Opinión

El pasado fin de semana, 15 y 16 de abril, los medios de comunicación en Colombia registraron imágenes de los preparativos para iniciar un nuevo proceso de negociaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas del autodenominado Estado Mayor Conjunto, grupo disidente de las Farc y que según fuentes oficiales puede contar actualmente con un poco más de 3 000 integrantes que actúan en diferentes zonas del país.

Estas imágenes, son similares a las que hemos visto en Colombia desde comienzos de los años 80 del siglo pasado cuando se produjeron los primeros acercamientos entre los grupos guerrilleros de las Farc, el M 19 y el Ejército Popular de Liberación EPL con el gobierno de Belisario Betancur —1982-1986—, en los actos de desmovilización de guerrillas a comienzos de los años 90, en el fallido proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana —1998-2002—, en los polémicos actos de desmovilización de los grupos paramilitares entre el 2003 y el 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe —2002-2010— hasta llegar a la desmovilización de las Farc en 2016, luego de cuatro años de negociaciones entre esta organización insurgente y el gobierno de Juan Manuel Santos —2010-2018—.

Como queda en evidencia, Colombia tiene un enorme acumulado en procesos de negociación con diferentes actores armados, tanto organizaciones insurgentes como grupos paramilitares, e incluso, con grupos que se mueven en la bruma entre actores armados de carácter político y grupos de narcotraficantes y de delincuencia común. Se han desarrollado procesos de negociación basados en el intercambio de reformas por paz, se posee una larga experiencia en atención a excombatientes, en procesos complejos de Desarme, Desmovilización y Reinserción —DDR—, en sometimientos a la justicia a cambio de favorabilidad penal, y al menos desde mediados de la década del 2000, el debate sobre la desmovilización de los grupos paramilitares dejó un legado sobre lo imprescindible de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

No obstante, más de 50 años de procesos de paz no logran poner fin de manera definitiva a las dinámicas de violencia colectiva que han aquejado a la sociedad colombiana. Es claro que el país no es el mismo de los años 70 y 80 del siglo pasado, que una buena parte de las organizaciones insurgentes nacidas al calor de la guerra fría y de las características propias de la precaria democracia colombiana; se han desmovilizado y que hoy en día las expresiones de violencia ligadas al conflicto político armado y al enfrentamiento guerrillas estado representan una muy baja proporción de las acciones de violencia que vive el país. Pero también es claro que se mantiene el levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional —ELN—; con más de 60 años de accionar guerrillero, que han surgido disidencias de todo tipo de las organizaciones desmovilizadas, y que han surgido y se han fortalecido nuevas expresiones de violencia que han copado el territorio de las organizaciones desmovilizadas y que, sobre todo, han traslado buena parte de su accionar a las ciudades colombianas, donde hoy vive cerca del 80 % de los habitantes.

Hay preguntas que surgen de inmediato ¿por qué no se logra poner fin en Colombia a estas dinámicas de violencia? ¿Qué explica esta singularidad colombiana? La respuesta no es definitiva ni es posible atribuir estas continuidades a una sola causa, más bien, son el resultado de un conjunto de factores que confluyen y generan la persistencia de las violencias.

Por un lado, hay una parte de la responsabilidad en el Estado colombiano, en su práctica reiterada de firmar acuerdos de paz que no cumple, de hacer de las políticas y acuerdos de paz temas de gobierno, no políticas de estado duraderas, y de la incapacidad y en algunos casos también, desinterés, por copar los territorios que dejan los actores armados.

En segundo lugar, muchas de las organizaciones armadas negocian, pero mantienen estructuras paralelas clandestinas o hacen muy poco por el desmonte total de la estructura, por control sobre mandos que se apartan de las negociaciones o por desestimular el surgimiento de disidencias.

Lo tercero es que el desarrollo de estructuras y dinámicas criminales de disputa por todo tipo de rentas, que se han ido cada vez fundiendo más con los actores y dinámicas del conflicto político armado, generan un escepticismo legítimo sobre la intención real de algunas de las agrupaciones violentas por desistir de un negocio altamente lucrativo, del cual se posee una gran experiencia y que lamentablemente, ha contado con el beneplácito y beneficio para partes considerables de la población, desde las elites hasta sectores populares.

Finalmente, y no menos importante en este panorama es la necesidad que los ciudadanos y ciudadanas renunciemos a la justificación del uso de la violencia como un mecanismo legítimo de actuación en Colombia. Lo que la Comisión de la Verdad denominó pasar del modo guerra al modo construcción de paz.

Tal vez si avanzamos como sociedad en algunos de estos campos, pueda ser posible que ahora si estemos ante el fin de este largo ciclo de violencia que ha dejado cerca de 10 millones de víctimas.

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/ViolenciaColombia

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.