Opinión

Mientras el gobierno colombiano espera regular el uso adulto del cannabis y a la vez generar un cambio internacional sobre política de drogas que conduzca a regular el mercado de la cocaína. El gobierno canadiense, por su parte, tomó la decisión de regular el uso adulto del cannabis en 2018 y ahora empieza un pilotaje para suministrar cocaína a sus ciudadanos.

La prueba será realizada en Columbia Británica, una de las provincias con mayores tasas de consumo y muerte por la llamada sobredosis. El argumento central del gobierno canadiense para justificar esta iniciativa es la salud de sus ciudadanos consumidores de cocaína.

Priorizar la salud de los consumidores aparta al gobierno canadiense del régimen de prohibición y guerra contra las drogas actual, puesto que el prohibicionismo conduce a la producción de drogas de dudosa calidad e induce a los consumidores a la ignorancia sobre los consumos.

De hecho, que las drogas sean de pésima calidad es considerado por la política prohibicionista como un indicador de éxito de la guerra contra las drogas. La ecuación prohibicionista supone que al reducir las hectáreas de cultivo de hoja de coca por medio de la erradicación —forzada y voluntaria— y aumentar la interdicción de los insumos para la producción de la cocaína, entonces, escasearían las materias primas para la producción.

Por tanto, serían menores las toneladas del alcaloide, el precio aumentaría y también quedaría afectada la calidad porque los distribuidores de cocaína tendrían que cortar —mezclar— la cocaína con otras sustancias para mantener sus márgenes de ganancia. Así, una cocaína de mala calidad y alto precio sería un desincentivo para ser consumida por los ciudadanos consumidores.

Pero lo que no plantea explícitamente la ecuación prohibicionista es que una droga de mala calidad genera alto riesgo para la salud de los consumidores. Por ello, como muestran los estudios, la cocaína cuando pierde la pureza al ser mezclada, por ejemplo, con purgantes para ganado termina por ser un veneno.

En casos como esos, no puede hablarse de consumidores que pierden la vida por sobredosis, por tomar más de la dosis tolerada por el cuerpo, son más bien muertes provocadas por envenenamiento.

Asimismo, la ignorancia a la que han llegado los consumidores y la población en general por la política de la prohibición y la guerra contra las drogas contribuye a la sobredosis porque el consumidor no se pregunta ni por la calidad de lo que consume ni sabe cuánto debería consumir. La calidad es un acto de fe del consumidor en el jibaro o dealer y la cantidad es un aprendizaje empírico que en ocasiones cuesta la vida.

Ante esta realidad, la decisión canadiense, siguiendo el enfoque de reducción de riesgos y daños, pretende que los usuarios de dicha sustancia puedan acceder a una cocaína de calidad y aprendan sobre sus usos. Entre ellos, un asunto tan básico como el lavado nasal para evitar la perforación del tabique.

Las implicaciones internacionales de la decisión canadiense permiten evocar la Cumbre de las Américas de 2012, cuando el presidente Santos solicitó a la Organización de Estados Americanos —OEA— la realización de un estudio en la región que permitiera un debate fundamentado sobre la política de guerra contra las drogas. El resultado fue el llamado informe Insulza, el cual formuló cuatro escenarios posibles para el régimen internacional de drogas: Juntos, en este escenario los países lanzan una campaña con vocación de permanencia contra las organizaciones de crimen transnacional. En este escenario el problema no es el régimen internacional prohibicionista y su estrategia de guerra sino la implementación inadecuada o incompleta del mismo.

Resiliencia, los líderes nacionales y locales reconstruyen y fortalecen las comunidades desde sus bases más elementales hasta los siguientes niveles sociales para evitar la «epidemia» de la drogadicción, o sea es la posibilidad de adecuar el prohibicionismo a las realidades locales, pero sin cambiar el régimen vigente de la prohibición. Prohibicionismo blando.

Caminos, unos países consideran que el actual enfoque para el control de las drogas no está produciendo los resultados esperados. Por ello, varios países inician procesos de experimentación que los llevan a discrepar con la política vigente para luego construir gradualmente un nuevo consenso. Y Ruptura, unos países siguen el prohibicionismo, otros, aunque dicen acatarlo, hacen todo lo contrario; y otros tantos abiertamente manifiestan que la adopción de decisiones de la política interna es un derecho soberano que prima sobre unas convenciones internacionales obsoletas e ineficaces y sobre las obligaciones derivadas de ellas.

Canadá está entre Caminos y Ruptura, invocando su soberanía y su deber de protección de la salud de sus ciudadanos, especialmente los usuarios de cocaína, posiblemente para evitar sanciones diga que sí sigue el régimen de prohibición, pero…o ante las inminentes sanciones decida suspender su participación o retirarse de las convenciones prohibicionistas. ¿Podría el gobierno colombiano acompañar a Canadá?

• Esta columna también fue publicada por el autor en el portal web La Silla Vacía
• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/cocainacanadiense

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.