Opinión

Hace 30 años Colombia realizó el proceso de reforma constitucional que condujo a la actual Constitución política del país. Habían corrido los años 80 cargados de violencias y guerras, para esa época estaban en pleno furor las dos guerras en las cuales los colombianos persisten actualmente: la guerra entre Estado y guerrillas y la guerra contra las drogas. Por si fuera poco, esas dos guerras fueron condimentadas con el guiso del sicariato organizado y al menudeo. 

Entre los diagnósticos de la crisis social y política figuró como explicación de los altos índices de violencia y, especialmente, de la existencia de las guerrillas, el carácter restrictivo de la democracia colombiana. El sistema político estaba restringido a la representación de unos sectores sociales y políticos encarnados principalmente en los partidos socios del Frente Nacional: Liberal y Conservador. 

Igualmente, los tiempos modernos demandaban abrir la participación política a la ciudadanía, la cual tomaría parte activa, y no solo por medio de los partidos políticos, en la vida pública de la nación. Esa apertura era más urgente para Colombia porque la realidad sociocultural imponía la realidad de un país de regiones, multiétnico y con población pluri diversa. Esa nueva realidad exigía un nuevo pacto constituyente, un acuerdo entre las fuerzas vivas del país, para superar la crisis de violencia y guerra y poner a Colombia a tono con las tendencias del mundo del siglo XX y, ante todo, del XXI. 

El proceso constituyente que arrancó en Febrero terminó el 4 de Julio de 1991 con la nueva Constitución, siendo el rasgo principal de ésta el carácter de democracia participativa y pluralista. A partir de allí, el país entró en el boom de la participación, centrándose la acción de distintas organizaciones e instituciones en la formación ciudadana necesaria para crear el ciudadano del lenguaje de los derechos protagonista de la vida pública.

Después de 30 años, la implementación de la Constitución parece arrojar un balance alentador sobre participación y pluralismo visto desde el avance de movimientos sociales y políticos que han renovado el panorama del sistema político colombiano. Es así que, por ejemplo, el Congreso de la República, Cámara de Representantes, Asambleas, Concejos, entre otros, dejaron de estar pintados de rojo y azul (Liberal y Conservador), colores propios del Frente Nacional, para darle lugar a otros colores, a otras expresiones políticas.

Esa apertura también se ha hecho sentir en la renovación del poder Ejecutivo, especialmente a nivel departamental y municipal, donde otras fuerzas políticas han ganado en las urnas el derecho a gobernar. A la par, los medios de comunicación se han diversificado reflejando el carácter plural que converge en el territorio de la nación. Por supuesto, la globalización con el desarrollo de tecnologías de la información y el conocimiento han incidido seriamente para que la tendencia democratizadora sea más difícil de contener. 

Y, aunque cueste creer, la Constitución ha permitido efectivamente disminuir los índices de violencia y guerra en el país. El derecho ciudadano y el deber del Estado de proveer paz establecido en la Carta política, han facultado a gobiernos de distinto signo político para realizar Acuerdos de paz, los más recientes con paramilitares y FARC-EP. 

Estos resultados del proceso constituyente y de la Constitución contrastan, 30 años después, con las violencias y las dos guerras encabezadas por el Estado colombiano que siguen siendo noticia: Feminicidios, asesinatos por robo, extorsiones, asesinatos de líderes sociales, combates de la fuerza pública contra el ELN y los diferentes carteles, cartelitos y cartelotes del narcotráfico. 

La persistencia de estos hechos ha dado para pensar en la necesidad de otro proceso constituyente y la renovación del pacto político y terminar ahora sí con la crisis. Sin embargo, tendría que considerarse, más bien, la necesidad de renovar el régimen político, es decir, quién debe ejercer el poder en los términos de democracia participativa y pluralista tal como lo señala la Constitución. El sistema político democrático poco puede consolidarse cuando los gobiernos encargados de encabezar su implementación optan por restringir derechos privilegiando el uso de la violencia como el primero y no el último de los recursos.

Que por la vía democrática sean elegidos gobernantes poco dispuestos en la práctica a obedecer los cánones constitucionales de promover la participación y respetar la pluralidad, nos recuerda que sigue pendiente la labor de la formación ciudadana para modificar la matriz colombiana de cultura política arraigada en valores y creencias decimonónicas que resisten el cambio apelando constantemente a la violencia como única fuente de autoridad. 

Si para el tanguero Gardel “es un soplo la vida” y “20 años no son nada”, para un país como Colombia, cruzado por guerras y violencias que de apoco se viene sofocando, 30 años de persistir en la democracia participativa y pluralista estipulada en la Constitución es tan solo el comienzo.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el domingo 7 de febrero de 2021

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