 Lopera, Juan. La audacia de la Universidad: La educación del ser humano. En: Universidad de Antioquia, Agenda Cultural Alma Mater, Nº. 324, Octubre de 2024, pp. 6-8.
3 Universidad de Antioquia. Informe financiero, op. cit., p. 3.
4 El Observatorio de la Universidad Colombiana. En: /https://www.universidad.edu.co/faltan-recursos-o-gestion-en-la-u-de-antioquia-preocupante-su-situacion-financiera/ Consultado el día 25 de noviembre de 2024.
5 En la actualidad ofrece 80 programas de pregrado y 236 programas de posgrado —48 especializaciones, 36 especialidades médicas, clínicas y quirúrgicas, 115 maestrías, 37 doctorados—. Llama la atención la alta oferta de posgrados, cuya matrícula no es nada asequible a las personas de bajos recursos. Un ejemplo: el valor de la matrícula semestral del Doctorado en Ciencia Sociales es de $ 13 000 000.
6 El déficit acumulado es de $ 348 095 millones. Véase El Observatorio de la Universidad Colombiana, op. cit.
7 El crédito con el Idea para la Universidad es muestra de esta negligencia. ¿De dónde sacará la Universidad los recursos para pagar un préstamo por 90 mil millones?
8 La Carta Abierta y Petición al Presidente Gustavo Petro, del 05 de diciembre de 2024, elaborada por el Claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, es un excelente modo de proceder: muestra la ruta más expedita que, desde la presidencia de la República, se pueda tomar para que el problema pueda ser resuelto de fondo o, de no serlo, para que se expliciten las razones que tiene el gobierno para oponerse a una petición tan razonable y bien fundamentada.
9 Las principales universidades del mundo pagan hasta un millón de dólares anuales a Elsevier para acceder al contenido completo de todas sus revistas, acceso de todas maneras restringido al público. Para el acceso abierto, las instituciones o los autores pagan para que cualquiera pueda ingresar de forma gratuita. Y no es solo lo que se paga por el acceso: en muchas ocasiones el autor ha de pagar, de cuenta de su proyecto, para que la revista le publique un artículo científico. En otras palabras: una parte significativa del dinero —proveniente de recursos públicos— con que la Universidad de Antioquia financia los proyectos de investigación, va a parar a las arcas de empresas multinacionales y multimillonarias, por concepto de publicación, sin que dichas empresas neoliberales hayan puesto un solo peso para el desarrollo y sostenimiento de estos proyectos. ¡Dineros públicos financiado empresas privadas!
 

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