Opinión

Con el tiempo en contra y activando una verdadera «aplanadora», el presidente Petro cosechó el mayor éxito de su agenda legislativa: la aprobación en cuarto y último debate de la reforma pensional. En pocas horas la coalición de gobierno en la Cámara de Representantes se impuso con amplia mayoría ante una oposición empecinada en hundir a toda costa el texto de la reforma; sin embargo, la apuesta del Gobierno fue bastante arriesgada, ya que, recurrió a una «jugadita» que podría poner en aprietos la exequibilidad de la reforma en la Corte Constitucional.

En la presente columna no me detendré a revisar los aspectos sustantivos de la reforma pensional, esa es una discusión de hondo calado que convoca a múltiples sectores sociales y académicos, pero si pasaré revista, a la luz de los recientes acontecimientos, a las movidas procedimentales que permitieron que la plenaria de la Cámara de Representantes le diera luz verde a una reforma que ya pasa a sanción presidencial para convertirse en una realidad. 

El punto de partida inició el 14 de junio de 2023 con su aprobación en primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Esa fue una importante victoria legislativa para el Gobierno que, para ese momento, concentraba sus esfuerzos en impulsar la reforma a la salud en la Cámara de Representantes —a la postre hundida en el Senado—; pero, en su tránsito a la plenaria del Senado, la reforma se estrelló con un cambio en la Mesa Directiva que, luego de una estrategia de la oposición en la instalación de sesiones del 20 de julio, puso en la presidencia a Iván Name, un senador del partido Alianza Verde caracterizado por sus críticas a la agenda social del Gobierno. 

Con Iván Name en la presidencia el texto de la reforma pensional se engavetó y desde algunos sectores se dudaba que un senador abiertamente opositor al Gobierno permitiera su discusión en el orden del día de la plenaria. Para febrero de 2024 el tiempo ya corría en contra de su aprobación; sin embargo, en una movida vista con sospecha e incredulidad, a principios de abril Name decidió agendar la discusión y le delegó a María José Pizarro — vicepresidenta del Senado por el Pacto Histórico— orientar la sesión. Con Pizarro asumiendo el mando de la Mesa Directiva la discusión fluyó y el 23 de abril la reforma se aprobó en su segundo debate. 

Concluida la discusión en Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Representantes, pero con el factor tiempo en contra, puesto que solo tenía dos meses para su aprobación, o si no, se hundiría. Pero en la Cámara el Gobierno le metió el acelerador y sorteando miles de proposiciones e impedimentos, logró que el 23 de mayo se aprobara en su tercer debate. En el intermedio al cuarto debate, reventó el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres —UNGRD—, que puso como protagonista a Name y a Andrés Calle —presidente de la Cámara— en la supuesta recepción de multimillonarias coimas para favorecer las reformas del gobierno.  

El ambiente se enrareció para la discusión de la reforma en el cuarto debate y desde la oposición se propuso un «bloqueo legislativo» mientras se aclaraba la responsabilidad de varios congresistas en el entramado de corrupción de la UNGRD; no obstante, el Gobierno no cedió y antes redobló esfuerzos para que la reforma se aprobara en su último debate sin mayor discusión, y así fue, el pasado 14 de junio, con amplia mayoría y sin debate de fondo, la Cámara de Representantes le dio luz verde al texto de la reforma pensional. 

La «jugadita» para su aprobación fue muy riesgosa y podría sentar un precedente peligrosamente antidemocrático para el bicameralismo, ya que, a través de una proposición, la plenaria de la Cámara aceptó el articulado aprobado en segundo debate en Senado, evitando así un eventual procedimiento de conciliación —en el cual se armonizan los textos de ambas cámaras— que de facto implicaba que la reforma hubiera quedado otra vez en manos del «engavetador» Iván Name. 

De ahí que se dude de su constitucionalidad —por vicios de procedimiento en su trámite— y desde algunos sectores se considere que más temprano que tarde la reforma será tumbada en la Corte Constitucional. 

Por lo pronto, es una importante victoria para el Gobierno, y además, evidencia que todavía  cuenta con mayorías en el legislativo, o que, por lo menos, sí puede crear consensos políticos a través de canales institucionales. Lo que echa parcialmente por el suelo aquella invocación al «poder constituyente» como única garantía para la aprobación de las reformas sociales.

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