Sociedad

Ante la situación financiera que enfrenta actualmente nuestra Universidad, desde hace varias semanas las directivas universitarias retomamos la estrategia de oferta y negociación de un grupo de bienes inmuebles —algunos donados y otros recibidos por la institución como recuperación de cartera— que no son utilizados en el desarrollo de las labores misionales —docencia, investigación y extensión— y cuya venta representaría recursos adicionales para aportar a la sostenibilidad financiera de la Alma Máter en el corto y mediano plazo.

Desde hace ocho años, el máximo órgano de gobierno de nuestra Universidad tomó las primeras decisiones frente a la necesidad de emprender un proceso de venta de aquellas propiedades que, además de no ser útiles a nuestros ejes misionales ni generar un retorno económico constante, le implican a la Universidad costos en su manutención y administración. Así, en abril del 2016, mediante la Resolución Superior 2099, el Consejo Superior Universitario conformó una comisión para asesorar el destino final de algunos bienes. También, en el 2017, emitió la Resolución 2228, autorizando las gestiones requeridas para la venta del predio conocido como el El Progreso.

Ahora, como parte de las acciones planteadas para enfrentar la coyuntura financiera actual, hemos intensificado las gestiones para avanzar en la venta de 22 bienes de propiedad de la Universidad, entre lotes urbanos y rurales, oficinas y locales. Estos predios hacen parte de un grupo de 23 inmuebles que mediante la Resolución 2315 de abril del 2019, el CSU había autorizado fueran enajenados y suman cerca de 1.300.000 metros cuadrados de área total; y están ubicados en los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Apartadó, y en el distrito de Medellín. Su venta, según se ha estimado, podría representar aproximadamente 90 000 millones de pesos para nuestra Universidad.

Como entidad pública, ratificamos que la venta de cualquier bien inmueble de la Universidad de Antioquia —que de manera previa debe ser autorizada por el Consejo Superior, cualquiera sea su valor—, se realizará según lo reglamentado en la Resolución Rectoral 47743 de marzo del 2021, la cual establece que «para el proceso de venta se ofrecerá primero a las entidades públicas donde se encuentre el inmueble al precio del avalúo comercial, posteriormente se surtirá el mecanismo de subasta pública». En ambos casos, entre otros elementos ineludibles, el proceso debe contener estudio de títulos, avalúo comercial, estudio previo y aprobación del Comité Técnico de Contratación.

De otra parte, adicional a los predios mencionados, queremos destacar la negociación de tierras que ha emprendido la Reforestadora San Sebastián S.A.S, sociedad privada que se encuentra en proceso de liquidación y de la cual la Universidad tiene el 92 % de participación patrimonial, correspondiente a las acciones donadas por un grupo empresarial a la Alma Máter en 1997. Los 17 lotes de la Reforestadora, cuya negociación se viene dando en el marco de los procesos de restitución de tierras y reforma agraria adelantados por el Gobierno nacional, suman aproximadamente 4000 hectáreas y están ubicados en municipios del departamento del Magdalena.

La ejecución de la venta de todos estos inmuebles se corresponde y complementa el llamado que el 11 de junio el Consejo Superior Universitario, mediante un comunicado, hizo para definir y materializar estrategias de gestión con actores externos, y planes de intervención y acciones focalizadas en el ámbito interno, que permitieran actuar de manera rápida y pertinente por la sostenibilidad de la Universidad. Vale recordar que, atendiendo ese lineamiento, el 20 de junio la Rectoría también dio a conocer un primer grupo de medidas y recomendaciones orientadas a recuperar la liquidez de la Universidad en el corto plazo. 

Sumado a esas acciones y con propósitos de eficiencia operacional, hemos propuesto diferentes adecuaciones en la estructura organizacional del nivel central, actualmente en proceso de aprobación por el Consejo Superior; y el pasado 25 de julio establecimos, mediante la Resolución Rectoral 51525, la Política de austeridad y eficiencia en el gasto público, y reglamentamos, con la Resolución Rectoral 51526, el funcionamiento del Comité de Austeridad. 

Continuamos con el compromiso de plantear nuevas estrategias y buscar caminos para la sostenibilidad del patrimonio social, científico y cultural más importante de Antioquia en su historia. Y en ese propósito, no declinaremos en insistir y mantener nuestra gestión permanente ante el Gobierno nacional y el Congreso de la República, sobre la urgencia de que el país logre, con prontitud y voluntad política, materializar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, un hecho sin el cual las universidades que hacemos parte del sistema estatal, no podremos resolver el desfinanciamiento estructural que nos ahoga y cuyos efectos adversos, ahora más que nunca, han quedado expuestos.

Rectoría
Universidad de Antioquia
9 de agosto del 2024