Opinión

Este 24 de noviembre de 2021 se cumple el primer lustro de la implementación del Acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Seguramente serán muchos y muy variados los artículos e informes que se escriban sobre los avances y retrocesos, los logros y vacíos, o los aciertos y desaciertos sobre el balance de lo pactado en el Acuerdo del Teatro Colón de Bogotá.

Lo más probable es que muchas personas aprovechen el momento para hablar de la lentitud en la implementación de lo acordado, para lanzar críticas —con justa razón— al Gobierno de Iván Duque y responsabilizarlo por los escasos avances que durante su mandato —entre 2019 y 2021— se han alcanzado en materia de paz, y que ha llevado a que hoy se hable de un retraso de, por lo menos, diez años en el cumplimiento de la totalidad del Acuerdo Final.

Dado que el tratado de paz es comprensivo y muy amplio, posiblemente las críticas se detendrán, sobre todo, en el punto uno —relativo a la Reforma Rural Integral— para mostrar que sobre lo fundamental se ha avanzado poco —un cumplimiento de tan solo 4% en la implementación total, según el Instituto Kroc—. Las personas detractoras, quizá, expondrán algunas de las ausencias: la adjudicación de tierras a través del Fondo de Tierras; la realización de las inversiones prometidas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y la adopción de los decretos ministeriales de los planes nacionales sectoriales.

Lo mismo pasará con los análisis del cuarto punto, denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. En este se hará notar las graves demoras en asegurar el financiamiento y los compromisos adquiridos con las personas beneficiarias del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); al igual que con la creación e implementación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, que actualmente se encuentra archivado como proyecto de ley.

Eso sí, las críticas serán menores en el tema de la participación política, pero se advertirá que, a pesar de la implementación del Estatuto de la Oposición, la aprobación de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CTEP) —2022-2026 y 2026-2030— ha sido muy lenta en el Congreso de la República. Los pronunciamientos al respecto insistirán en las demoras que se tuvo en este importante tema, y la incertidumbre que existe actualmente en el funcionamiento de estas curules. Además, se lamentará el incremento de acciones violentas contra la población civil, por parte de grupos armados ilegales, en territorios priorizados para la implementación del Acuerdo Final.

Finalmente, quienes ven el vaso medio lleno, le reconocerán al Estado los importantes avances en el punto tres sobre el Fin del Conflicto, donde existe evidencia de la terminación de la confrontación armada con las FARC-EP y de los avances en el proceso de reincorporación económica y social. Pero, recalcarán que estos logros son fruto de la insistencia de las y los excombatientes al comprometerse con el cumplimiento de lo pactado, a pesar de las amenazas y asesinatos que hoy superan los 290 reportes.

Quienes priorizan lo positivo, también hablarán de los buenos resultados entorno al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tanto por su modelo de justicia transicional y los avances en los macro-casos adoptados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como por el informe a punto de publicarse de la Comisión de la Verdad. Pero de nuevo, se dirá que es fruto del compromiso de las y los juristas, y de todas las personas al frente del sistema de verdad y justicia transicional, pues el Gobierno ha objetado todo lo que hacen.  

De lo que sí no se hablará será del punto sexto, sobre la Implementación, Verificación y Refrendación. Este punto estará en el olvido de la mayoría de análisis y comentarios de la ciudadanía. Un punto que, paradójicamente, es el más avanzado. Según el último informe del Instituto Kroc, el cumplimiento va en un 58% y tan solo le falta un 10% para iniciar la fase de cumplimiento total.

Este es un olvido que se debe, básicamente, a tres razones: la primera, al triste episodio de la refrendación del Acuerdo Final, ocurrida el 2 de octubre de 2016, la cual no se quiere recordar. Ese día, debido a una polarizada votación en la cual ganó el No —manipulada por quienes se oponían a la paz negociada— se provocó un inicio con dificultades para la implementación de este importante e inédito tratado de paz.

Segundo, a que se considera que este punto —a diferencia de los otros— no atiende temas sustanciales de la paz, aquellos que han dado origen al conflicto o que garantizarán su transición. El punto de la implementación tan solo aborda asuntos técnicos y operativos, de trámite para el cumplimiento de lo acordado, que están contenidos en los demás puntos del acuerdo y, por lo tanto, es una aburrida tarea de la que deben ocuparse las personas expertas en tecnocracia, encargadas de pensar los procedimientos para alcanzar resultados.

Y tercero, a que existe en Colombia una tradición en la cultura política en la que los temas de verificación están por fuera de la labor de la ciudadanía. Hacer seguimiento a lo acordado es una  responsabilidad que realizan las agencias independientes del Estado —como la Procuraduría y Contraloría— y no el pueblo, aunque debería involucrarse en ello. Además, se confía en los organismos internacionales que —como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Unión Europea— con su experiencia y sabiduría hacen muy bien su trabajo y nos mantienen al tanto.

Y es que la mayoría de la ciudadanía no reflexiona sobre la gran importancia que tiene el punto sexto en la maquinaria que ayuda a construir la paz en el país. No dimensionan que, sin esta rueda, le faltaría al engranaje de la paz una de sus principales piezas para la implementación del Acuerdo Final. La sociedad no es consciente del gran valor y novedad que tiene este acuerdo al responsabilizar a diversas agencias y organismos para hacer seguimiento al cumplimiento de lo acordado.

En esta lógica, será poco el reconocimiento que se le dé, por parte de la ciudadanía, a organismos como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación —conformada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) —que a la fecha ha presentado 10 informes—. Asimismo sucederá con el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, quien brinda apoyo técnico en el seguimiento y verificación a la implementación, y con su Iniciativa Barómetro, del programa de la Matriz de Acuerdos de Paz, nos permite observar y medir los avances en los 578 compromisos que contiene el Acuerdo Final.

Tampoco se le dará la real importancia al trabajo que vienen haciendo otras organizaciones como el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) del Partido Comunes; al Componente Internacional de Verificación de las Naciones Unidas; al Ministerio Público —a través de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo—; al trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil —como el Secretariado Nacional de Pastoral Social, INDEPAZ, Somos Defensores, FIP y ONIC, entre otras—; y a la labor investigativa de los centros de pensamiento universitarios —como el IEPRI de la Universidad Nacional o el IEP de la Universidad de Antioquia— dado que, entre todos, logran construir una red de apoyo para que se haga seguimiento al Acuerdo y se insista en su cumplimiento.

Gracias a este trabajo de verificación, que realizan los distintos organismos y organizaciones, es posible reportar información y construir balances que nos dan una visión más clara sobre el cumplimiento de las obras para la paz en Colombia. Sin su presencia, sería difícil hablar de forma precisa sobre los aspectos positivos o negativos que enmarcan el acuerdo; y sin sus esfuerzos, los análisis que surgen —como en esta fecha que se cumplen los primeros cinco años— podrían ser inciertos y arriesgados de hacer. Finalmente, sería muy enrevesado construir argumentos para presionar la financiación para la implementación, y así evitar los retrasos o parálisis de fabricación de este importante bien común.

Este texto fue publicado en la página de la Fundación Paz y Reconciliación el miércoles 24 de noviembre de 2021

Notas:

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