Opinión

La catástrofe ocurrida en Granizal, en límites entre Bello y Medellín, en la madrugada del 24 de junio de 2025, en la que murieron 25 personas, es considerada la más grande en la historia reciente del Valle de Aburrá.

Este desastre, así como otros anteriores, son resultado de la conjunción de varios factores: el desplazamiento producido por la violencia desde los años noventa que ha llevado a la población desalojada a ocupar laderas inestables, a construir sobre montañas empinadas y en las orillas de ríos y quebradas, al margen de los sistemas oficiales de regulación y planificación urbana, y además de carentes de servicios básicos, infraestructura básica de vivienda y seguridad de la tenencia de la tierra. Esta ocupación forzada, determinada porque los desplazados no encuentran un territorio asequible para construir sus viviendas, ha llevado a que en Medellín —como en muchas otras ciudades del país— vivan en la actualidad más de 284 000 personas en zonas de riesgo, cifra que podría alcanzar los 344 000 habitantes en 2030, según cálculos oficiales.

A esto se suman otras variables como el crecimiento acelerado del Valle de Aburrá que pasó de 375 960 en 1950 a 4 172 810 en 2025; hay un déficit de vivienda de interés social que llega a la cifra de 154 000 hogares sin vivienda; a esto hay que añadir que la influencia de los procesos de gentrificación, generados por el aumento del turismo y del nomadismo digital determinan también la escasez de vivienda y el elevado costo de esta y el de los arriendos.

A partir de estas historias y datos quiero desarrollar un problema que está en la relación entre vivienda, propiedad y justicia. En Colombia, los desplazados se han visto obligados a abandonar su territorio y no tienen un lugar garantizado donde quedarse. Su posición en la tierra no es segura. Esto les hace vulnerables a las decisiones de los demás, a la inclemencia de los fenómenos naturales, a la violencia de los grupos armados, y también incapaces de fijar y perseguir sus fines de manera confiable. De ahí que parezca importante abordar la cuestión de la relación de los individuos con la tierra, que se concreta en la propiedad individual de la vivienda.

La vivienda es considerada hoy parte de las condiciones básicas de la existencia y también un derecho humano fundamental. Varias convenciones internacionales de derechos humanos han reconocido desde 1976 el derecho a una vivienda adecuada. La propiedad privada promete libertad individual, seguridad económica, previsión para la vejez y, por último, pero no menos importante, prestigio social y político.

En el centro de la argumentación que Regina Kreide y Rahel Jaeggi desarrollan en el libro «Propiedad disputada», hay una doble tesis que responde a la pregunta sobre la relación entre la propiedad y la justicia en el capitalismo, la cual podemos utilizar para describir los problemas determinados por el hecho de que millones de personas en Colombia carecen de un derecho de propiedad a la vivienda.

Esa doble tesis se refiere en primer lugar al problema de la injusticia estructural, desarrollado por Kreide, la cual supone investigar las estructuras de poder que enmarcan la acción social y que impiden desarrollar una sensibilidad frente a las experiencias de injusticia. Kreide desarrolla la idea, según la cual las injusticias no se pueden separar de las relaciones de dominio y explotación, de la marginalización política y de la discriminación cultural.

En el contexto del análisis de la catástrofe del Granizal, en el que claramente se da una situación de injusticia estructural, se puede diferenciar el destino o la mala suerte y la intervención o no intervención humana en las catástrofes naturales. Las catástrofes naturales, las inundaciones, el desbordamiento de los ríos y los deslizamientos de tierra son efectivamente tragedias, las cuales como todo acontecimiento trágico son resultado de una fatalidad. Sin embargo, si se analiza este hecho con más detenimiento, se puede ver que miles de personas han llegado a vivir en lugares que no son aptos para habitar, que décadas de destrucción medioambiental han erosionado la ladera sobre la que se construyó, que las viviendas de los pobres, construidas con materiales precarios, no resisten y que las autoridades municipales han hecho muy poco para prevenir que sucedan estas catástrofes y han descuidado los trabajos de mantenimiento y las medidas de seguridad, como ha sido denunciado por años en Medellín.

En este sentido, a partir de la idea de injusticia estructural se puede establecer cómo las relaciones de dominio y explotación, determinantes de las relaciones de propiedad, han producido concentraciones injustificadas de poder, a través de las cuales, por medio de medios legales han sido discriminadas miles de personas de la posibilidad de tener una vivienda digna o pagar un arriendo justo. Una tal asimetría de poder sistémica se puede encontrar hoy también en el mercado de vivienda, que en Medellín, como en muchas ciudades, genera la especulación, fenómeno conocido como la gentrificación.

La segunda tesis, a partir de Jaeggi, se enfoca en el problema de la gentrificación que es la consecuencia de considerar a la ciudad no como el lugar para llevar una vida en común con aquellos que comparten un determinado espacio social, sino en convertirla en una mercancía. El valor de la ciudad y de la vivienda surge de la vida práctica de quienes viven en la ciudad.

Convertir la vivienda en una mercancía determina que la ciudad no sea concebida como un lugar para la vida práctica y política de sus habitantes, sino como una forma de explotación, concretamente la explotación de la vivienda y de los espacios comunes. Esto es lo que hacen hoy los grupos inmobiliarios y las transnacionales de la vivienda en Medellín, Barcelona, Londres, etc. «La verdadera tragedia de los bienes comunes urbanos en nuestra época es que estos, que han sido generados por los habitantes de la ciudad a lo largo de un proceso histórico y social, son disputados en un proceso continuo de expropiación por actores privados» (Jaeggi).

De este análisis se siguen dos consecuencias: primero, en ciudades como Medellín la gentrificación determina para los más pobres y la clase media mayor exclusión, mayores dificultades para conseguir trabajo, escuelas y colegios para sus hijos y el riesgo de morir como resultado de una tragedia.
Pero cuando se habla de que en la actualidad viven en Medellín más de 284 000 personas en zonas de riesgo, la gentrificación es solamente una parte del problema. El problema de fondo es la asimetría de poder determinada porque millones de personas no pueden tener asegurado su propio lugar en la tierra. De esto se sigue que la exclusión de un número tan grande de personas del acceso a la propiedad de la vivienda constituya un escándalo jurídico: viola los principios fundamentales del concepto de estado social de derecho.

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía. 
   
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