Opinión

En Colombia, la universidad pública enfrenta una crisis que lleva décadas gestándose, obligando a mirar al retrovisor. Años de decisiones políticas acomodaticias y desgaste sistemático, aplaudidos por el MEN, el Cesu y muy especialmente por el «Sistema Universitario Estatal» —SUE—, sumadas negligencias institucionales, que han erosionado la financiación llevándolas al borde de la asfixia financiera. Este debilitamiento, no solo de la UdeA sino de muchas universidades públicas, no es fruto de la casualidad ni de circunstancias recientes: es el resultado de «una cadena de desatinos, genuflexiones y omisiones políticas» que debe exponerse para comprender la gravedad de la situación. Sin embargo no se puede pasar por alto que esta crisis no solo ocurre en el nivel alto o «nivel elite» de transferencias ya que la UdeA hace parte de solo tres universidades —Nacional, Antioquia y Valle—, que concentran aproximadamente el 45 % de estas transferencias, mientras que las restantes se distribuyen un 55 % en un campante desequilibrio de financiación… y el SUE brillando por su ausencia. Esta distribución regresiva se argumenta «supuestamente» en la eficiencia y eficacia en el gasto y que estratifica las 34 universidades en «las mejores», «las medias» y «las menos mejores». Traigo esto primero para esbozar que el problema es de orden legislativo para todos, pero estructural desde la equidad.

El SUE —encargado de representar y velar por los intereses de las universidades públicas— ha fallado en proteger los recursos y la autonomía financiera de estas instituciones. En sus inicios, del presupuesto general de la nación, el Estado cubría aproximadamente el 90 % de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, mientras que después de la Ley 30 de 1992 hoy llega a valores ostensiblemente menores. El Decreto 728 de 1982, manifestaba que los presupuestos de las universidades estatales se financiarán hasta en un 90 % con aportes de la nación que, en siete años, van disminuyendo a un 70 %, aparentemente como un mecanismo —regresivo e irresponsable—, para motivar a los gobiernos departamentales a financiar parte de la educación superior de sus territorios, situación actualmente lamentable por peleas políticas.

El SUE ha sido incapaz de detener esta disminución de aportes en repetidos gobiernos ultraconservadores. Con una preocupante pasividad, ha permitido que la transferencia estatal se reduzca año tras año, sin defender activamente el presupuesto que, por derecho, deberían recibir las universidades. Esta es la razón principal de cómo llegamos aquí «con pusilanimidad e irresponsabilidad» situación que no ha sido cubierta aun con la asignación incremental. En lugar de enfrentar al Estado —nacional y regional— y exigir un financiamiento digno, el SUE —o mejor la dupla Cesu-SUE— se ha limitado a ajustes marginales y respuestas superficiales. Esta actitud «desangelada y timorata de sus rectores constituyentes» ha debilitado las bases de las universidades, obligándolas a depender de recursos cada vez más limitados y a enfrentarse solas a un entorno de creciente competitividad. Esta inacción es, en última instancia, una traición a la misión de preservar la educación pública de calidad.

Como investigador, sé que todo evento tiene un origen multifactorial. Otro elemento clave en esta sistemática descomposición es la Ley 30 —sin actualizaciones hace 32 años—, un marco legal anacrónico y sin actualizaciones periódicas. Aunque en su momento esta Ley de 1992 permitió cierta estabilidad, hoy está completamente desfasada y no responde a las necesidades actuales de la educación superior. El financiamiento asignado a las universidades no ha sido actualizado de acuerdo con los cambios económicos y sociales, lo cual implica que los recursos, antes suficientes, hoy resultan insuficientes.

La falta de actualización de la Ley 30 significa que las universidades no cuentan con el presupuesto necesario para «mantenerse a la vanguardia» en educación e investigación. La UdeA se ve obligada a vender servicios como cualquier empresa privada para solventar lo que no es cubierto. Este desajuste ha empujado a las universidades a tomar medidas de emergencia, como la reducción de sus enfoques, la precarización de la planta docente y la búsqueda desesperada de fuentes de ingreso adicionales, que «lejos de resolver el problema, lo agravan» ya que los préstamos van con intereses, seguramente por encima del estándar, típico de la banca cuando más arrodillado esta al prestamista. En este contexto, el fracaso en modernizar la Ley 30 evidencia la indiferencia del Estado hacia la educación superior pública, cuando promete solo cerca de seis puntos porcentuales más, sin percatarse, que solo son pañitos de agua tibia, porque la deuda asciende a cerca medio billón de pesos.

En medio de esta crisis, la UdeA y otras instituciones han sido prácticamente forzadas a expandirse a nivel territorial. La presión del Gobierno central y los entes territoriales ha llevado a la Universidad a abrir sedes en múltiples municipios del departamento como requisito para acceder a ciertos fondos específicos, en pocas palabras, una regionalización irreflexiva. Si bien llevar la educación a más regiones es en principio loable, la implementación ha sido insostenible e irreflexiva. Mi suegro dice: «el que gasta 12 y gana 10, descuidado es»… Esta expansión territorial no ha sido acompañada de un financiamiento proporcional ni de una estrategia que permita cubrir los gastos adicionales. Las sedes regionales deben sostenerse con un presupuesto ya insuficiente para la sede central, generando un desgaste y sobrecarga financiera evidentes. En lugar de fortalecer la educación en las regiones, estas políticas de regionalización están debilitando aún más la universidad, diluyendo sus recursos y comprometiendo su calidad.

Una mirada fenomenológica ayuda a comprender este microcosmos de problemas estructurales en el financiamiento de la UdeA. La universidad pública no puede ser tratada como un imperio. A lo largo de la historia, imperios como el romano o el español se expandieron a territorios lejanos, solo para descubrir que esta expansión, en vez de fortalecer su dominio, los debilitó. De la misma manera, una universidad que intenta expandirse sin el respaldo financiero adecuado y sin una estructura administrativa capaz de gestionar equitativamente las demandas de sus sedes está condenada a repetir este error histórico. La prueba de que administrar cuesta lo evidencia el balance entre los gastos generales y los gastos especiales —administrativos— siendo 41 % vs 42 % y sin tener en cuenta los fondos de pensión —7 %— entre otros.

Evidentemente, hay urgencia de actuar. La crisis de desfinanciamiento de la UdeA, y de las universidades públicas en general, no puede solucionarse con parches ni paliativos. El SUE, que vive en Narnia, debe exigir una financiación justa, si bien poca vocería ha demostrado ya que deja al gobierno estudiantil y sus marchas de comprensible protesta esta gestión, ellos solo observan desde su club de confort. El gobierno debe proporcionar el respaldo financiero necesario para garantizar la sostenibilidad de la educación superior pública, bien con una reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, bien con un decreto de transferencia in situ mientras se gestiona en el Congreso.

Si permitimos que se erosione el presupuesto de las universidades y que la desidia prevalezca, corremos el riesgo de perder uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social y científico del país. La comunidad y sus líderes están lidiando solo con los síntomas sin cuestionar la estructura profunda y el manejo de fondo, que datan de décadas atrás. La educación pública no puede ser una moneda de cambio ni un lujo: es una necesidad que demanda el compromiso de todos si queremos el desarrollo del país, una economía que dé valor y un concurso internacional.

Plus 1: Cruzo los dedos porque el proyecto de Ley 212 de 2024, de un respiro… y sin deteriorar la autonomía universitaria. 

Plus 2: La máxima reza: «soldado avisado, no muere en guerra»… y me pregunto, ¿fuimos advertidos con tiempo —suficiente—, al menos para entrar en la trinchera?

Links de interés:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341902_archivo_pdf.pdf
https://fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2024/03/Analisis.-Presupuesto-general-de-la-nacion-PGN-2023.-Sector-educacion.pdf
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-213773%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
 

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/FinanzasUpublica

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.