Opinión

La reducción de la pobreza debe ser una política de Estado y acción fundamental de todas las sociedades; para América Latina y Colombia, debe ser una prioridad sin cuestionamientos ni limitación de recursos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Latinoamérica tiene 71 millones de personas en la indigencia y 167 millones en la pobreza, es decir, 12% y 28% del total de la población, respectivamente.  Preocupa que Colombia tenga porcentajes de indigencia y pobreza superiores a los de Uruguay, Costa Rica y Chile.

Por los males que engendra, la eliminación de la pobreza resulta en un imperativo social y moral de la humanidad. Todas las personas tienen el derecho a vivir con dignidad y, para ello, es necesario garantizar las condiciones materiales adecuadas que les permita decidir sobre su futuro. Si todas las vidas tienen el mismo valor, ¿por qué unos tienen más y mejores oportunidades que otros? Sin duda, nuestras elecciones condicionan nuestros resultados, pero debemos erradicar las barreras sociales que obligan a unos a tomar decisiones en medio de la hambruna y el oropel, mientras otros deciden en medio de la opulencia y el desperdicio.

La pobreza es un mal por desterrar de nuestros pueblos. Primero, afecta de forma desproporcionada y en mayor medida a las minorías étnicas y raciales. En efecto, las mujeres, niños y poblaciones indígenas y afro resultan más perjudicadas, presentado mayores proporciones de pobreza que otros grupos, lo que contribuye a la segregación, a la discriminación y al clasismo. Segundo, mientras mayor es la población con carencias económicas, menor es el dinamismo económico y las posibilidades de generación de riqueza. Tercero, la pobreza estresa a las familias y lleva a la angustia, provocando el fraccionamiento familiar, la desesperanza y la depresión.

Así, también, la pobreza aumenta los riesgos de salud y disminuye el desempeño académico de los hijos de familias de escasos recursos. Por un lado, por la desnutrición causada por los bajos ingresos, es posible que las madres gestantes y niños tengan poca ingesta de calorías y vitaminas, provocando enfermedades desde edades tempranas. Por otro lado, la escasez de dinero impide que los niños puedan acceder a adecuados servicios de salud, actividades culturales y deportivas, libros, bibliotecas y computadores que les permitirían mejorar su aprendizaje.

Es que lograr la riqueza para todos, de forma incluyente, resultaría en un buen negocio para la sociedad. Sin pobreza, el Estado asignaría los recursos de programas de lucha contra la pobreza en estrategias para la sostenibilidad ambiental y el crecimiento sostenible, por ejemplo. Es más, la sociedad también se lucraría porque ciudadanos con mayor poder adquisitivo serían también más activos en su participación política, lo que fortalecería la democracia y reduciría la corrupción. Luego estos factores generarían un círculo virtuoso que crearía, a su vez, más riqueza e inclusión para toda la sociedad. Sin timideces, es hora de volver realidad el sueño de una sociedad sin pobreza.

Ver la publicación de este texto en el periódico El Mundo, miércoles 2 de marzo de 2016

Nota

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