Opinión

La vereda Granizal de Bello es el segundo asentamiento de población desplazada más grande del país con un estimado de 25.000 habitantes, según sus pobladores el 90% son víctimas del conflicto armado.

Este “nuevo barrio de la ciudad” se divide en ocho sectores: El Siete, El Pinar, Altos de Oriente 1, Altos de Oriente 2, El Regalo de Dios, Oasis de Paz, Portal de Oriente y Manantiales de Paz. Pasados 20 años de poblamiento masivo, la tenencia de sus predios y el asentamiento mismo, no cuenta con reconocimiento legal.

Es por esto, dicen los entes estatales, que no se puede hacer intervención en infraestructura, equipamientos, recurso humano, servicios públicos domiciliarios, en fin, una vulneración de derechos sostenida en el tiempo y, como no, procesos de revictimización para la población en situación de desplazamiento forzado.

Desde el año 2016 el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la Casa de Encuentros Luis Ángel García y el Colectivo de Memoria Histórica Raíces de la Comuna 3 nos asociamos con el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina¹  para reconstruir las memorias del poblamiento, las rutas de la migración forzada y las problemáticas sociales con miras a fortalecer la integración de los habitantes al territorio, potenciando sus saberes y prácticas comunitarias.

Esto se concreta en el proyecto “Rutas de memoria colectiva, paz territorial y pedagogía crítica comuna 3 de Medellín y Vereda Granizal de Bello. Experiencias políticas colectivas de las víctimas del desplazamiento forzado en la construcción de memoria y de paz territorial en la perspectiva del derecho a la ciudad y la integración local”, cofinanciado por el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión, de la Vicerrectoría de Extensión.

El próximo 27 de octubre de 2017, se realizará un diálogo entre  pobladores de las laderas, de la vereda Granizal y la Comuna 3 (Manrique) y la Universidad, para presentar  avances del proyecto, y planear la continuidad del proceso -más allá de un proyecto- alrededor de los objetivos de memoria, verdad, reparación, integración local y derecho a la ciudad.

Como parte de las reflexiones finales nos estamos haciendo la siguiente pregunta: ¿De qué manera la acción para satisfacer necesidades específicas de protección durante el desplazamiento asociada a procesos de reparación puede combinarse con un enfoque comunitario y territorial de protección articulado al enfoque de paz territorial en el caso de Bello, Medellín y otras ciudades de Colombia?

Partimos de reconocer el desplazamiento forzado como un desafío humanitario, pero sobre todo como un desafío para el desarrollo y la paz teritorial. Y a la población en situación de desplazamiento, como titular de derechos fundamentales, defendibles en medio de la situación jurídica de “no legalidad” de los asentamientos que han contribuido a conformar en las ciudades. Y aún más, reconocemos sus ejercicios efectivos de ciudadanía, por el derecho a pertenecer y a permanecer en la ciudad, auto reconociendo sus necesidades, fortalezas y vulnerabilidades en medio de las diversidades generacionales, de género y territoriales.

Advertirmos que las ciudades serán los lugares en donde se podrán desarrollar soluciones duraderas y sostenibles. Ante la situación de prolongamiento del desplazamiento en las ciudades, tales soluciones deben partir de la identificación de tipologías de asentamiento mezcladas entre población desplazada y habitantes pobres de la ciudad, sus medios de vida económicos y las nuevas identidades forjadas en la vida urbana.

En efecto, es el entrelazamiento de redes sociales y económicas en los lugares de llegada lo que permite un cambio de motivaciones hacia la opción preferencial por el no retorno a sus lugares de origen, lo cual se profundiza ante las transiciones inciertas a la paz y la evidencia de inseguridad en muchas de estas zonas. A estas posturas realistas de la población, nosotros agregamos que “volver a casa” no es un lugar esencial en la geografía, puede ser la reconstrucción de su nuevo proyecto de vida en las ciudades.

En el reasentamiento por cuenta propia, combinando acciones comunitarias, algunas rutas de atención de las políticas, con acciones puntuales de los municipios, la población asentada ha demostrado formas efectivas de integración comunitaria a las que habría que prestar mayor atención.

La hostilidad de los gobiernos locales a cualquier forma de integración de los desplazados ignora esta realidad del asentamiento de facto, mientras nacen segundas y terceras generaciones que sólo han vivido en las ciudades de llegada.

Reconocer la resistencia de los desplazados, su derecho a pertenecer y permanecer en la ciudad, focaliza los esfuerzos en la solución duradera de la integración local comunitaria, admitiendo que, para la mayoría de los desplazados, la autonomía que da tener acceso a medios de vida sostenibles con “seguridad jurídica” es lo que marca soluciones duraderas y sostenibles a los procesos de victimización que requieren reparación. Estas estrategias de integración local comunitaria de facto juegan un papel fundamental en el proceso de construcción de paz territorial en las grandes ciudades de Colombia. Esta forma de solución duradera y sostenible funcionaría combinando procesos de protección con aquellos de reparación y construcción de paz territorial.

En términos de enfoque del derecho a la ciudad como solución duradera y sostenible los siguientes elementos son importantes a tener en cuenta: a) las raíces y las consecuencias del desplazamiento, b) la importancia de los mecanismos de supervivencia y resistencia de los desplazados y sus luchas conjuntas con pobladores urbanos, c) la interdependencia de varias soluciones y su interconexión con los derechos humanos, el desarrollo y la construcción de paz, d) la necesidad de fortalecer la cooperación entre todas las partes para optimizar capacidades y generar recursos para lograr soluciones duraderas.

La Vereda Granizal de Bello es un ejemplo significativo del carácter prolongado de situaciones de desplazamiento forzado y podría convertirse en un escenario de soluciones duraderas y sostenibles que articulen los elementos enunciados. Esto es, articular todos los esfuerzos hacia el reconocimiento de jure de la integración local comunitaria de facto: legalización de asentamientos, mejoramiento integral de barrios y reparación colectiva.

En suma, el proceso de construcción de paz es una oportunidad para desbloquear el reconocimiento pleno de la ciudadanía para la población víctima del desplazamiento forzado. Los múltiples ejercicios de ciudadanía para la defensa de los territorios y las acciones políticas de las memorias del poblamiento estarían marcando algunas rutas institucionales y legales que se deberían seguir.

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^1. La Facultad de Medicina tiene una presencia en el territorio desde hace 14 años, así mismo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con asesoría jurídica y acompañamiento  desde hace más de 5 años.

Nota

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