Opinión

El pasado 3 de octubre, el Gobierno nacional realizó un acto de excusas públicas ante los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el caso de las ejecuciones extrajudiciales contra varios jóvenes de Soacha y Bogotá. Este acto, que se llevó a cabo en cumplimiento de medidas de satisfacción ordenadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, se realizó de manera pública tal como lo habían solicitado las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.(1)

Recordemos que el caso de Soacha fue el que permitió descorrer el velo que cubría la macabra práctica de las ejecuciones extrajudiciales contra civiles que eran asesinados y luego mostrados falsamente como guerrilleros muertos en combate. De acuerdo con lo que se expuso en el acto de excusas públicas, entre 2004 y 2008 diecinueve jóvenes fueron llevados a diferentes partes, especialmente a Ocaña, Norte de Santander, bajo el engaño de ofertas laborales para luego ser asesinados por el Ejército Nacional. Por estos hechos, veintiún integrantes del Ejército fueron condenados por la justicia ordinaria. 

Desde 2008, cuando las madres se enteraron de que sus hijos y familiares habían sido reportados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate, ellas iniciaron de manera valiente un proceso de denuncia y reivindicación de la memoria de sus hijos. Desde entonces, ellas tuvieron que enfrentar las intimidaciones por parte de integrantes del Ejército, la indolencia de los medios de comunicación, e incluso, las declaraciones revictimizantes de Álvaro Uribe.(2) 

En la lucha por sus derechos como víctimas, las Madres de Soacha han contado con el apoyo de múltiples organizaciones de derechos humanos que han brindado solidaridad, acompañamiento psicológico y jurídico por cerca de quince años en una travesía repleta de barreras. Su movilización también ha servido de inspiración y para que la sociedad colombiana conozca las consecuencias de una política de seguridad que, en la práctica, terminó poniendo precio a la vida humana. Entre las múltiples acciones emprendidas, vale la pena recordar la Campaña por la Verdad y el mural «¿Quién dio la orden?», así como el intento de altos oficiales del Ejército Nacional por silenciar dicha campaña.(3) 

En el acto de perdón las madres reconocieron la presencia y apoyo del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, quien ha dedicado su vida a la causa de los derechos humanos, pero también manifestaron de manera vehemente que quienes deben pedir perdón son los responsables del gobierno que promovió tales políticas, es decir, el expresidente Álvaro Uribe y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Así mismo, fueron enfáticas en que no están dispuestas a perdonar a quienes fueron capaces de generar tanto dolor y sufrimiento.  

Los testimonios de las madres y los familiares de las víctimas dejan ver, una vez más, lo que las organizaciones de víctimas han señalado durante las últimas décadas. El perdón es un acto individual que incumbe al fuero interno de cada persona, de manera que las víctimas no están obligadas a perdonar. Cuando ellas dan su perdón, es porque previamente los responsables han tenido actos sinceros de reconocimiento consistentes en el esclarecimiento de la verdad, la aceptación de las responsabilidades, la contribución con la reparación de los daños ocurridos y, finalmente, una solicitud de perdón sincera por parte de estos. 

En perspectiva de justicia restaurativa, el reconocimiento sincero tiene una dimensión subjetiva y moral que se advierte en el cambio de actitud de los victimarios con respecto a sus acciones pasadas y que está asociada con sentimientos de empatía hacia las víctimas y vergüenza por las afectaciones causadas. Pero, además de la dimensión moral, hay una dimensión política que supone una transformación de las relaciones de poder entre el agresor y la víctima. Quien pide perdón después de escuchar con respeto las voces de las víctimas, se despoja del aura de poder y soberbia de quien se cree superior al otro y reconoce la humanidad del otro agredido. 

Volviendo al caso de las Madres de Soacha, el acto de excusas públicas del pasado 3 de octubre es un primer paso en el reconocimiento de sus luchas y una manera de decirles que no están solas. Pero también muestra que las heridas siguen abiertas y que aún quedan muchas deudas pendientes con las víctimas, de manera que el camino de la reconciliación será largo y complejo. Este acto debe servir como un llamado de atención a la sociedad y, especialmente, a los responsables de estos crímenes sobre el hecho de que la negación, a la manera del expresidente Uribe, no puede ser una opción. La construcción de paz en Colombia no será posible si no hay procesos de esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidades.

Referencias: 

1. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=L3H29kVTqYA 
2. Ver: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/falsos-positivos-alvaro-uribe-se-retracta-de-senalamientos-contra-hijos-de-las-madres-de-soacha-90076 
3. Ver: https://www.elespectador.com/investigacion/intimidaciones-y-allanamientos-asi-se-hizo-el-mural-quien-dio-la-orden/

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Notas:

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