Opinión

No hace falta decir que una reflexión filosófica sobre la universidad tiene que partir de la realidad de las situaciones de injusticia que se dan en ella y responder a estas con una visión crítica. Pero es necesario decir que esto es válido tanto para los niveles de descripción como de evaluación. Podemos equivocarnos en nuestra evaluación de la situación por la que atraviesa la universidad pública en Colombia en el presente, y podemos equivocarnos al intentar proponer teorías sobre el ideal de universidad debido a que la evaluación de la que se parte puede ser errónea.

Para tener una visión amplia de lo que es y puede significar la universidad se debe partir de una teoría empírica del contexto actual de las relaciones políticas y económicas que determinan el funcionamiento y proyección de la universidad. Es decir, se debe partir de la historia de la presente situación de injusticia que afecta a las IES públicas y de los factores responsables de esta. 

La situación actual de crisis de las IES públicas y en particular la Universidad de Antioquia —UdeA—, y del Icetex, es resultado de la utilización de un modelo normativo que el Congreso y el Poder Ejecutivo implementaron desde principios de los años noventa —Ley 30 de 1992, Decreto 1277 de 2002— a partir de la puesta en acción de un conjunto de políticas neoliberales sobre las instituciones sociales de salud, pensiones y particularmente educación. 

El neoliberalismo trasladó al ámbito privado muchas de las instituciones estatales relacionadas con el aseguramiento de los derechos sociales y liberó al Estado como garante y financiador de los bienes sociales básicos mencionados. 

En este sentido, la visión de educación que se plasmó en las mencionadas normas, y que progresivamente se afianzó en los campus académicos, somete a la universidad y a la ciencia a los estándares de un capitalismo académico, y subordina la búsqueda del conocimiento en general al aumento de la acumulación de capital en las universidades. Las universidades, según la ideología neoliberal, deben convertirse en empresas que tienen que actuar y organizarse siguiendo los criterios de la competencia en el mercado, buscando el éxito en la competencia por fondos, profesores y estudiantes. La universidad se concibió como una fábrica de profesionales que produce una mercancía, que es la habilitación profesional.

En este contexto se puede afirmar que la desfinanciación estructural de las IES públicas —informe SUE, 2021: $ 17.6 billones al año 2018. UdeA $ 348 095 millones— es resultado de que el Estado solamente apalanca una parte de los gastos misionales de estas, forzándolas a conseguir en el mercado los recursos que faltan para cumplir con todas las misiones institucionales. 

Esto determina que se produzca una privatización de lo público. La insuficiente financiación de las IES públicas ocasiona un progresivo cambio en su naturaleza —hacia universidad privada— y determina a la vez que si una institución educativa es incapaz de conseguir estos recursos, por no poder convertirse en un actor exitoso del mercado, o por la imposibilidad de someterse a un plan de austeridad como el impuesto por el gobernador de Antioquia a la UdeA, puede entrar en una severa crisis de sus finanzas como sucede a esta última, que podría conducir al cierre, la quiebra, la cesación de pagos, etc.

Quienes han defendido la universidad moderna, liberal e ilustrada han considerado que, para desarrollar una investigación básica, libre y autónoma, lo más conveniente en un Estado de derecho es el sistema de educación pública. John Rawls, por ejemplo, afirma que el financiamiento público de la educación es un requisito para la justa igualdad de oportunidades. Es importante notar que las IES públicas tienen un papel esencial en promover la igualdad de oportunidades, asegurando que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, puedan desarrollar su potencial y contribuir al bienestar colectivo. Una de las condiciones de posibilidad de una universidad, que no se entiende a sí misma como una fábrica de profesionales, es que su financiamiento no dependa del mercado. Sin el financiamiento público de la educación, las desigualdades estructurales, la pobreza, la exclusión se mantendrán, debilitando los principios de equidad e inclusión que sustentan la justicia social y la democracia.

Esta descripción de la situación actual de la universidad pública nos permite mostrar que en ella se producen formas complejas de injustica estructural, que se dan por la incapacidad que del Estado para sostenerla materialmente y para promover la igualdad de oportunidades en la educación. 

Millones de jóvenes quedan semestre tras semestre por fuera del sistema público de educación —anualmente se gradúan de la educación media, en promedio, 550 000 estudiantes—. De ellos, el 93 % pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, 480 000 posibles aspirantes necesitan apoyo estatal para poder continuar sus estudios en universidades privadas o en instituciones técnicas. 

Como el apoyo financiero por parte del Estado no lo han dado los anteriores gobiernos, ni ha sido capaz de crearlo el actual, se produce, como ha sido ampliamente diagnosticado, un sistema de apartheid educativo, que quiere decir que tenemos dos sistemas educativos: uno para los pobres y otro para los ricos, lo cual determina que se produzca una clara diferencia en la calidad de la educación colombiana que aumenta las desigualdades sociales y produce inmovilidad social. 

En Colombia, los estudiantes pueden recurrir a créditos públicos como los del Icetex, préstamos bancarios, cooperativas, o fondos universitarios para pagar la universidad. El Icetex es una entidad estatal concebida para facilitar créditos a las familias y estudiantes de los estratos sociales bajos, pero incorpora características financieras —elevados intereses— que determinan que sea percibida como un sistema que opera con una lógica similar a la de entidades privadas, produciendo así otra forma de injusticia estructural.

Como una estructura igualmente injusta es la planta profesoral de las IES públicas. Según el informe del SUE —2021— de los 49 956 profesores/as que tienen las IES públicas, 12 875 son de planta —22 %—, 10 576 ocasionales —21 %— y 26 505 de hora cátedra —53 %—. En la UdeA, hay 1498 profesores regulares en 2024-1; 698 ocasionales y 6151 catedra.

Los profesores y profesoras peor situados en la actual estructura organizacional de las IES públicas son los que están en la llamada zona de precarización —profesores/as de cátedra y ocasionales—. Precarización laboral significa que en las IES públicas hay un grupo de profesores/as que no tienen estabilidad laboral y viven entonces una situación de inseguridad, pues a pesar de sus estudios y experiencia a nivel de maestría y doctorado, se ven atrapados en la temporalidad del empleo y sin garantías para el mejoramiento económico y social. Su situación es dramática pues las consecuencias generadas por el paro y las asambleas amenazan sus ingresos, sus prestaciones sociales y su contratación, debido a las posibles medidas tomadas por la administración.    

Del análisis de estas formas de injusticia estructural llegamos a la cuestión central: el primer asunto de la justicia es la cuestión del poder. «Esto significa que la justicia tiene su lugar propio donde la justificación central para una estructura social básica debe ser proporcionada y se establecen las reglas de juego institucionales que determinan la vida social de abajo hacia arriba» —Rainer Forst, 2015, 58—. 

Establecer las reglas de juego institucionales es un problema de poder y demanda algo fundamental: en la deliberación política cada participante como sujeto de justificación tiene el derecho de ser respetado en su dignidad de ser una persona que puede proporcionar y exigir justificaciones. 
 

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía, el 2 de diciembre de 2024. 
   
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