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La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de solicitar a la comunidad internacional que declare terroristas al Estado Mayor Central —EMC—, al Ejército Gaitanista de Colombia —Clan del Golfo—, a la Segunda Marquetalia y a la llamada Junta del Narcotráfico, marca un punto de quiebre en la política de Paz Total. El viraje tenía que producirse después de una acción militar brutal y reprochable por toda la sociedad: los ataques terroristas en Cali y Amalfi, luego del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Los mensajes tienen consecuencias claras: el Estado no puede seguir llamando al diálogo a organizaciones que han convertido la violencia indiscriminada en su herramienta predilecta.

Considero que la propuesta de Paz Total naufragó por tres razones evidentes. Concesiones excesivas: se otorgó estatus político a estructuras que viven del narcotráfico. Aprovechamiento criminal: los grupos han usado el marco del diálogo para expandir su poder militar y aumentar las rentas ilícitas. Debilidad militar: las Fuerzas Armadas perdieron iniciativa, mientras el Gobierno ha tensado sus relaciones con aliados clave en lo militar y económico con Estados Unidos y en inteligencia con Israel.

El resultado es un tablero inclinado a favor de los violentos: más poder territorial, más recursos ilegales y una opinión pública que percibe a un Estado incongruente e incapaz de imponer autoridad.

Polarización y acción militar. Un trabajo en el cual hemos utilizado la teoría de juegos para estudiar la negociación bajo ambientes altamente polarizados, con aplicación al proceso de Paz con las Farc (Laengle, Loyola & Tobón, 2020), ya advirtió que en escenarios como el colombiano se exige navegar en un delicado equilibrio entre dos fuerzas: retórica conciliadora y presión militar contundente. Cuando ambos elementos se mueven en la misma dirección —diálogo blando y debilidad en la acción militar— el resultado es el mismo que en los fallidos proceso de paz del gobierno Pastrana (1998-2002) y el referendo por la paz de Santos en 2016: la sociedad percibe concesiones inaceptables y responde con rechazo.

En este punto, conviene insistir en una lección central de la teoría de juegos aplicada a conflictos polarizados: la negociación solo progresa cuando se logra disociar la retórica de la acción militar. Palabras moderadas combinadas con presión armada crean incentivos reales para negociar; en cambio, cuando el discurso y los hechos coinciden en la debilidad, el resultado es la frustración y el estancamiento.

La Paz Total ignoró estas lecciones. No redujo la polarización social y, al mismo tiempo, debilitó el poder coercitivo del Estado. El mensaje implícito fue que negociar salía gratis para los armados, mientras que la ciudadanía está pagando con más inseguridad y pérdida de confianza.

La experiencia del referendo de 2016 mostró que subestimar la polarización social es un error fatal: la ciudadanía rechazó el acuerdo porque lo percibió como una entrega excesiva. Hoy, la Paz Total reproduce el mismo equívoco. Ignorar la intensidad del odio social es tan peligroso como ignorar la capacidad militar de los grupos armados.

Teniendo como referencia el artículo y la historia del conflicto considero que se debe hacer lo siguiente:

Recuperar la iniciativa militar. Control territorial, inteligencia de precisión y golpes estratégicos a las economías ilícitas. Sin un costo real de continuar la guerra, los violentos nunca negociarán en serio. 

Reto narrativo. La retórica presidencial debe reconocer la heterogeneidad de la sociedad, el dolor de las víctimas y rebajar el odio social, pero sin caer en ambigüedades que parezcan indulgencias. 

Alianzas estratégicas. Facilitar la cooperación económica, militar y tecnológica con Estados Unidos y otros aliados es vital. La soledad estratégica y la dignidad a tanto precio solo favorecen a los grupos ilegales. 

Separar negociación de sometimiento. El ELN puede tener un tratamiento político, pero carteles y disidencias solo merecen sometimiento judicial. Mezclar categorías mina la legitimidad del Estado. 

Cohesión social. Una paz duradera requiere respaldo ciudadano. El Gobierno debe comunicar con claridad qué está dispuesto a conceder y qué líneas no cruzará.

Colombia no tiene por qué estar condenada a una guerra perpetua, pero tampoco puede permitirse una paz ilusoria. La única vía realista es la de una paz exigente: aquella que combina presión armada, respeto a las instituciones, con un discurso conciliador capaz de abrir puertas sin regalar ventajas.

Mientras el Gobierno ignore que la polarización y el costo militar son las dos variables clave, la Paz Total seguirá siendo un eslogan vacío. Los violentos solo se sientan a negociar cuando entienden que la alternativa a no hacerlo es peor que rendirse. Y esa verdad, por dura que suene, no admite atajos.

Referencias
Laengle, S., Loyola, G., & Tobón-Orozco, D. (2020). Bargaining under polarization: The case of the Colombian armed conflict. Journal of Peace Research, 57(4), 551-563

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