Opinión

Para nadie es un secreto que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos —PNIS— hace rato hizo aguas. El tema ya está sobrediagnosticado y pasa por diversas consideraciones que terminan convergiendo en un mismo punto: que el programa estuvo mal diseñado; que el presidente Santos —en su afán por mostrar resultados— lo dejó a la deriva luego de que miles de familias erradicaran sus sembradíos de hoja de coca; que Duque lo hizo trizas; que su implementación depende stricto sensu de la Reforma Rural Integral, etc. 

Pero más allá de las consideraciones sobre su fracaso como política pública —ya que a siete años de su creación no ha logrado «graduar» de la ruta de sustitución ni al 10 % de las 99 097 familias beneficiarias— la única certeza es que el PNIS es un compromiso derivado de un Acuerdo de Paz que jerarquizó la sustitución voluntaria y concertada como el primer nivel de intervención por parte del Estado. 

Para bien, o para mal, la sustitución voluntaria no es una de aquellas políticas que se pueda modificar al antojo del gobernante de turno.
 
Y precisamente, esa condición de compromiso de Estado ha sido ratificada por las altas cortes en varios pronunciamientos en lo que va del gobierno Petro. 

Primero, en la sentencia SU-545/23 de la Corte Constitucional que amparó los derechos fundamentales de comunidades campesinas y étnicas de los departamentos de Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. En dicha sentencia la Corte Constitucional ratificó el carácter vinculante de los acuerdos suscritos con las familias y le ordenó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos —adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio—, entre otras cosas, avanzar «en el efectivo funcionamiento de las instancias de ejecución del PNIS». 

Esta posición fue revalidada el pasado 14 de mayo cuando la Corte amparó el derecho fundamental al debido proceso, a la participación, el mínimo vital y a la alimentación para 900 familias campesinas del municipio de Miraflores, Guaviare. Según el alto tribunal: «Los diferentes gobiernos de turno, desde la firma de los acuerdos para la construcción de paz, han vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital y a la alimentación de los núcleos familiares al no cumplir con cada uno de los componentes del Programa de Atención Integral —PAI— del PNIS».

En ese sentido, en noviembre de 2023, el Consejo de Estado le ordenó a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos cumplirle a 2629 familias del Guaviare a las cuales se les vulneró sus derechos al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso administrativo y a la participación.

A este punto queda claro que las cortes han cerrado filas en la defensa de las familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras que a lo largo de 2017 confiaron en el Estado, pero que, de forma reiterada y sistemática, han visto sus derechos vulnerados en medio de un incumplimiento masivo. 

Y mientras las cortes se pronuncian en procesos que se van acumulando en los estrados judiciales, el PNIS sigue sin responder a las expectativas de las comunidades y degradado a convertirse en un mero programa de asignación de subsidios. Nada más. Porque parece que al Gobierno del «Cambio» le quedó grande enderezarlo o, por lo menos, darle un norte claro. 

Un reto central en la agenda del presidente Petro que ha insistido en los foros internacionales en cambiar la lógica de una fallida «guerra contra las drogas» y que, en lo inmediato, le corresponde asumir a Gloria Miranda. Quien recientemente asumió la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos tras la salida de Felipe Tascón. Un personaje con la «sabiduría» suficiente para enderezar la política de sustitución, pero que le pasó lo de algunos políticos: prometió mucho para salir con nada —o con muy poco—. 

Sea en este gobierno o en los que vengan, las cortes se seguirán pronunciando para salvaguardar los derechos fundamentales de las familias que confiaron en el Estado al erradicar su única fuente de subsistencia. Esa viene siendo la única garantía que le asiste a un programa que desde el Acuerdo de Paz se diseñó como el punto de partida de una gran transformación territorial. ¿Hasta cuándo el incumplimiento? 
 

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