Opinión

El gobierno del presidente Duque persiste en banalizar los actos recientes de violencia extrema en el país, presentando las masacres como actos de menor naturaleza e insignificante trascendencia en el acontecer de su mandato político. En línea presidencial, el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, afirmó que “No se puede llamar masacre a la pelea entre dos bandas de narcotraficantes”, porque, según él, “son miembros de un grupo armado”, por lo cual concluye “ahí no hay indefensión”.

Para el Comisionado la masacre no solo requiere ser colectiva y que exista indefensión, o sea que las víctimas no estén armadas. Además, tal como afirma el Comisionado, parece para su gobierno fundamental que las víctimas sean inocentes “personas civiles que no merecen estar entre las balas”. Esta interpretación de los hechos por parte del Comisionado de Paz es controvertible desde el punto de vista jurídico y político.

Son recurrentes –no únicos– tres criterios para definir la masacre: liquidación física colectiva de cuatro personas o más, encontrarse en estado de indefensión, y que el hecho tenga relación con una guerra. Ni en la literatura, ni en la ley, la definición exige que las víctimas de la masacre sean consideradas inocentes. Al contrario, si el acto implica personas inocentes, entonces eso agrava el hecho.

Que en las masacres las víctimas sean consideradas inocentes porque en la mayoría de los casos son población civil no combatiente esto no reduce el término a ese tipo de víctima. Si en el marco de una guerra, un grupo armado sorprende a otro grupo de personas, y sin darle opción de defensa, asesina colectivamente a cuatro o más de ellas, esto también es reconocido como masacre. Con mayor razón si ese acto es agravado por prácticas de sevicia, el carácter criminal de la víctima no resta peso a la gravedad del hecho. Situación por supuesto más grave si los actos de crueldad los padece población inocente.

Por esta razón, la “naturaleza” del grupo masacrado no exime al gobierno y al Estado democrático que dice representar, de su responsabilidad como garante del derecho a la vida, tanto de inocentes como de delincuentes. Cuando el Comisionado califica al narcotráfico de “banda” quiere connotar que son delincuencia común y, por su naturaleza, los actos extremos de violencia cometidos por esta, no tendrían relación con las dos guerras que el gobierno lidera: la guerra contra la guerrilla y la guerra contra las drogas.

El gobierno Duque tiene como bandera intensificar ambas guerras, las esquirlas de la primera guerra, y el fragor completo de la segunda, son responsabilidad del gobierno. Y en el marco de esas políticas, presenciamos las masacres tanto de inocentes como de “delincuentes”. Que las masacres sean recurrentes y que algunas de ellas sean agravadas por ser las víctimas inocentes y padecer sevicia de sus verdugos, pone de manifiesto la responsabilidad del gobierno en la garantía del derecho a la vida.

El carácter recurrente de las masacres significa que la violencia disfruta de un amplio margen de maniobra en el territorio nacional, amplitud que debería ser limitada por el gobierno, de manera que un grupo armado no aniquile un colectivo de personas (inocentes o “culpables”) en estado de indefensión y, quizás, con crueldad.  

El Comisionado de Paz aportaría a su función, y a la construcción de paz del país, si abandona la diferenciación de los muertos entre buenos y malos, porque en el Estado democrático los “delincuentes” también tienen derechos humanos y garantías. En ese Estado que dice representar el Comisionado Ceballos, la denuncia y la sanción de los hechos extremos de violencia son más vehementes cuando comprometen la vida de inocentes. Pero no dejan de ser menos importantes si los muertos son presumiblemente criminales, legalmente no existe la pena de muerte en el país ni mucho menos la masacre, a pesar de la obstinada realidad colombiana.

Para detener las masacres y efectivamente contribuir a la paz, convendría revisar la política de guerra contra la guerrilla y la política de guerra contra las drogas. Porque ambas guerras profundizan los problemas de derechos humanos en los territorios, especialmente aquellos donde el mismo gobierno Duque, en cabeza de su Comisionado, dice estar implementando el Acuerdo de Paz en el marco del Estado democrático y constitucional.

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el jueves 3 de septiembre de 2020

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