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Debido a los requisitos y demoras para la convalidación de sus títulos, algunos venezolanos han desistido de ejercer en Colombia su profesión. Foto: archivo Cultura Centro/Universidad de Antioquia.

Toni Vitola Jiménez, venezolano que vive hace tres años en Colombia, radicó la petición de convalidación de su título académico ante el Ministerio de Educación Nacional hace seis meses. Desde entonces, no ha recibido respuesta. Sabe que su solicitud es una entre más de 10 000 que están pendientes, y que en su mayoría son de profesionales de la salud.

Vitola es economista de la Universidad Central de Venezuela y lidera proyectos como Voluntad Popular y Colvenz —Colonia de Venezolanos—. Allí ha conocido casos de profesionales que optaron por los oficios domésticos para sobrevivir, ya que el pago de la apostilla —mecanismo de legalización de documentos académicos— es sumamente costoso para los habitantes de su país: cerca de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

«Si un migrante venezolano tuviera 300 dólares —costo aproximado de la apostilla— quizá no tendría que venir a buscar otra vida a Colombia. La convalidación es la principal barrera para el proceso de integración profesional del migrante», aseguró Daniel Carvajal Suárez, abogado, colombo venezolano e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, quien hasta hoy ha indagado cerca de 2000 casos de convalidación de migrantes en Colombia.

Los títulos profesionales son el principal capital cultural de un migrante, pero en la práctica hay un proceso de devaluación que se plantea por desconocimiento de algunas instituciones educativas. Incluso, quienes logran convalidar enfrentan desconfianza sobre sus capacidades profesionales. «Hay una diferencia en el trato: si eres un europeo o un canadiense o un venezolano. Más que por la nacionalidad, es evidente una fobia, en la que media la clase social», aseguró Vitola Jiménez.

Las leyes no diferencian la nacionalidad de un solicitante. Sin embargo, la aparente igualdad tiene efectos diferenciados. «Hay un divorcio entre el derecho y la realidad social —aseguró Carvajal Suárez—, el Gobierno colombiano sabe que algunas comunidades migrantes, como los venezolanos, no estamos en una normalidad sino en una situación de emergencia. Sin embargo, no eliminan las barreras innecesarias».

El pago de la apostilla es un requisito para todos los migrantes, sin importar su nacionalidad. Sin embargo, el salario mínimo mensual de un venezolano es de 4 dólares —cerca de 14 000 pesos colombianos—. La convalidación cuesta cerca de 600 000 para pregrado y 700 000 para posgrado.

Para Carvajal Suárez esas limitaciones finalmente perjudican es a Colombia, porque los migrantes no podrán entrar en el régimen contributivo, ya que usualmente se dedican al mercado informal. Las barreras innecesarias y los prejuicios no dejan ganancias a un lado ni al otro. Si todas las personas tienen la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, afirmó, se reducen las posibilidades de delincuencia y desacuerdos. 

Evolución del marco legal de convalidación

La convalidación es el reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional —MEN— le da a un título de educación superior otorgado por una institución legalmente autorizada en el país de origen.

2005 | La Resolución 0547 del Ministerio de Educación Nacional exigía documentos impresos que debían llevarse hasta su sede, en Bogotá.

2015 | La Resolución 6950 estableció tres casos para solicitud de convalidaciones: acreditación de institución por alta calidad, caso similar y evaluación académica. La ley establecía hasta cuatro meses para la respuesta, pero en la práctica duraba más de un año. Para los venezolanos, recién llegados al país, sin contactos y con situaciones económicas difíciles, derivó en que muchos abandonaran el proceso para dedicarse a sobrevivir en labores que no les exigieran un título académico.

2016-2018 | Hizo eco en el país la noticia de irregularidades en la documentación presentada por un grupo de cirujanos procedentes de Brasil para la validación de sus títulos. Para Carvajal, hechos como ese provocaron un endurecimiento de las normas, ya no desde «la buena voluntad del migrante, sino desde la sospecha, desde premisas falsas».

2019 | En octubre se emitió la Resolución 010687, que es explícita al decir que la convalidación de títulos de Venezuela se adelantará en un término máximo de 120 días calendario.

El Ministerio de Educación viene haciendo grandes esfuerzos para descongestionar este panorama. En octubre lanzó la Estrategia Integral de Servicio al Ciudadano, con el propósito de simplificar los trámites y reducir en al menos un 50 % el tiempo del trámite. Se anunció, incluso, que para los venezolanos se aceptaría el permiso especial de permanencia. El reto para el MEN no es menor, pues el 28 % de títulos sometidos a convalidación, vienen de esta población.