Poderes formales y poderes reales
Poderes formales y poderes reales
«... No es sólo con el camuflado que el Estado ganará legitimidad, en tales territorios la lealtad de la población la tienen a su favor las estructuras criminales. Son a ellas a quienes recurren los habitantes cuando necesitan resolver distintas necesidades...»
El presidente Duque mostró como uno de sus grandes triunfos en seguridad la captura y extradición del jefe del Clan del Golfo, Otoniel, a Estados Unidos. Es un triunfo simbólico como lo han sido las otras capturas, extradiciones e incluso las dadas de baja (muertes) de distintos capos a lo largo de la historia del narcotráfico en Colombia.
Mientras el gobernante de turno celebra el fatuo triunfo, las estructuras criminales asimilan el golpe y continúan con sus cotidianas labores. Ante la captura de Otoniel, Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, mano derecha de Otoniel, asumió el liderazgo. Con ello, no solo la organización que dirige sigue con el narcotráfico y otras actividades lucrativas, sino que ahora, a modo de protesta por la extradición de su jefe, dirige un paro armado que tiene en vilo a seis departamentos del país: Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Chocó y la Guajira.
Para el gobierno, como sus aliados políticos, esta situación se presenta porque falta presencia del Estado. Presencia que es asimilada con pie de fuerza, o sea más militares y policías. Sin embargo, el arribo durante años de más fuerza militar por parte del Estado a los territorios donde está el Clan del Golfo no ha sido sinónimo de control efectivo del territorio por parte de quienes representan la autoridad estatal. Están los militares del Estado, pero manda el Clan.
Cuando se visitan tales territorios, ante la pregunta: ¿Quién manda aquí? La respuesta de los habitantes e incluso de las autoridades elegidas popularmente, es mandan las estructuras criminales. Para el caso, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o el llamado Clan del Golfo, según la denominación criminal realizada por el gobierno y las fuerzas militares estatales.
Que el poder del Estado sea nominal mientras que el poder de las AGC sea real, efectivo, no se reduce sólo al hecho de la presencia armada. El Estado colombiano, el que debería formal y realmente mandar, tiene serios problemas de legitimación con las poblaciones que han construido y habitan los territorios en disputa.
Por ejemplo, las actividades catalogadas por el Estado como ilegales, narcotráfico, minería, etc., son para muchos de los pobladores de estos territorios fuentes de riqueza para unos, y fuente de sustento diario para otros. De esas riquezas no viven solo quienes están directamente involucrados en la actividad ilegal.
También sacan usufructo indirectamente otra parte de la población. Distintas actividades económicas legales son viables gracias a las ganancias que produce la actividad económica ilegal. El desarrollo del comercio legal, venta de carros, motos, supermercados, carnicerías, farmacias, etc., son posibles porque circulan grandes cantidades de dinero. Casi todos intuyen la procedencia del metálico, pero casi nadie se resiste a recibirlo. Al decir de un actual candidato a la presidencia “plata es plata”.
El poder de esas riquezas también tiene la capacidad de corromper a los funcionarios estatales. Como bien lo señaló el jefe del Clan del Golfo ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en la nómina de la organización criminal han contado con alcaldes, gobernadores y miembros de la fuerza pública. Ese mismo dinero ha servido para financiar campañas políticas.
Cuando tantos y diversos sectores se lucran de la actividad desarrollada por las organizaciones criminales son estas organizaciones las que tienen el mando, constituyen ordenes de facto, son poderes reales. Ante esta realidad, persistir en el copamiento militar de los territorios con la fuerza pública no resuelve el problema.
No es sólo con el camuflado que el Estado ganará legitimidad, en tales territorios la lealtad de la población la tienen a su favor las estructuras criminales. Son a ellas a quienes recurren los habitantes cuando necesitan resolver distintas necesidades. Por ello, la estrategia del presidente Duque, como la de sus predecesores y algunos de quienes aspiran a reemplazarlo, centrada solo en la mano fuerte no es la solución.
Para que el poder del Estado colombiano sea real y no solamente formal en esos territorios es necesario una presencia robusta del Estado, es decir, una presencia económica y social que consolide en los habitantes una práctica cultural de acatamiento estatal. Una presencia estatal que haga sentir a los pobladores que en realidad le deben algo al Estado, algo como el bienestar. Mientras eso no suceda, serán otros los que tendrán la capacidad de mando efectiva en territorios que tienen sus propios ordenes.
Este texto fue publicado en La Silla Vacía el viernes 6 de mayo de 2022
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