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Una vez más nos vemos convocados por las dolorosas consecuencias de la gestión bélica de nuestros conflictos sociales, de la representación del contradictor como un enemigo que debe ser aniquilado.

La incapacidad que hasta ahora hemos tenido de implementar exitosamente un proyecto de convivencia y coexistencia pacífica de las diferencias nos obliga, como tristemente lo hemos tenido que hacer en otras ocasiones, a pronunciarnos respecto a dos hechos lamentables que, a pesar de sus particularidades, son expresiones de un mismo orden de problemas: de la guerra como lógica para definir como enemigo a quien piensa o expresa puntos de vista diversos y, como consecuencia, el uso de repertorios de acción violenta.

El primer hecho son las amenazas de las que fue víctima una de nuestras compañeras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Universidad, quien el pasado 5 de junio recibió mensajes de amenaza contra su integridad y su vida relacionados con su ejercicio docente. Expresamos nuestra solidaridad con la profesora y saludamos el acompañamiento que ha recibido de las directivas de la Universidad.

Manifestamos nuestro repudio a este hecho que, además de ser una agresión contra la profesora que sufrió las amenazas, representa un atentado contra la libertad de cátedra y, en general, contra la comunidad universitaria, cuyo rasgo distintivo debe ser, justamente, una gestión del conflicto por medio del diálogo y el debate racional, por una prevalencia de las ideas y los argumentos sometidos a la crítica. Como universitarios reafirmamos la necesidad de reivindicar nuestro espacio como un lugar seguro para la puesta en común de distintos puntos de vista frente a la sociedad, el Estado o la política en general, sin que ello nos cueste la vida.

El segundo hecho es la explosión ocurrida el pasado 8 de junio en el barrio El Chagualo, la cual produjo la muerte de una estudiante de la Universidad de Antioquia y graves heridas a otras tres personas. Como lo dijo este mismo Claustro hace algunos años, “las tragedias se lamentan, no se castigan”, y eso es precisamente lo que hacemos ahora, lamentar la pérdida y reconocer los sufrimientos que dejó este trágico hecho.

Hacemos una invitación general a la reflexión sobre la pertinencia y los costos (“sobre todo humanos”) de ciertos repertorios o mecanismos de protesta y manifestación política. Si bien es claro que existen razones históricas y estructurales que permiten comprender la génesis de estas expresiones, nuestra invitación apunta a la necesidad de someterlas a la crítica, al examen de sus consecuencias y motivaciones y a plantear nuevas posibilidades de manifestar las inconformidades sociales que no dejen tras de sí "mártires" y sufrimientos que bien pudieran ser evitados.

Ahora bien, este no es solo un llamado a la comunidad universitaria, sino también a la institucionalidad que con su respuesta agresiva contribuye a la prolongación y actualización de estos ciclos de violencia. El compromiso por la construcción de paz y formas de tramitar los conflictos de modos más racionales nos involucran a todos, tanto en el momento de su reflexión y análisis, como de su implementación.

En consecuencia, hacemos un llamado a repensar la legitimidad y necesidad de la violencia, pero no solo de quienes protestan. Consideramos que ciertas respuestas institucionales, en lugar de proveernos seguridad, representan una amenaza más, como el uso de la fuerza, insalvablemente desmedido, y el desafortunado recurso del Derecho Penal, que, no nos cansaremos de insistir en ello, no solo no soluciona ninguno de los conflictos de los que se ocupa, sino que los profundiza. Se trata de un llamado a la autocrítica para caminar por una senda que permita avanzar en la construcción de una paz tan deseada como esquiva.

Finalmente, reclamamos sensatez y responsabilidad, para que se eviten las desafortunadas estigmatizaciones del espacio universitario y su comunidad (nos referimos a la Universidad de Antioquia y a las universidades públicas del país). Consideramos que en nada aportan a la construcción de esa paz que tantos colombianos reclamamos.
 

Medellín, 10 de junio de 2022

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