Opinión

La Corte Penal Internacional ―CPI― es un tribunal de justicia que tiene como fundamento los Estatutos de Roma para el juzgamiento de delitos muy graves en el campo internacional. Esto delitos, contenidos en su artículo 5, son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Colombia se adhirió a este desde 1998 con ratificación en el 2002. Por ello, hace 17 años la Corte inició un examen preliminar de los hechos cometidos por diferentes actores en el contexto del conflicto armado colombiano por crímenes de guerra y lesa humanidad. El país ha estado permeado por la violencia y el proceso de negociación que llevó al acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ―Farc-Ep― abrió un camino para la verdad, reparación y no repetición que se traduce en justicia para las víctimas del conflicto armado y una esperanza para el pueblo colombiano.

El 28 de octubre de 2021 se firmó el Acuerdo de Cooperación entre el Estado colombiano y la Oficina de la Corte Penal Internacional ―CPI―, con el que se cerró el examen preliminar, hecho que generó desconciertos para algunas organizaciones de derechos humanos y abogados de las víctimas.

Es importante tener en cuenta que elllo se debe al principio de complementariedad que tiene la CPI hacia las cortes nacionales. Esto, ante la voluntad y la confianza de ese organismo ante la capacidad de las instituciones nacionales, en el caso colombiano de la Justicia Especial para la Paz ―JEP― y la justicia ordinaria, incluyendo la Ley de Justicia y Paz, un sistema por estar dispuesto por el Estado a adelantar procesos de justicia, reparación, financiamiento, sostenimiento, protección a los jueces y seguir informando sobre los avances de los procesos.

No nos debe preocupar la salida del organismo internacional de cuestiones preliminares; es decir, que la CPI deje de investigar casos que había iniciado para su posible investigación, proceso y condena. La visita que hizo el fiscal Karim AA. Khan el pasado 5 junio de 2023 a Colombia y la respuesta positiva de abrir una oficina en Bogotá —por petición del presidente y magistrado de la JEP, Roberto Vidal— deja un mensaje importante, la solidaridad y cooperación entre estas será un aporte constructivo no solo para Colombia, sino también para acuerdos de paz internacional. Así mismo, deja la posibilidad abierta a las víctimas para conocer la verdad y que se les repare, pues en caso de que se dé una inanición por el Estado colombiano para examinar investigaciones y juzgar delitos cometidos en Colombia, y que vulneran los derechos humanos internacionales, retomarán su competencia.

Colombia se ha convertido en una cátedra abierta de paz en la que se construye día a día el camino hacia la reconciliación de tantos años de violencia, tristeza y olvido. Las instituciones internacionales ven en ese camino un avance positivo, a un pueblo que, a pesar de las dificultades, le sigue apostando a la paz en el territorio y con un Gobierno que se la juega por ella.

Así que en este complejo camino para la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición queda un gran reto para el Gobierno, las instituciones, el pueblo colombiano y las víctimas del conflicto armado: como dice Eleanor Roosevelt «no basta con hablar de paz». Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla, ese es el gran desafío para seguir avanzando como nación.

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