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La Universidad de Antioquia se encuentra en una coyuntura financiera que no puede ser ignorada. Diversos informes técnicos como los del Ministerio de Educación Nacional, la Contraloría General de Antioquia y la calificadora Standard & Poor’s, coinciden en señalar un deterioro profundo de la liquidez institucional, lo que plantea riesgos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y, en consecuencia, para el desarrollo de la misión universitaria. Los datos del Men advierte caídas de más del 50 % en indicadores clave de liquidez; la Contraloría reporta un déficit fiscal que supera los 600 000 millones de pesos; y S&P ha degradado la calificación de riesgo de la Universidad con perspectiva negativa. Estas evidencias demuestran que el déficit no es una percepción, sino una realidad que amenaza la estabilidad de la institución.

Sin embargo, esta crisis no puede convertirse en excusa para adoptar decisiones improvisadas o desproporcionadas que lesionen los derechos de los estamentos universitarios ni que pongan en riesgo los ejes misionales de docencia, investigación y extensión. La experiencia histórica de las universidades públicas enseña que la sostenibilidad financiera debe alcanzarse sin debilitar aquello que constituye la esencia misma de su aporte a la sociedad. La Universidad debe afrontar esta coyuntura con medidas que no solo sean eficaces desde el punto de vista financiero, sino que también garanticen el respeto a los derechos de su comunidad y la preservación de sus funciones sustantivas. En este sentido, resulta indispensable:

Transparencia presupuestal: establecer mecanismos de rendición de cuentas periódicos que presenten la situación financiera de manera clara, accesible y comprensible para todos los estamentos. La transparencia no solo fortalece la confianza institucional, sino que permite una participación informada en la toma de decisiones.

Austeridad con enfoque misional: los ajustes financieros deben concentrarse en reducir gastos administrativos y operativos no esenciales, evitando que el peso de la crisis recaiga sobre estudiantes, docentes o trabajadores. La austeridad no puede convertirse en sinónimo de debilitamiento de los procesos académicos ni de los ejes misionales.

Protección de los derechos profesorales: La Universidad debe salvaguardar condiciones laborales del profesorado dignas, en todas sus modalidades, esto es, cátedra, ocasionales y de planta, garantizando la continuidad de los proyectos de docencia, investigación y extensión, que constituyen el núcleo de la misión institucional. En este marco, es necesario dejar claro que los derechos consagrados en el Estatuto Profesoral, tales como las comisiones de estudio, el año sabático, las dedicaciones exclusivas y demás garantías, no pueden ser presentados como privilegios que agravan la crisis financiera. Estos derechos no son dádivas, sino conquistas fruto de décadas de luchas académicas y gremiales, encaminadas a asegurar condiciones laborales dignas y a fortalecer la calidad del quehacer universitario. Antes que estigmatizarlos, se requiere un estudio serio y riguroso sobre el verdadero peso de estos derechos en el presupuesto general de la Universidad, evitando discursos simplistas que los convierten en chivos expiatorios. Protegerlos es garantizar que la Universidad pueda seguir formando con excelencia, investigando con impacto social y extendiendo sus servicios a la comunidad.

Pausa en la apertura de nuevos programas y fortalecimiento de los ya existentes: La Universidad debe adoptar una moratoria temporal en la creación de programas de pregrado y posgrado hasta tanto no existan fuentes de financiamiento plenamente garantizadas. La ampliación de la oferta académica solo será viable si está respaldada por rigurosos estudios de factibilidad financiera y por el compromiso de recursos estables. En el escenario actual, la prioridad inaplazable es consolidar y garantizar la continuidad de los programas vigentes, con especial atención a las maestrías y doctorados. Estos posgrados, que dependen en gran medida de los fondos generales, se han visto afectados por decisiones administrativas recientes que, lejos de fortalecerlos, han limitado su desarrollo. Debe recordarse que estos procesos de formación avanzada son pilares del eje misional de la investigación y de la producción de conocimiento de alto impacto social, por lo que cualquier medida que debilite su permanencia compromete la esencia misma de la Universidad como institución pública crítica y generadora de ciencia.

Gestión de cartera y relación con el Hama: El atraso en el recaudo de cuentas por cobrar debilita gravemente la liquidez. Por ello, es necesario diseñar una política más estricta de cobro y conciliación, con mecanismos eficaces de seguimiento. De igual manera, la relación con el Hospital Alma Máter de Antioquia debe replantearse para garantizar claridad en los compromisos financieros y sostenibilidad en el tiempo, evitando que se convierta en un factor de inestabilidad para la Universidad.

Revisión de la política de regionalización: La regionalización es esencial para el carácter público y democrático de la Universidad, pero su expansión no puede sostenerse sobre bases financieras inciertas. Se requiere un diagnóstico que valore costos, cobertura e impacto, con el fin de consolidar las sedes existentes y asegurar que su financiación también provenga de fuentes externas estables, como entidades territoriales y gobernación, evitando sobrecargar el presupuesto general de la Universidad.

Concertación amplia y deliberativa: las decisiones financieras deben adoptarse a través de procesos abiertos de diálogo y participación, donde estudiantes, trabajadores, egresados y profesorado puedan incidir de manera real en la definición de las soluciones. La corresponsabilidad fortalece la cohesión institucional y la legitimidad de las medidas que puedan adoptarse.

Diversificación responsable de ingresos: impulsar estrategias de generación de recursos mediante alianzas, proyectos de investigación aplicada y extensión universitaria, siempre bajo el principio de no mercantilización del conocimiento. La búsqueda de sostenibilidad financiera debe hacerse sin sacrificar el carácter público, crítico y democrático que define a la Universidad.

Liderazgo en la defensa de la educación superior pública y en la reforma estructural de la Ley 30: La Universidad de Antioquia, como una de las instituciones más representativas en el país, debe asumir un papel protagónico en la articulación de un movimiento nacional por la defensa de la educación superior pública. Este liderazgo implica convocar y coordinar acciones conjuntas con las demás universidades públicas, para exigir al Congreso de la República y al Gobierno Nacional una reforma estructural y urgente de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Estos artículos, que regulan la financiación, han demostrado ser insuficientes para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas frente al crecimiento de la matrícula, las demandas de calidad, la expansión regional, entre otras. Liderar este proceso permitirá a la Universidad no solo proteger su propia estabilidad financiera, sino también contribuir a un proyecto colectivo que reivindique el derecho a una educación pública de calidad y con autonomía real como patrimonio de la sociedad colombiana.

Así las cosas, la Universidad de Antioquia enfrenta un reto de gran magnitud, la solución no radica en desconocer la crisis ni en aplicar fórmulas que vulneren derechos, sino en construir una salida responsable, colectiva y sostenible. El futuro de la institución dependerá de la capacidad de defender la autonomía universitaria y los ejes misionales, al tiempo que se asumen decisiones financieras con transparencia y corresponsabilidad. La comunidad universitaria tiene ante sí la oportunidad de demostrar que es posible afrontar la crisis sin sacrificar lo esencial: el derecho a una educación pública de calidad, la investigación con impacto social y la extensión al servicio de la sociedad.

Referencias
Contraloría General de Antioquia. (2025). Informe de auditoría a la Universidad de Antioquia. Medellín: CGA.

Ministerio de Educación Nacional. (2025). Resolución 016105 del 29 de julio de 2025. Bogotá: MEN.

Standard & Poor’s. (2025). BRC Ratings. Credit rating report: Universidad de Antioquia. Nueva York: S&P Global Ratings.
 

• Representantes profesorales ante el Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico. 

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