Opinión

La intervención del presidente Petro en Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz abre debate nacional sobre el «fast track», junto al papel estratégico de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior.

Intervención de Petro en Naciones Unidas 

El presidente Petro asistió el 11 de julio a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí participó de la presentación del informe trimestral expuesto por el secretario general sobre la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, que sigue la implementación del Acuerdo de Paz entre Farc y el Estado colombiano.

La intervención del presidente Petro fue diferente respecto de lo que en principio había anunciado: que el Estado colombiano estaba incumpliendo el acuerdo. Declaración que en su momento produjo muchas críticas porque el jefe del Estado es el presidente, en otras palabras, él. Denunciar los incumplimientos era, a la vez, una especie de autoincriminación. Al parecer, la asesoría de su equipo hizo que la intervención ante la ONU se centrara en contenidos y procedimientos para superar las dificultades que han impedido la implementación del acuerdo.

El «fast track»
 

La propuesta realizada por el presidente, en ese escenario internacional, desató una discusión en Colombia. El eje principal de debate, por el momento, es el procedimiento para lograr concretar los resultados del Acuerdo de Paz: fast track, un medio que abrevia los cursos normales que deben transitar las propuestas que son llevadas al Congreso de la República. Este procedimiento fue utilizado bajo el segundo gobierno de Juan Manuel Santos para avanzar justamente en la implementación del Acuerdo de Paz.

Que sea rápido no significa, de por sí, que todo sea posible y lograble. Que pueda ganarse tiempo en los trámites de leyes que recogen los proyectos de cambio propuestos por el presidente contribuye a tener logros legislativos antes de acabar su periodo. Con ello, reforzaría la idea de la necesidad de un gobierno progresista que debe renovarse por varios años para poder hacer los cambios que el país necesita y que aparecerían ahora bajo la figura de leyes aprobadas, pero con necesidad de ejecución.

Esta intención nuevamente encuentra institucionalmente al Congreso de la República como uno de los principales sujetos para concretar las aspiraciones del presidente. Todo lo que el presidente propone hacer: modificación de las vigencias futuras y del marco de mediano plazo para dar prioridad a las obras de la inclusión territorial; cambio en el sistema general de participaciones para destinar recursos a los PDET; excarcelar a los productores de hoja de coca; optimización y nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos del PNIS; conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas; compra administrativa exprés de la tierra para la reforma agraria; sistema único para que todos los sujetos del conflicto armado tengan un solo tribunal de cierre; ampliar el tiempo de implementación por siete años más. Todos estos asuntos deben pasar por el Congreso de la República, el mismo con que el presidente gana en unas y en otras no. 

El fast track aplica para el Congreso. Ese procedimiento lo puede proponer el presidente, pero solo puede entrar en rigor si el Congreso lo aprueba. Que eventualmente el nuevo ministro del Interior logré tal propósito, como data su experiencia con el gobierno de Santos, no supone que el Congreso aprobaría todo lo que el gobierno presente como parte de las reformas necesarias para ejecutar el Acuerdo de Paz. 

El papel de Juan Fernando Cristo 

He ahí parte de la agenda del ministro del Interior Cristo; a saber, lograr que el Congreso apruebe dicho mecanismo con todo lo que implica: un trámite más rápido de asuntos considerados centrales para lograr la paz y, por supuesto, lograr que termine con saldo a favor del gobierno, que el Congreso apruebe rápido todos los proyectos sin mayores modificaciones.

Si el nuevo ministro del Interior logra que el Congreso apruebe el procedimiento rápido y todo lo que con el viene, tendrá que esperar el control de la Corte Constitucional. El mismo mecanismo del fast track, como suele suceder con todo trámite legislativo, pasa por un control de constitucionalidad. Por ejemplo, el presidente justifica la necesidad de este segundo uso del mecanismo porque en la primera versión permitió la aprobación de proyectos de las fases iniciales del acuerdo y ahora sería necesario para lograr «los productos de ese acuerdo». ¿Aceptará la Corte esta justificación del nuevo fast track por la paz?

El trámite del procedimiento tiene que seguir unos tiempos procedimentales, empezando por el comienzo de la legislatura del Congreso que instalará el presidente el próximo 20 de julio. El presidente con su equipo y aliados en esta legislatura tendrán como meta la aprobación de los proyectos que den cuenta de lo anunciado en la ONU, empezando por el fast track, que puede tomar todo su trámite un año.

En esa perspectiva, el ministro del Interior tiene entre sus labores lograr el acuerdo nacional que conduzca a que el Congreso acepté estas propuestas del ejecutivo. Sin embargo, debe considerarse, por el perfil mismo de Cristo, que sin acuerdo nacional también podría lograr mayorías en el Congreso. 

Cristo es un negociador, ya estuvo en el cargo y en una situación similar. En el gobierno de Santos, la «Unidad Nacional» jugó el papel cohesionador que ahora busca Petro con el acuerdo nacional. Cristo, siendo ministro de Santos, no logró la unidad nacional, pero sí logró mayorías en el Congreso para aprobar leyes en el marco del fast track por la paz.

Parece que el pragmatismo gana cada vez más fuerza en el gobierno de Petro porque recurrir a Cristo como ministro es también recurrir a sus prácticas de negociación en el Congreso, las cuales para un sector que cree en el cambio son cuestionables. La negociación burocrática sigue siendo castigada por la opinión que considera que no debería existir una negociación de este tipo porque cree que es politiquera, sino de la que se espera de un acuerdo nacional: una negociación de un horizonte compartido como nación, lo básico que nos junte.

Política, mérito y mermelada
 

Es indudable que, en ese escenario nacional, como en los subnacionales, la negociación estratégica de propósitos y futuro de sociedad —programática— se acompasa o resuelve con la negociación del reparto burocrático que da acceso a recursos. No es inusual oír hablar de un ministerio, secretaria u otra dependencia como perteneciente al partido o al político x. Esta práctica fue calificada peyorativamente en el país como «la mermelada».

La práctica de la mermelada tomó fuerza con el gobierno de Santos, luego, a pesar de las críticas de Duque a su antecesor, apareció también dicha práctica en su gobierno; y tal parece que retorna a escena con el gobierno de Petro, quien también la criticó.

El Acuerdo de Paz entre Farc y el Estado no fue la Unidad Nacional, pero las negociaciones adelantadas por Cristo en ese momento lograron mayorías en el Congreso. De hecho, se instaló la hipótesis que el gobierno Santos no pudo ejecutar más el Acuerdo de Paz porque el tiempo y los recursos se le agotaron para seguir la negociación con los congresistas. 

Por eso, para algunos sectores progresistas, la llegada de Cristo contradice la idea misma del gobierno del cambio de modificar las prácticas políticas de este país. Pero después de estos dos años de ejercer el poder, parece que el presidente Petro aceptó que la llamada mermelada, más que un problema, es un rasgo del ejercicio de poder gubernamental. «Así se gobierna», que sin reparto burocrático no hay ni acuerdos mínimos ni mucho menos un acuerdo nacional. Que la realidad de conformar un gobierno de unidad pasa por ceder cargos de distinto tipo a bancadas y políticos de otra orientación política, como el mismo Cristo.

¿Qué es lo censurable de esta práctica política? ¿es una forma de corrupción? Es compatible ser excelente servidor público y hacer parte de un partido político, pero la formula no siempre funciona a la inversa: un excelente político no siempre es un buen servidor público, si prima el vínculo político para poder ser servidor público empieza la discusión del mérito, la transparencia para elegir a la burocracia estatal y la calidad del trabajo de estos funcionarios. 

No son pocos los casos de servidores públicos ineptos cuyo único «mérito» es conseguir votos. Que al contribuir a ganar las elecciones, de determinadas bancadas, se revierten en ser empleados como servidores públicos con los beneficios que esto trae. Para la muestra un botón: el tristemente célebre secretario de cultura de Medellín, Manuel Córdoba, quien públicamente dijo que de cultura no sabía nada, pero que «Fico» le había pedido que le hiciera el favor de administrar esa secretaria. Tanta «sinceridad» llevó al alcalde a cambiar de secretario. 

Si prima el vínculo político sobre la capacidad profesional para elegir la burocracia estatal esto conduce, entre otros aspectos, a la creación de cargos para pagar favores o fidelidades políticas y, por esta vía, a la prestación de pésimos servicios públicos. Una práctica que el mismo presidente ha denunciado y rechazado por ser corrupta.

Que el reparto burocrático no se convierta en ineficiencia y en el reparto privado del erario público en aras de adoptar el Acuerdo de Paz dependerá de las «líneas rojas» que el presidente Petro establezca como margen de negociación para la labor de su ministro Cristo y, por supuesto, en el control que el presidente debe tener sobre sus funcionarios.

• Esta columna de opinión fue publicada en el portal web Razón Pública el 14 de julio de 2024.
   
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