Opinión

El 20 de junio del presente año, la Rectoría de la Universidad de Antioquia emitió la circular que se titula «Disposiciones y recomendaciones encaminadas a implementar estrategias para atender la situación financiera actual de la Universidad», esta circular, junto a otros anuncios manifestados en las distintas reuniones entre el profesorado y el equipo rectoral, confirma que las decisiones ante la crisis financiera estructural e histórica de la Universidad se inscriben en las recomendaciones neoliberales del Banco Mundial y del FMI dirigidas tradicionalmente a los estados, en las que proponen como receta efectiva a las crisis un recorte sustancial de «gastos».

En este caso los gastos corresponden a procesos educativos, es decir, no se trata un asunto meramente cuantitativo que se deba regir por la noción de rentabilidad, pues no somos una empresa, aunque bien valdría la pena pensarnos la determinación actual de las alianzas público-privadas en nuestro presupuesto y la pérdida de autonomía que ello nos representa, pero esto es objeto de otra reflexión. Se trata pues, claramente, del recorte en el cumplimiento efectivo de los ejes misionales que como Universidad tenemos y de poner en juego la responsabilidad y la garantía del derecho a la educación que es un deber del Estado y que, como sabemos, no puede reducirse al mero acceso, sino que implica la posibilidad de procesos educativos cualificados, serios, con condiciones materiales para su desarrollo, no solo en términos de infraestructura, sino también de las garantías laborales y académicas del personal implicado.

En la circular en mención se exponen, entre otras, la siguiente  medida: «1. Suspender la contratación de actividades especiales con cargo a los fondos generales para los siguientes casos: a) Profesores vinculados y ocasionales con el objeto de desarrollar actividades administrativas, de asesoría, consultoría, extensión e investigación. b) Empleados administrativos con el objeto de desarrollar labores de asesoría, consultoría, extensión, administración e investigación». Algunos integrantes de la comunidad académica han celebrado con un optimismo inquietante este tipo de alternativas para la reducción de gastos, pues argumentan que el hecho de que profesores ocasionales y vinculados tengan más horas destinadas a la docencia dentro de su plan de trabajo y reduzcan las horas dedicadas a la investigación y extensión hace parte apenas, «naturalmente», de su labor. Valdría la pena recordar que si bien la docencia es el corazón de nuestra misión formativa, esta no se agota allí, pues la investigación y la extensión representan dimensiones inseparables de esa tarea y sin ellas nuestras funciones no podrían desarrollarse con responsabilidad y rigurosidad. 

Me pregunto si esta medida, aplaudida por unos y aceptada con resignación por otros, no implica de manera solapada contribuir al retroceso en el modelo de Universidad que hemos construido y a la que seguimos apostando desde 1992. Un modelo de Universidad al servicio del conocimiento y de la sociedad y que, por tanto, apunta a la investigación como posibilidad de generar conocimiento tanto teórico como aplicado, de ir más allá de la labor de enseñanza, desde una mirada empobrecida que la reduce a la tiza y a la pizarra, a repetir contenidos producidos por otros, que sin duda son fundamentales y valiosos como punto de partida pero en todo caso insuficientes, pues nuestra labor como maestros y maestras encuentra su dinamismo en la posibilidad de plantear preguntas, cuestionar y actualizar el conocimiento existente, hacer nuestras propias elaboraciones de manera autónoma, en diálogo con nuestros colegas de otras latitudes y todo este camino, no es otra cosa que la investigación. 

Este tipo de medidas que plantean la reducción de tiempo en los ejes misionales de extensión e investigación para aumentar la dedicación a cursos, implican de manera dramática el retorno a un modelo de universidad meramente profesionalizante. Además, se acoge de manera complaciente a la voluntad expresada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien en una reciente alocución señaló: «Invitamos, eso sí, a las directivas universitarias para que emprendan un compromiso real de austeridad, que se vea representada, por ejemplo, en reducción de contratos de hora cátedra, viajes, viáticos y burocracia excesiva». No hace falta señalar, además, que el resultado de estas medidas será la no renovación del contrato de muchos profesores y profesoras de cátedra, con la consecuente carga de los cursos que impartían a profesores ocasionales y vinculados.

Este modelo profesionalizante, también denominado «el modelo napoleónico», en el cual se inscriben todas estas medidas y, por supuesto, la visión del gobernador, reduce la misión de la Universidad a las necesidades del Estado y del mercado, por lo cual sus preocupaciones se limitan a la formación de profesionales que puedan articularse como buenos funcionarios, como burócratas «competentes». Este modelo es desdeñable porque propone la separación de la docencia, la investigación y la extensión, niega su profunda interdependencia y se rige por intereses meramente pragmáticos, léase, del mercado. De este modo, las posibilidades formativas, de profundización y dinamismo de nuestro conocimiento como docentes y, su consecuencia directa, es una menor calidad del proceso educativo brindado a los estudiantes. Asimismo, todas estas consecuencias derivan, inevitablemente, en una pérdida de autonomía de la labor docente, pues bien sabemos que la autonomía para que no sea mera abstracción y retórica, requiere unas condiciones concretas para su realización, en este caso: tiempo para pensar, para investigar, tiempo para escribir. Ya lo dice el refrán popular «el tiempo es oro» y también lo tiene claro la administración.

Todo esto lo planteo tomando solo uno de los elementos de la cuestión, pues si consideramos la reducción de horas para las actividades de extensión también tendríamos que plantearnos algunas preguntas respecto a las consecuencias de las medidas de austeridad que, reduciendo gastos, nos traen otros costos en términos del relacionamiento con las comunidades y las posibilidades de impactar los distintos contextos. 

Es claro, entonces, que las políticas de austeridad no solo representan efectos nefastos inmediatos como la suspensión y no renovación de contratos cátedra, el aumento de horas de docencia directa en planes de trabajo, una presencia precaria en las regiones mediatizada por las TIC, sino también que en términos estructurales supone el desplazamiento a otra visión de la universidad, a la renuncia de sus apuestas misionales. Habría que hacer un cuestionamiento político al equipo rectoral y al Consejo Superior Universitario frente a su posición complaciente con las exigencias externas que reclaman austeridad como salvavidas a la Universidad, desconociendo que ese salvavidas en realidad podría condenar la desaparición de lo que hoy ella es y de lo que se ha conseguido en un proceso de arduas luchas sociales por una educación más crítica y autónoma.
 

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