Opinión

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal y el Centro Democrático (CD) ponen nuevamente un palo en la rueda al Acuerdo Final (AF), al rechazar enfáticamente la Resolución de conclusiones del Caso 01, promulgada por la JEP, así como las denominadas sanciones propias que impondrá el Tribunal Especial para la Paz. En la mencionada resolución se concluyó que los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc-EP, aceptaron su responsabilidad como coautores en los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente, según lo imputado por la Sala en el Auto 19 de 2021. A partir de esta determinación, el Tribunal Especial para la Paz deberá decidir las sanciones propias —entre 5 y 8 años, monitoreadas por Naciones Unidas—  que impondrá a los siete imputados, y la forma en que serán materializadas. 

«Esta sanción es simbólica e inadecuada, y no ayuda a la paz», dijo Álvaro Uribe. Y la senadora Cabal agregó «¿Cinco a ocho años de qué? ¿sembrando lechugas? ¿o cantando canciones? Son sinvergüenzas. Desaparezcan esos tribunales». Según la narrativa de Uribe, Cabal y el CD, la justicia restaurativa es el instrumento más inadecuado para enfrentar la criminalidad masiva que produjeron los grupos insurgentes y terroristas que se levantaron en armas contra el Estado de forma ilegal e injusta. Estos deberían ser juzgados y castigados como delincuentes por la justicia ordinaria del Estado y recibir las más más altas penas. En el marco de esta visión la justicia debe ser retributiva y vengativa. Los males causados a muchas personas fueron horribles y por esto hay un odio profundo en una parte de la sociedad que reclama en forma imperiosa que la destrucción que ha producido el odio sea borrada del mundo. “No se odia el granizo ni la peste; solo se odia a los hombres, y no como causa material de un estrago material, sino como autores conscientes de un verdadero mal”, escribe Simone de Beauvoir. 

El odio exige de inmediato la venganza que se esfuerza por destruir el mal en su origen, atentando contra la libertad del culpable. Desde las entrañas del odio se afirma: Pagará. Esta palabra expresa una equivalencia. Hiciste algo malo, ahora tendrás que pagar lo que te corresponde. El deseo de equivalencia se expresa con mayor exactitud en la famosa Ley del Talión: «Ojo por ojo, diente por diente». De este modo, la justicia no puede exigir menos, y de este punto no se han movido Uribe y sus copartidarios, ni un ápice. 

En la narrativa de las FARC y la izquierda en general, el AF es expresión de un pacto de justicia, construido sobre la idea de una guerra que finalizó sin vencedores ni vencidos, que condujo a una paz negociada y a establecer un Sistema Integral de Justicia —Comisión de la Verdad (CV), Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—, diferente de la justicia ordinaria, para juzgar a todos los responsables del conflicto armado bajo los parámetros de la justicia restaurativa, sin descartar el aspecto retributivo, y para buscar el perdón, la verdad y la reconciliación. Esta confrontación de narrativas ha llevado a la sociedad colombiana a un callejón sin salida, en el cual aquellos que aceptan una de las verdades validan solamente su posición en la contienda y rechazan de forma absoluta a la otra.

La narrativa del CD quiere silenciar la que están cimentando la JEP, la CV y la UBPD, sobre lo sucedido durante más de 50 años de conflicto armado. El CD no quiere conocer ni permitir publicitar la narrativa oficial que está construyendo la JEP y la CV sobre nuestra historia violenta ni quieren que se sepa nada sobre quienes fueron sus responsables. Por esto atacan nuevamente a la JEP, como lo hicieron repetidas veces contra la CV. Frente al informe de la CV propusieron una estrategia alternativa de verdad: las “cartillas de la verdad”, para contar en ellas la “única verdad”, que es la verdad que en gran parte se construyó en el Centro Nacional de Memoria Histórica mediante las jugaditas y artimañas de Darío Acevedo. 

Realmente en estas discusiones sobre el derecho penal y la cuestión criminal es aconsejable, más no es excluyente, considerar a filósofos como Hobbes o Hegel que a la señora Cabal o al teórico del «estado de opinión». Aunque la «obra» tuitera de los últimos merece también ser tenida en cuenta. Hegel afirma que el castigo retributivo no es el “ojo por ojo” de la Ley del Talión, de la venganza, sino una reciprocidad duradera que reconoce al ser humano como un ser sujeto de derechos. El autor de un hecho criminal es un ciudadano, no un enemigo que deba ser destruido. La venganza, cuando se trata de castigar por el gusto de castigar, no es tenida en cuenta por Hegel como uno de los fines legitimadores del castigo debido a que se opone a la naturaleza del ser humano deleitarse con el dolor ajeno. Hobbes critica el retributivismo porque en este se establece una relación directa entre la venganza y el castigo. «En la venganza —la retribución de un mal mediante otro mal— no se debe observar la magnitud del mal ocasionado sino la utilidad de cara al futuro”, escribe Hobbes. El castigo retributivo con largos períodos de tiempo en la cárcel puede entenderse como un castigo físico que logra producir sufrimiento mental, sicológico, deterioro físico y erosión de las habilidades cognitivas y sociales del condenado. Esta perspectiva «no es una opción dentro de la agenda penal moderna, sino más bien un hecho que forma parte del pasado de la historia penal, y que ocasionalmente es revivido por políticos reaccionarios con el fin de producir un efecto dramático», escribe David Garland.

El paradigma de la justicia restaurativa obtiene de esto la tesis de que el castigo debe servir para mejorar al autor del delito y para que los otros miembros de la sociedad vean en el ejemplo del castigado que cometer delitos ocasiona sanciones. Esto es lo que está planteado en las resoluciones de conclusiones emitidas recientemente por la JEP. La justicia transicional con sus elementos retributivos —la sanción propia— se articula con un proceso robusto de justicia restaurativa, participativa y de diálogo directo con las víctimas. De este modo, los perpetradores deben contribuir con el esclarecimiento de la verdad y asumir la responsabilidad por los daños que causaron. La justicia los debe castigar mediante una “sanción propia”, que restringe efectivamente las libertades y derechos de los imputados hasta por ocho años. 

La víctima debe ser recompensada y su sufrimiento debe ser reconocido. El cumplimiento de estas condiciones podría ayudar a superar la dialéctica de odio y venganza, que ha producido tanta violencia, muerte y destrucción en nuestro país y así avanzar un paso más en la consolidación progresiva de la paz por medio del derecho. El siguiente paso es de la paz total.

Este texto fue publicado en la Silla Vacía el 4 de diciembre de 2022

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