Opinión

Es función del Estado garantizar la disponibilidad y confiabilidad del suministro seguro y eficiente de la energía. Esto puede hacerse mediante el diseño y aplicación de una política energética basada en la planeación para el uso integrado de los recursos energéticos del país, la existencia de una regulación eficiente que dé señales oportunas y adecuadas a los actores que participan en el mercado energético y una preocupación permanente, no coyuntural, por un uso racional y eficiente de la energía en todos los sectores de la sociedad.

En Colombia, en los últimos veinte y cinco años se han evidenciado debilidades y limitaciones del Estado para garantizar la confiabilidad en el suministro de energía. El apagón del año de 1992 y el inminente racionamiento de energía eléctrica por estos días; las deficiencias en la disponibilidad y  calidad de servicio de distribución de electricidad en algunas regiones como es el caso del Caribe colombiano; el incremento de los precios en el sector residencial, cuyo valor promedio han sido superiores al índice de inflación en los últimos quince años y unos precios de electricidad para el sector industrial que están entre los más altos de América Latina, constituyen evidencias irrefutables de la crisis del sector eléctrico colombiano y ponen en tela de juicio la efectividad y vigencia de la reformas adelantadas en la década de los noventa mediante la promulgación de la  Ley 143 de 1994 y posteriores modificaciones.

El potencial hidroeléctrico que tiene el país ha conducido a que la generación de electricidad dependa en potencia en un 70% de centrales hidroeléctricas, lo que en periodos de pocas lluvias y disminución de caudales, consecuencia de la duración e intensidad cada vez mayor del fenómeno de El Niño, hace más vulnerable el sistema eléctrico colombiano y limita la disponibilidad de energía eléctrica. A lo anterior hay que agregar el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas que alimentan los embalses, en los cuales se presenta sedimentación que reduce el volumen útil, y disminuyen la disponibilidad de agua.

El apagón del año 1992 fue señal de que el país debía diversificar su matriz de generación de electricidad, por lo que se promovió la construcción de centrales térmicas que utilizaran como combustible gas natural; fue así como en la regiones Caribe, Magdalena Medio y Valle del Cauca se instalaron varias centrales que contribuyeron a que la generación térmica represente hoy el 30% de la potencia total instalada. En períodos de hidrología deficiente, aproximadamente en un 50% del suministro de energía en Colombia depende de estas centrales, como está sucediendo actualmente.

Ante la falta de disponibilidad de gas natural y por razones de costo en los actuales momentos algunas centrales de gran capacidad operan con combustibles líquidos, el cual sólo se recomienda en condiciones de emergencia y pocas horas de utilización, en tanto las posibilidades de fallos de las turbinas son mayores. Lo anterior   sumado al largo período de hidrología deficiente, los problemas de mantenimiento y fallos de las centrales de Guatapé y Flórez hidráulicas y térmicas respectivamente, ponen en riesgo la seguridad del suministro y en periodos en los que la curva de demanda es mayor que la oferta; en consecuencia se hace necesario el racionamiento de energía y si las causas examinadas se hace más severas el país experimentaría un nuevo apagón.

En la crisis actual no han sido menos importantes los errores o la ausencia de iniciativas desde la Comisión de Regulación de Electricidad y Gas (CREG). Con el supuesto de promover la competencia en la generación de electricidad y evitar posibles posiciones monopólicas por parte de algunos agentes en el mercado, la CREG estableció que ningún generador puede tener más del 25% de la potencia total instalada. Con ello se limitó la iniciativa de empresas como EPM e Isagén, que dada su capacidad técnica y financiera y su experiencia exitosa en el sector pudieron haber incrementado su capacidad de generación con la construcción de nuevas centrales para darle mayor robustez al sistema eléctrico.

“La energía más costosa es la que no está disponible”; definitivamente en Colombia aún no se ha asimilado esta frase de cajón de la industria eléctrica mundial: el apagón del año de 1992 le costó al país 18 billones de pesos.

Hoy, cuando estamos ad portas de un apagón es tarde para jugarse la opción del ahorro de energía; la promoción y aplicación de políticas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética en todos los sectores de la sociedad debe ser una iniciativa permanente, sistemática por el Estado, y no coyuntural. Para las empresas generadoras y distribuidoras no debe haber lugar a una doble moral, consistente en no promover en los usuarios el ahorro en periodos de abundancia, pero llamar al ahorro en periodos de escasez. El marco regulatorio establecido por la CREG para la fijación de los precios de electricidad y el gas natural se constituye en una barrera para los programas de eficiencia energética; hasta hoy ha primado la tesis de que el menor costo unitario de los KW.h de electricidad o metros cúbicos de gas se obtiene cuando se tengan mayores rangos de consumo, en la lógica del que consume menos debe pagar más.

Nota

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