Opinión

El autoritarismo se ha globalizado. Después del avance de la democracia tras la caída del comunismo, que tuvo como consecuencia que el número de países categorizados como democracias electorales creciera de 76 en 1990 a 119 en 2005, se ha producido, desde mediados de la década de 2000, un profundo retroceso democrático el cual ha sido denominado una oleada autoritaria. 

Esta oleada autoritaria surgió como reacción a los movimientos populares y sociales, conocidos como las revoluciones de colores —Revolución de las Rosas en Georgia en 2003, Revolución Naranja en Ucrania en 2004, Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en 2005, Revolución del Nilo en Egipto— que buscaban derrocar de forma pacífica a algunos mandatarios autoritarios acusados de prácticas dictatoriales y de falsear las elecciones mediante la corrupción política. Este fenómeno que surgió en Europa Oriental, se extendió posteriormente en Oriente Próximo y se ha irradiado en América Latina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador.

Contra estas manifestaciones populares y ciudadanas, los regímenes autoritarios de estos países impusieron a sus habitantes fuertes restricciones a las libertades de expresión y asociación. Esta reacción autoritaria se extendió a muchos otros países con ciudadanías activas y beligerantes. Así, los estados autoritarios más poderosos —China, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita y Venezuela— pusieron en acción una estrategia política, que básicamente consiste en una reacción radical contra la democracia, reacción que abarca diferentes regiones y países, y que también contiene diversas narrativas y formas muy diferentes de ejecución.

En los estados autoritarios más consolidados se introdujeron medidas destinadas a limitar las voces e instituciones independientes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Los gobiernos autoritarios han aprendido a usar las formas de la ley para reprimir a la sociedad civil independiente, al tiempo que han desarrollado técnicas sofisticadas para manipular los medios de comunicación, tanto tradicionales como nuevos; cambiaron el equilibrio entre los poderes del Estado por un sistema en el cual el poder ejecutivo concentra todos los poderes en detrimento de los actores no estatales y de la oposición; y aunque han realizado elecciones han demostrado tener poco interés en el estado de derecho, los derechos humanos y otros aspectos de la democracia liberal.

Para justificar esta reacción autoritaria contra la democracia liberal los gobernantes autoritarios cuestionan el universalismo de la democracia liberal y en este sentido afirman que el discurso liberal democrático ha servido básicamente para encubrir los intereses geopolíticos de Estados Unidos y Occidente.

Afirman también que estamos entrando a un orden mundial diferente del orden internacional liberal y democrático que se inició en 1945, caracterizado por la hegemonía estadounidense, el cual da paso a un mundo más multipolar, y descentrado, en el cual la democracia y los derechos humanos se interpretan en términos más contextuales y en función de los intereses de cada nación. 

En los regímenes autoritarios «se está desafiando la noción de los derechos humanos universales y, en su lugar, están propagando normas basadas en la soberanía estatal, la seguridad, la diversidad civilizacional y la defensa de los valores tradicionales», escribe Alexander Cooley. 

Es necesario, sin embargo, ampliar el sentido de la crítica al internacionalismo liberal y democrático mediante un planteamiento que muestre la tensión entre el capitalismo y la democracia en los países del sur global. Así, se plantea que las sociedades del norte global, liberales y democráticas, ocupan las posiciones económicas y políticas especialmente privilegiadas generando un desequilibrio para las sociedades del sur global. 

A partir de esto se puede interpretar, siguiendo la propuesta de Stefan Lessenich, la relación entre las sociedades capitalistas más desarrolladas del norte global con los países de la periferia por un tipo de práctica social y política, que denomina «desarrollo a expensas de otros», la cual se caracteriza porque la riqueza de la que gozan los países más ricos es resultado de un sistema de producción de capital a «costa de otros» y del disfrute del bienestar a «expensas de otros». Esta situación de subordinación económica afecta también la formación de las estructuras políticas democráticas en el sur global, en donde no existen ni han existido democracias plenas, se habla de «democracias no-democráticas».

Venezuela representa un caso típico de autoritarismo, que acepta que el partido gobernante compita con otros partidos en las elecciones, pero hace que estas consistan simplemente en la ratificación del poder del actual gobernante, en vez de competiciones genuinas. El cuestionamiento del proceso de conteo de los votos y del escrutinio está en el núcleo de la actual confrontación de Maduro con la oposición.

De este modo, Maduro basado en la tesis de la prioridad de la soberanía estatal, excluye todo tipo de injerencia de otros estados o de organizaciones internacionales sobre la forma como el pueblo venezolano resuelve sus propios asuntos. Cierra las embajadas de los estados que han criticado el proceso. Aumenta la violencia contra la oposición. Ha ampliado sus propias listas de sospechosos a quienes imputa de terrorismo. Y sabe que tiene la ayuda de otros regímenes autoritarios para reprimir a cualquier grupo o individuo que considere una amenaza.

Los tres presidentes latinoamericanos —Lula, López Obrador y Petro— que están intercediendo para encontrar una salida que reconozca los valores democráticos y respete las decisiones políticas del pueblo venezolano, han propuesto como parámetros mínimos precisamente aquellos principios que han defendido las democracias liberales: i) aceptar los resultados de las elecciones, independientemente de si se gana o se pierde; ii) respetar los resultados de una elección y no intentar anularla; iii) tener la voluntad para rechazar la violencia.

Del éxito o fracaso de esta intervención o negociación depende en gran medida la continuación y expansión de la trayectoria de las políticas de justicia social, superación paulatina de la pobreza, eliminación progresiva de la desigualdad y radicalización de la democracia que están siendo lideradas por los gobiernos de México, Brasil, Chile y Colombia. 

Esta perspectiva de la democracia enfrenta la visión neoliberal que es la democracia del mercado. El liberalismo social de izquierda no puede ceder la verdadera democracia, que relaciona la igualdad republicana, con la libertad y los derechos individuales fundamentales, al mercado ni a las visiones autoritarias de la democracia.
 

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía, el 12 de agosto de 2024. 
   
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