Opinión

Hay temporadas del año donde aparecen mensajes esperanzadores y jubilosos: la publicación de los resultados de los exámenes de admisión de las universidades públicas en cada semestre. Es el tiempo de una alegría inmensa para jóvenes —en su mayoría— que buscan realizar su proyecto de vida por medio de una carrera universitaria y obtienen un cupo.

Felicitaciones sobran, eso en sí mismo es un logro, pues en promedio universidades como la Universidad de Antioquia tienen una tasa de admisión de uno de cada diez aspirantes. En carreras como Medicina unas cuatro mil personas pueden competir por algo más de cien cupos.

Pero, por esa misma dosis de felicidad en tan reducido grupo de admitidos, hay un silencio por la mayoría que queda por fuera. Siempre sabe agridulce reconocer que el derecho a la educación en el nivel de la educación superior es realmente un privilegio que tuve y deseo para quienes lo compartan como anhelo personal. Privilegio porque desde la inscripción se excluye a quienes no tienen el dinero para pagarla o, proviniendo de poblaciones distantes, para realizar el desplazamiento a los lugares de las pruebas. Privilegio porque la educación estratificada pone a competir como iguales a quienes han recibido recursos y apoyos muy desiguales a la hora de las comparaciones en sus componentes y calidad.

La universidad pública en ese sentido reproduce la desigualdad en gran medida, a pesar del mito heroico de la movilidad social de individuos o un grupo reducido dentro de la gran masa excluida. Luego, esto se reafirma con datos como la pertenencia de los estratos de las poblaciones estudiantiles de mayoría del 1 al 3. Sin embargo, la diferencia es notable cuando se analizan las tasas de admisión por colegio público/privado y estratos. 

No es un tema menor, si consideramos que en cualquier caso se entrega un subsidio al estudiante con mejores condiciones económicas, pues la calidad de las universidades públicas puede ser comparable y en algunos casos superior a la de las mejores privadas, excepto en el tema de las matrículas. En el caso de la Universidad de Antioquia no se hace distinción por carrera y, retomando el ejemplo de Medicina, el máximo valor a pagar es de 11 millones de pesos para el 2022, frente a claustros privados donde el coste puede ascender a los 30 millones de pesos.

La alternativa para aspirantes no admitidos es ir por la educación privada donde encuentran formación de excelente calidad contrayendo obligaciones financieras astronómicas, o instituciones mediocres que ofrecen una educación con múltiples falencias abaratando costos.  Sin embargo, en ausencia de la capacidad de endeudamiento, ambas puertas se cerrarán. Visto así, parece tratarse de un problema individual que debe resolverse de forma particular; mientras la educación pública se cubre de un halo de elitismo francamente visible en mensajes de desdén de parte de algunos miembros de la comunidad universitaria cubiertos de orgullo prepotente.

Y aunque es importante reconocer los diversos esfuerzos por remediar esta desigualdad como preuniversitarios populares, entrega de pines por parte de diversas instituciones y herramientas de estudio facilitadas por las mismas universidades con el fin de prepararse para las pruebas, hay que enfatizar en que son puntuales y desarticulados. Dentro de la política pública de educación superior debe haber una concurrencia con un pilar de acceso y permanencia en la que participen colegios, universidades, gobiernos, empresas y comunidades. En ello puede ser clave una fase intermedia de preparación y exploración que aproveche la infraestructura disponible, por ejemplo.

Bienvenido sea el mérito, claro, sin olvidar que todos tenemos sueños y más en nuestra primera juventud, sin olvidar que el potencial está en todos y todas, sin olvidar que la desigualdad es persistente y no se reduce sin esfuerzo ni una profunda conciencia de esta. Por una educación que diga: «usted ha sido admitido a construir país».

Notas:

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