Opinión

La corrupción destruye los fundamentos de la democracia e indica, cuando su nivel es tan alto como el que tiene Colombia, que los políticos se han convertido en inmorales, criminales y cínicos. Hay que decir que no toda la clase política es corrupta, pero en la mayoría de los escándalos de la gran corrupción de las últimas décadas, los partidos políticos, el Congreso, miembros de diferentes gobiernos, la Policía y las Fuerzas Militares, han estado involucrados.

El significado político de lo público se despliega en dos sentidos: gobierno del público y gobierno en público. Norberto Bobbio escribe que “el gobierno del público, señala el gobierno del pueblo, no de una persona o de pocos; y gobierno en público significa que los actos del poder son ejercidos directamente frente al pueblo, o que son comunicados de diferentes maneras a sus destinatarios naturales, los ciudadanos”.

El gobierno democrático es el gobierno del poder público ante el público. “No hay democracia sin opinión pública, sin formación de una ciudadanía que reivindica el derecho de ser informada sobre las decisiones que se toman a favor del interés colectivo, y de expresar sobre ellas su libre crítica” (Bobbio). En la democracia el vocablo público es adoptado como acción “visible”, “transparente”, en oposición a “invisible”, “oculta”, “secreta”.

En el tipo de democracia limitada, como es el caso de Colombia, que permanece atada a la corrupción, los poderes “invisibles” constituyen una oposición total a los poderes “visibles” que surgen del ejercicio democrático de los ciudadanos en su vida política. Los poderes “invisibles” se oponen también al principio de representación democrática que exige que los actos de los gobernantes elegidos sean plenamente transparentes.

Un ejemplo de esto es la elección del nuevo Fiscal General por parte de la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la República. Este proceso permitiría mostrar, si se hace eligiendo y nominando a la persona más competente de acuerdo a las exigencias del cargo, que el interés democrático de la ciudadanía de tener un Fiscal al servicio del derecho y la sociedad sería reconocido. Si por el contrario, la elección y nominación se hace en el marco de arreglos y componendas “invisibles” y “secretos” entre la Unidad Nacional, Cambio Radical y el Partido Liberal, el interés democrático de la sociedad quedará nuevamente subordinado a los intereses de los grandes poderes políticos y económicos.

Cualquier forma de poder “oculto”, como el que sabemos está operando para la elección del nuevo Fiscal General, tiene como consecuencia la incapacitación del ejercicio del derecho de los ciudadanos. Cuando ya se preanuncia que de la lista de 16 preseleccionados hay tres aspirantes de peso pesado, pero solo habrá cupo para dos, se está realmente anunciando la “decisión” de un gobierno y de una clase política que no actúan democráticamente, que deciden políticamente en gabinetes secretos, clubes, cenáculos nocturnos, lejos de las miradas indiscretas del público.

Es un poder enmascarado que desconoce también, cuando considera necesario, la articulación sistemática de los tres poderes del Estado.

Ver la publicación de este artículo en el periódico El Colombiano del martes 19 de abril de 2016

Nota

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