Opinión

Ralf Dahrendorf lo advirtió hace ya muchos años al afirmar que el siglo XXI podía ser el “siglo del autoritarismo”. Arjun Appadurai se pregunta: “¿estamos ante un rechazo mundial de la democracia liberal y su sustitución por algún tipo de autoritarismo político?” Bruno Latour afirma: “Polonia sueña con un país imaginario; Hungría no quiere más que húngaros de pura cepa; los holandeses, franceses e italianos andan a la greña con partidos que quieren amurallarse dentro de unas fronteras igualmente imaginarias. Escocia, Cataluña, Flandes quieren convertirse en Estados”. Según la fundación Berterlsmann Stiftung, aunque la mayoría de las personas en el mundo siguen viviendo en Estados democráticos (4.200 millones), el número de los que se ven confrontados con sistemas autocráticos está aumentando (3.300 millones). Desde que se aplicó la encuesta en el 2006, 40 Estados, algunos con una larga tradición democrática, han visto deteriorado su Estado de derecho y en 50 Estados han sido limitadas las libertades políticas.

Las situaciones políticas que se han dado en los últimos años en Polonia, Hungría, los Estados Unidos, India, Tailandia, Brasil o Venezuela muestran que se está produciendo un cambio radical en la política mundial, la cual parece retroceder de la democracia liberal que se formó desde el fin de la guerra fría hacia formas de populismo autoritario de derecha o de izquierda.

Pero, más que profundizar en los problemas del populismo, me interesa desarrollar una perspectiva a partir de América Latina, con el fin de presentar desde la periferia del capitalismo otra interpretación del problema de la democracia.

Hay un lazo que une la crisis del capitalismo con la crisis de la democracia. El capitalismo y la democracia han estado enfrentados durante mucho tiempo y aunque el acuerdo de la posguerra pareció eliminar sus asperezas, después de la crisis financiera del 2008 han vuelto a aparecer dudas sobre la relación armónica de una economía capitalista y un sistema de gobierno democrático. Esta contradicción no solamente se vive en los centros del capitalismo, sino también en la periferia. Según Klaus Dörre, “la forma democrática de gobierno está siendo sacrificada en el altar de un capitalismo expansionista que depende cada vez más de las prácticas autoritarias para asegurar su existencia”.

Según Dörre, estamos en un proceso de transición de la democracia liberal (con su énfasis en la libertad y el pluralismo) y de la democracia igualitarista republicana (que les da prioridad a la igualdad y al principio de la soberanía popular) a: 1) las “democracias des-democratizadas”, en las cuales los ciudadanos han perdido su capacidad de decisión en el parlamento, como Grecia cuando votó mayoritariamente contra la política de austeridad impuesta por la Comunidad Económica Europea, pero el Gobierno debió someterse a los mandatos de Bruselas; y 2) a las “democracias no-democráticas”, que se están conformando en la periferia del Sur Global y en los países emergentes, en las cuales no se permite la consolidación de “democracias democráticas”. Estas últimas tienen como elementos centrales: la participación del pueblo en el proceso político, la soberanía popular, la igualdad política de los individuos y de las asociaciones con independencia de su confesión religiosa, raza y género, el sufragio universal igualitario y la participación integral de los ciudadanos, así como la protección contra la arbitrariedad del Estado.

En las “democracias no-democráticas”, como es el caso de Modi en India, Trump, Jair Bolsonaro, Álvaro Uribe, Daniel Ortega y Hugo Chávez, el pueblo participa ampliamente en las elecciones para escoger un gobernante, pero una vez elegido inicia un proceso para socavar los derechos democráticos más elementales.

En la esencia del capitalismo está que debe expandirse para poder existir. En el curso de su exitosa expansión, el capitalismo destruye gradualmente lo que necesita para su reproducción ampliada: el trabajo, la sociedad y la naturaleza. Para realizar este propósito el capitalismo tiene que impedir que se desarrollen formas radicales de gobierno democrático, tanto en los centros del capitalismo, pero especialmente en la periferia del Sur Global.

En este sentido, afirma Michelle Williams, “democracias no-democráticas y no-liberales han sido usadas en una buena parte del siglo XX postcolonial en las periferias del capitalismo, con el fin de asegurar que se pueda continuar la expansión capitalista bajo la máscara de la política de desarrollo occidental”. Los países del Sur Global, especialmente en América Latina y África, han sido obligados a aceptar las condiciones de intercambio económico que han impuesto los países más ricos y se les ha impedido construir formas más radicales de democracia.

El caso más sobresaliente es Chile, en donde, tras el derrocamiento y asesinato del presidente socialista Salvador Allende, se impuso una dictadura que a la vez impuso la forma más dura de organización económica de tipo neoliberal. Así, se puede afirmar, usando la distinción de Klaus Dörre, que en los países del norte industrializado ya no existe ni la democracia liberal representativa ni la democracia igualitarista republicana. Han sido reemplazadas, como ya ha sido dicho, por “democracias des-democratizadas”.

Estoy de acuerdo con la tesis de Michelle Williams, según la cual, desde mediados del siglo XX, en los centros del capitalismo se ha disfrutado de una progresiva consolidación de la democracia y altos niveles de desarrollo capitalista y bienestar para la población, a costa de generar una expansión antidemocrática e iliberal en la periferia del capitalismo.

Muchas de las grandes desigualdades económicas y sociales existentes hoy en América Latina son resultado de previos procesos de marginación social. Muchos de los miserables que habitan en nuestras grandes ciudades, sin empleo, sin educación, sin vivienda, sin acceso a salud, lo son porque sus padres y los padres de sus padres fueron también marginados, porque ellos tampoco tuvieron la posibilidad de obtener las condiciones materiales mínimas para construir para ellos y sus hijos una vida humana digna. Su situación hereda una exclusión histórica.

En Colombia, el Dane reveló hace unos meses que la incidencia de la pobreza en el país en 2020 llegó a 42,5 %, es decir 21.021.564 personas. Según el informe, 7.420.265 personas (15,1 % de la población) no ganan lo suficiente para comprar los alimentos mínimos requeridos para sobrevivir. Es una situación insoportable para los sectores sociales más pobres y la clase media baja.

Lo que muestran estas cifras es parte del problema social y político que tiene Colombia, que es similar al de otros países de América Latina, el cual no puede ser negado ni minimizado por la clase política y económica dirigente, que ha sido indolente por años ante los serios problemas del país. Se han enriquecido mediante el establecimiento de un sistema de propiedad privada y tributario construido para favorecer a los más ricos y de un sistema político que actúa en función de sus intereses. Han desarrollado un dispositivo de corrupción, del cual han sacado el máximo provecho, alcanzando montos anuales superiores al 7 % del PIB. En suma, han inclinado el sistema de las reglas básicas de la sociedad a su favor.

Sin embargo, hay candidatos presidenciales e intelectuales del sistema que afirman que Colombia muestra unos indicadores sociales en lenta pero constante mejoría que coinciden con indicadores macroeconómicos estables. De esta afirmación se sigue la vía reformista, ajustes estructurales y el rechazo no argumentado de proyectos políticos orientados a democratizar la democracia. En este diagnóstico coinciden los candidatos del centro, la centroderecha, la centroizquierda y los intelectuales del sistema.

Unos presuponen que vivimos en verdaderas democracias, en un mundo celestial, impoluto, que se puede construir bajo los imperativos de la argumentación racional; otros, como la Coalición de la Experiencia (sobre todo el “Fico”), vienen con las cartas marcadas, a consolidar la democracia de la exclusión, a reproducir el dispositivo de la corrupción, pero desconocen unos y otros que somos parte de un sistema global en el cual las “democracias des-democratizadas” del Norte imponen al Sur Global una expansión antidemocrática e iliberal. La democracia y la sociedad están siendo fragmentadas y anuladas. “La razón neoliberal está convirtiendo el carácter claramente político, el significado y la operación de los elementos constitutivos de la democracia en algo económico”, escribe Wendy Brown.

El orden de exclusión se sostiene en una división de funciones de la democracia y en una relación asimétrica del poder económico global: “la naturaleza de la democracia capitalista en los centros del capitalismo requiere ‘democracias no democráticas’ en las periferias, donde las poblaciones locales están sometidas a una explotación, represión y opresión desenfrenadas desde la época del colonialismo hasta el presente imperialista”, afirma Williams. Es una afirmación general, pero completamente válida en Colombia.

Hay una relación que vincula de manera necesaria las situaciones de pobreza y desigualdad radical existentes en estos países con el beneficio que han obtenido sus élites y los países más poderosos del Norte Global. Se puede hablar de una exclusión económica que genera las grandes desigualdades materiales, la cual comprende la esclavización, la explotación, la pobreza y el desempleo.

Tenemos también la exclusión política que es una consecuencia de la exclusión económica: las deficiencias en alimentación, la carencia de salud, la falta de educación, trabajo, protección social, incapacitan a los miembros de la sociedad para ser participantes normales de la vida civil y política. Esto determina que los ciudadanos de las “democracias no democráticas” vean disminuidas sus posibilidades de intervención en los procesos de construcción política de las instituciones democráticas.

En el proceso de lucha hacia un futuro emancipador está la necesidad de democratizar la democracia. Al final debe quedar claro que la reflexión que estoy desarrollando tiene como fin, primero, criticar la insuficiencia de las concepciones de “democracia des-democratizada” y de “democracia no-democrática”, y, segundo, comprender los problemas causados por el capitalismo.

Así, a partir de entender las formas bajo las cuales se produce la riqueza en el capitalismo, se planteará cómo, en la posible sociedad posterior que emerja después de la actual crisis del capitalismo, se podría desplegar el asunto postliberal de la justicia social, la cual no consiste en políticas redistributivas entendidas como caridad o como compensación por las consecuencias nefastas que produce la economía capitalista, sino en la transformación democrática de esferas sociales de acción como la economía y las estructuras de poder.

Es decir, una ampliación de la democracia a las esferas social y económica que presupondrá poner en cuestión las relaciones de propiedad y las estructuras de decisión; un tipo de organización social que pretenda gestionar y regular democráticamente el sistema social que emerja y que limite los excesos de la economía y el poder, y redistribuya sus beneficios favoreciendo el bien común.