Opinión

El Departamento Nacional de Planeación viene avanzando en una investigación al Sistema General de Regalías que podría derivar en la denuncia del mayor desfalco a las finanzas públicas en lo que va del siglo, fijado, por el momento, en cerca de 12 billones de pesos representados en 2094 proyectos que no cumplieron con sus obligaciones contractuales. El centro gravitacional del supuesto entramado de corrupción se encuentra en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la paz —Ocad-Paz—. ¿Y eso, qué es?

El Ocad-Paz es una instancia que nació tras la firma del Acuerdo de Paz a finales de 2016. Su principal función se enmarca en evaluar y aprobar inversiones del Sistema General de Regalías en los territorios con persistencia del conflicto armado, ya sea, en las subregiones articuladas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —170 municipios—, en las Zonas más afectadas por el conflicto armado —356 municipios—, o en las veredas con presencia del Programa Nacional Integral de Sustitución del Cultivos Ilícitos —55 municipios—. 

Su composición fue fijada por el acto legislativo 04 de 2017 en los siguientes términos, con voz y voto: el Ministro de Hacienda y Crédito Público, un representante del Departamento Nacional de Planeación —DNP—, y un representante del presidente de la República; el gobierno departamental representado por dos gobernadores y el gobierno municipal, representado por dos alcaldes. Con el gobierno Duque el DNP asumió el rol de Secretaria Técnica y en la práctica se convirtió en la puerta de entrada para cualquier proyecto que un mandatario enviara para su revisión al Ocad-Paz.

Esta composición con actores políticos permitió el favorecimiento de los proyectos a partir de criterios partidistas, puesto que los congresistas, especialmente del partido Conservador, se convirtieron —según denuncias periodísticas presentadas entre 2021 y 2022— en los «padrinos» de alcaldes y gobernadores aliados. En los mismos términos, desde el DNP y la Contraloría —sin voto en el Ocad-Paz, pero sí con capacidad de veto— se estructuró un esquema de presión hacia algunos alcaldes para obligarlos a pagar coimas y así contar con avales técnicos y posicionar estratégicamente sus proyectos en las sesiones de discusión.

Este entramado corrupto no solo pervirtió los criterios para la implementación del Acuerdo de Paz, dado que no se basó en una priorización sustentada en las necesidades reales de las comunidades y los territorios. Siendo un claro ejemplo de politización instrumental que conllevó a la concentración de las inversiones en algunos territorios, a cuestionamientos por manejos amañados e irregularidades que, según la investigación periodística de Valeria Santos y Sebastián Nohra, logró la aprobación de recursos por el orden de 4.4 billones de pesos y la repartija en coimas por cerca de 500 000 millones de pesos. ¡Medio billón de pesos!

En su momento, el escándalo fue mayúsculo y agitó las aguas de la indignación al cierre del gobierno Duque. Hasta llegó vía informe trimestral de la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el Pacto Histórico —en plena carrera electoral— se exigió llegar hasta los «cerebros» del desfalco y el entonces candidato Gustavo Petro prometió que de ganar las elecciones pediría a las Naciones Unidas la conformación de una comisión internacional para investigar semejante entramado de corrupción.

Ahora bien, sin llegar a conformarse tal comisión y tras dos años de investigación por parte del equipo de regalías del Gobierno —que cambió tanto la composición del Ocad-Paz como su metodología de priorización— recientemente se reveló que las irregularidades son aún mayores, comprometiendo 12 billones en 2094 proyectos con los siguientes hallazgos: 1497 proyectos tienen un plazo de ejecución vencido por 9 billones de pesos; 301 proyectos tienen todos los contratos suspendidos por un valor de 1 billón de pesos; y 296 proyectos tienen contratos suspendidos y tiempos vencidos por 2 billones de pesos.

Solo para ilustrar: 12 billones son el equivalente a una reforma tributaria mediana. Por donde se le mire, no solo es el robo del siglo, sino el mayor atentado a la implementación del acuerdo orquestado por un gobierno que se empeñó en hacer «trizas» la paz. 

Resulta necesario que la Fiscalía General y los entes de control actúen con prontitud, que lleguen hasta los cerebros del mayor atentado a la paz, solo así habrá algo de justicia con las comunidades que vieron como los recursos destinados a promover el desarrollo y la gran transformación territorial se convirtieron en botín de corruptos y politiqueros. ¡No hay derecho!  
 

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