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Desde finales de 2022, los principales indicadores de la violencia en Medellín han bajado. La mayoría de las variables con las que se miden este complejo fenómeno —como lo son: las tasas de homicidios, hurtos, desplazamiento intraurbano y extorsiones— presentan, en general, una caída continua desde aquel periodo. Al punto que, al cierre del año 2024, la tasa de homicidio por cada 100 000 habitantes en el Valle de Aburrá, fue del 10.2, uno de los niveles más bajos en la historia reciente.

Esta situación para muchos es atípica, si se considera, por un lado, que la presencia de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto —EAOCAI—, a los que se les identifica como los causantes tradicionales de la violencia en el cañón del río Aburrá, permanece. Según estudios sobre la delincuencia, en Medellín y el Área Metropolitana hacen presencia, en la actualidad, más de 20 agrupaciones, integradas por cerca de 350 combos subordinados.

Y por el otro, a que las fuentes de riqueza a que acuden las organizaciones criminales se mantienen. Se tiene un territorio lleno de oportunidades para captar rentas ilegales. La dinámica económica de la ciudad en las últimas décadas ha provocado que, además de las tradicionales rentas por narcotráfico, hurto y extorsión, surjan otras fuentes atadas a la llegada masiva de extranjeros y visitantes de todo tipo.

Es decir, los grupos armados criminales continúan operando en el territorio. Allí se mantienen y siguen ejerciendo dominio y control poblacional. Todos ellos, como ha ocurrido desde hace varias décadas, luchan por el control territorial y se disputan el amplio portafolio de rentas ilegales y criminales. Unos articulados y trabajando en alianzas —como sucede con La Oficina— y otros operando por su cuenta y manteniendo su autonomía criminal —como Los Pachelly—.

De allí que para los interesados en la seguridad de la ciudad y el manejo de las políticas públicas asociadas a este fenómeno sea tan importante preguntarse por ¿cuáles son los factores explicativos de la caída en la violencia en la ciudad de Medellín? Además, ¿qué está provocando esta caída en los dos últimos años en las variables de la violencia en el territorio?

De manera más específica, el interés se pone en identificar los responsables del relativo éxito en materia de seguridad y el manejo del orden público. Pues se debe saber a quién o quiénes la ciudadanía debe agradecer por tener una ciudad que ha pasado de ser la más violenta del país y una de las mayores en el mundo, a ser considerada hoy un ejemplo en materia de convivencia.

Además, que nos digan cuál ha sido la milagrosa cura o tratamiento que se ha implementado en materia de seguridad y orden público, para que la ciudad, a pesar de continuar con esa presencia armada, los indicadores de violencia bajen. Quieren agradecerle con una opinión favorable al mandatario o en caso de someterse a elección popular entregar su voto como pago por el buen desempeño.

Sin embargo, hay que decirlo, existe también, entre la ciudadanía, personas que dudan y se preguntan si realmente se está dando este «supuesto milagro». Cuestionan la veracidad de las cifras y a los organismos y autoridades que recogen y presentan los indicadores. Les endilgan que están ocultando o manipulando las cifras para presentar una situación donde la realidad evidencia lo contrario.

Pues al observar la dinámica barrial ven como las dinámicas de violencia y criminalidad continúan en sus calles. Ven como se pasean los mismos jóvenes y personas armadas, haciendo uso, sin control estatal, de su poder criminal. Los habitantes de los barrios ven que en su entorno nada ha cambiado, los delincuentes siguen cobrando extorsión, manejando plazas de vicio y utilizando a sus jóvenes y adolescentes en la prostitución.

De allí que se pregunten si será que la cifras que presentan las autoridades son falsas, que la medición periódica que hacen y presentan es errada y que la manera como se recogen y presentan los datos es indebida o manipulada. Dudan de si las autoridades ocultan una realidad para hacer que los responsables de la seguridad y el orden público queden bien, y se cambie la percepción de una realidad que para nada es cómoda o distinta a la que históricamente han vivido.

Lo cierto de todo esto es que en el último año en la capital paisa hay una disputa por los responsables de la situación de la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá. Tanto el Gobierno municipal, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, como del Gobierno nacional, dirigido por Gustavo Petro, se pelean por el buen récord de las variables de la violencia en este territorio.

El alcalde de Medellín y los organismos responsables de la seguridad y convivencia dicen que la buena conducta de la ciudad se debe a las políticas de seguridad que han implementado desde que llegó a la Alcaldía, en enero de 2024. El cual combina estrategias y programas variados, como los «laboratorios barriales» que se presentan como «herramienta transformadora para mejorar la convivencia urbana, con un impacto positivo y duradero en la vida de los ciudadanos».

Por su parte, el presidente de la República y los delegados que tiene en el Espacio de Conversaciones Socio-Jurídicos —ECSJ— en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, se reservan el crédito de ser los causantes de la realidad en materia de seguridad en la ciudad. Según ellos, las conversaciones han logrado configurar un escenario de paz urbana que ha permitido cosechar los buenos resultados en materia de violencia.

Según estos, desde que el Congreso de la República aprobó la llamada Política de Paz Total —Ley 2272 del 4 de noviembre de 2022— se ha puesto en marcha una serie de acciones que han posibilitado lograr reducir la violencia en los espacios urbanos. En Medellín y el Valle de Aburrá se tienen acciones por parte de las EAOCAI con las que se muestra el interés en el sometimiento y desmantelamiento de estas.

Acciones como el compromiso unilateral, entre el 10 y el 13 de mayo de 2024, de cesar hostilidades entre las estructuras armadas, en el contexto del día de la madre; la firma, el 19 de diciembre de 2024, de realizar una prueba piloto de 25 barrios libres de extorsión, por un mes; y la ejecución del segundo piloto, desde 21 de marzo de 2025 hasta el 21 de junio del mismo año, con la promesa de suspender la extorsión y otros delitos, son claros ejemplos de lo que se hace en la ciudad por la construcción de paz.

En conclusión, a pesar de que se tiene unos resultados positivos en materia de reducción de la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá, aún no se tiene claridad sobre la realidad completa del fenómeno de la violencia. El debate sobre los modelos de medición de la violencia y los registros estadísticos que se presentan está vigente. Tampoco se sabe si el factor determinante de la reducción son las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno local o si se debe a los avances en la Paz Urbana y el compromiso de las estructuras criminales con el Gobierno nacional.

La discusión no es sencilla y es necesario seguir avanzando en estudios que permitan precisar los resultados y señalar a los responsables. Análisis como los que está realizando el Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz —EAOSAP— serán claves para entender las dinámicas actuales de la violencia en la ciudad. Además, para presentar balances claros y resultados visibles, tanto de la política de paz del gobierno local como de la política de Paz Total. Esperemos que dirán, en el segundo informe que preparan el Equipo, sobre lo acontecido entre el 21 de marzo y el 21 de junio de 2025.

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

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