¿PAIS es solución a crisis de salud?
¿PAIS es solución a crisis de salud?

El debate sobre la Política de Atención Integral en Salud –PAIS–, promulgada por el Ministerio de Salud en medio de la problemática situación del sector, se centró en la garantía del derecho a la salud y en la necesidad de modificaciones estructurales del sistema.
Con la nueva Política de Atención Integral en Salud –PAIS–, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene el objetivo de centrar las acciones de salud en las personas a nivel individual, familiar y colectivo para satisfacer las necesidades de la población. Pero distintos actores sociales y del sistema de salud, reunidos en la Facultad Nacional de Salud Pública, expresaron su preocupación respecto a si PAIS es una respuesta suficiente y adecuada para garantizar el derecho a la salud y para atender a los problemas del sistema de salud. Consulte aquí las memorias de la jornada del pasado jueves 28 de abril.
En el debate participaron el Viceministro de Salud Pública, usuarios del sistema, prestadores de servicios de salud, entidades promotoras de salud, representantes de organizaciones académicas, gremiales, sociales, entre otros.
Esta política fue lanzada en febrero de 2016, después de un año de la expedición de la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, y en ella se plantea un componente estratégico para determinar las prioridades del sector en el largo plazo y un componente operativo, el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) que según el Ministerio, “se constituye en el marco para la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados”.
De modo que Fernando Ruiz Gómez, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de salud y Protección Social, apuntó que la política es un ajuste que servirá para solucionar los problemas del sector y responder a las necesidades de los colombianos.
Sin embargo, su postura fue refutada. “Esta política quiere reparar problemas inherentes al modelo pero no toca la estructura”, declaró Leonardo García, médico que representa a la Federación Médica Colombiana, y agregó que se trata de una reforma a los procesos de atención pero dejando de lado la promoción de la salud. En su opinión, proponer este cambio es aceptar que algo está fallando, sin embargo no recoge las necesidades expresadas por actores sociales, “continuamos hablando dos idiomas diferentes: uno el del Ministerio de Salud y otro el de distintos sectores sociales”.
El Ministerio de Salud ha presentado esta nueva política como un logro y como una de las tablas de salvación de un sistema que está en crisis y deslegitimado ante la ciudadanía. En efecto, el anexo técnico de esta política reconoce que a pesar de las dos décadas que tiene el Sistema de Seguridad Social en Salud, implementado con la Ley 100 de 1993, este se caracteriza por la ausencia de un modelo de atención en el que las personas sean el centro a partir del cual graviten todos los procesos, recursos y actores del sistema.
Frente a esto, Mario Hernández apuntó que si predomina la lógica del mercado será muy difícil solucionar la crisis de salud, “es reproducir la lógica del complejo médico industrial y servir al gran negocio internacional de la salud”. Hernández, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y vocero de la Mesa Nacional por el Derecho a la salud, propuso una solución diferente: una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza que implica cambios culturales y superar la corrupción que aqueja al sistema y que se expresa en frases como: “por la plata baila el perro y ¿cómo voy yo ahí?”.
Otros interrogantes pendientes son la concepción de la Atención Primaria en Salud que será implementada en la política y cuál es la idea de Promoción de la Salud que se desarrollará, pues una de las críticas al modelo es que las Entidades Promotoras de Salud, EPS, se han concentrado en la atención y no en promover la salud. Desde este punto de vista, PAIS no convence a Luz Mery Mejía, doctora en salud pública y docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien señaló que esta política “no es más que el refinamiento del mercado del aseguramiento y no una apuesta por el derecho a la salud”.