Opinión

Steven Guzmán, Jhonier Revueltas y Leidy Nicol Llanéz, son los nombres de la niña y los niños desaparecidos hace ya hace un poco más de un mes en el municipio de Morales, sur de Bolivar, y de los cuales se presume, fueron víctimas de un fenómeno que, aunque silencioso, sigue generando los daños más dolorosos en el interminable conflicto armado colombiano, el reclutamiento forzado de NNA —niños, niñas y adolescentes—. El reciente caso de la desaparición de estos tres menores con tan solo 13 y 14 años de edad, en Morales de quienes presuntamente habrían sido reclutados por grupos armados ilegales, es una realidad que sobrepasa la tragedia individual y expone las profundas heridas estructurales del conflicto armado colombiano.

El reclutamiento forzado de menores no es un fenómeno aislado, este, se encuentra estrechamente vinculado a la utilización de NNA en actividades de apoyo logístico y tareas no necesariamente relacionadas con combates, configurando un fenómeno adicional al que teóricamente lo han llamado «utilización», pero que puede ser entendido como una forma de reclutamiento. Desde una perspectiva crítica, la utilización de menores debe entenderse como una extensión del reclutamiento forzado, los grupos armados aprovechan la falta de recursos y de apoyo estatal para imponer su control, y los menores se ven condicionados a estas actividades en ausencia de otras alternativas para desarrollar su vida.

Entender este lamentable fenómeno, no como un asunto sobre el cual recae la culpa única y exclusivamente sobre el actor armado de turno, sino como una de las tantas consecuencias de la presencia diferenciada del Estado o el abandono estatal, permite visibilizar cómo el reclutamiento y la utilización de menores son, en realidad, dos caras de la misma moneda. El caso de Morales, sur de Bolívar, refleja la presencia diferenciada del Estado en las regiones rurales de Colombia, pues mientras que en las zonas urbanas puede ofrecer un grado de protección e infraestructura medianamente decente, en áreas como el sur de Bolívar la situación es muy diferente, en estas áreas, el Estado no solo es ausente en términos de seguridad debido a la pérdida del control territorial, sino que también carece de los recursos necesarios para proporcionar servicios básicos como educación, salud y protección social, esta ausencia crea un vacío que rápidamente es ocupado por los grupos armados ilegales, quienes ven en los menores una oportunidad para consolidar su poder y mantener su influencia sobre la comunidad, las cuales por lo menos para el caso de Morales, se están disputando el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Es alarmante que, en regiones de alta vulnerabilidad, donde los niños deberían tener acceso a programas de protección y desarrollo, la realidad sea la contraria, en lugar de tener opciones para escapar del círculo de la pobreza, los menores en estas zonas se encuentran atrapados en un contexto que prácticamente los condiciona a participar de la violencia que ya mucho les ha quitado. Esta dinámica perpetúa el ciclo de exclusión social y violencia, donde los menores son no solo víctimas de los Grupos Armados Ilegales —GAI—, sino también de un sistema que ha fallado en protegerlos. A pesar de que Colombia cuenta con un marco normativo sólido que prohíbe el reclutamiento y la utilización de menores, y que además leyes nacionales como la Ley 418 de 1997, junto con acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen claramente que los menores deben ser protegidos de la explotación y la violencia; la realidad tal como se expresa, es que la implementación de estas normas es altamente desigual y deficiente en las áreas más necesitadas. 

Las noticias sobre la desaparición de menores en Bolívar son un ejemplo claro de cómo la aplicación de las leyes no llega a las regiones donde más se necesita, lo que refleja la falta de programas preventivos y de seguimiento de los menores en riesgo, así como en la falta de recursos para las instituciones locales que podrían velar por su protección. Sin una presencia estatal efectiva que refuerce estas normativas, los NNA siguen siendo vulnerables a la explotación y el abuso.

Por otro lado, los efectos del reclutamiento y la utilización de NNA van mucho más allá del impacto físico, estos menores, una vez dentro de los grupos armados, son sometidos a condiciones que dejan secuelas psicológicas graves, como el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Además, aquellos que logran salir de estos grupos enfrentan un estigma que dificulta su reintegración a la sociedad, este estigma no solo los marca como «exguerrilleros», sino que también los excluye de oportunidades educativas y laborales, perpetuando el ciclo de exclusión y violencia que en principio los condicionó a formar parte de un GAI. La recuperación y reintegración de estos menores es una tarea difícil, que requiere de un sistema de apoyo psicológico y social robusto. Sin embargo, la falta de recursos y la escasez de programas especializados para atender a los menores excombatientes impiden que se logre una reintegración efectiva, así, estos menores se ven atrapados en un limbo donde ni siquiera después de salir del conflicto encuentran un espacio seguro y libre de prejuicios.

¿Qué se necesita para proteger a los menores?

La situación actual en el sur de Bolívar exige una acción integral y sostenida del Estado y la sociedad. La primera prioridad debe ser fortalecer la presencia del Estado en estas áreas, no solo en términos de seguridad como normalmente se actúa y reclaman las comunidades, sino también en la provisión de servicios básicos, es crucial que los menores tengan acceso a una educación de calidad, a servicios de salud y a oportunidades de desarrollo que les permitan construir un futuro fuera de la violencia. 

En términos concretos, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Bolívar y el Gobierno nacional tienen un rol fundamental en la protección de los derechos de la niñez, cada uno desde su ámbito de acción:

La Defensoría del Pueblo, cuya misión es la protección de los derechos humanos, debe trabajar de la mano con las comunidades para identificar riesgos y junto a las administraciones locales, tomar medidas preventivas que protejan a los menores en zonas de alto conflicto, además, debería hacer llamados constantes al Gobierno nacional para que despliegue recursos de protección específicos en áreas con altos índices de violencia y vulnerabilidad infantil. 

La Gobernación de Bolívar, por su parte, debería asumir un liderazgo directo en la implementación de programas preventivos y de intervención temprana para los menores en riesgo. La coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y la creación de redes de apoyo en las escuelas locales, permitirían un monitoreo más cercano de los jóvenes, brindándoles alternativas educativas y actividades extracurriculares que reduzcan su vulnerabilidad al reclutamiento.

Finalmente el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de mejorar la infraestructura de estas zonas y garantizar la seguridad de sus habitantes, más allá de operativos militares, que, aunque son importantes no logran abarcar todas las necesidades de la población, y más allá de un discurso de paz total en el que se queda corto a la hora de actuar, es esencial que implemente programas de desarrollo social y económico, creando oportunidades educativas y laborales que permitan a los NNA de este tipo de regiones, construir un futuro alejado de la violencia.

Es fundamental, además, que la sociedad colombiana tome conciencia de la magnitud del problema y se movilice en apoyo a estos menores. Los esfuerzos de las comunidades en Morales, sur de Bolívar, al exigir respuestas y protección para los menores desaparecidos, son un ejemplo de cómo la sociedad puede unirse en torno a esta causa. Solo con el compromiso de todos los actores —gobierno, sociedad civil y comunidad internacional— será posible construir un país donde los niños puedan crecer en paz y lejos de la violencia que los ha marcado por generaciones.

El reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado colombiano no son problemas exclusivos de las zonas rurales ni de las familias afectadas directamente, son un reflejo de las profundas desigualdades y de las carencias estructurales del país, que requieren una respuesta urgente e integral. No se puede permitir que las nuevas generaciones sigan siendo atrapadas en un ciclo de violencia y exclusión.

Este caso en el sur de Bolívar es solo un ejemplo de una problemática que afecta a miles de niños en el país, la respuesta del Estado debe ser inmediata y contundente, asegurando que la protección de los menores y la erradicación del reclutamiento y la explotación infantil se conviertan en prioridades de la agenda nacional, cada día que pasa sin que se tomen acciones es un día en que estos menores ven cómo sus oportunidades de una vida digna se desvanecen o se reducen única y exclusivamente a las filas de un grupo armado ilegal.
 

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/ReclutamientoMenores

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.