Opinión

Los gremios de transporte de carga en Colombia sabe muy bien cómo poner en la esfera pública sus problemas económicos colectivos. En menos de ocho días los transportadores de carga nos hicieron saber a todos los colombianos que estaban disgustados con la decisión que tomó el gobierno Petro —desde hace casi dos años— de aumentar gradualmente el precio del diésel corriente o aceite combustible para motores —ACPM—. 

Desde octubre de 2022, los ministros de  Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía informaron a la ciudadanía del plan gubernamental de aumentar gradualmente, tanto el precio interno de la gasolina corriente como del ACPM. El Gobierno veía con gran preocupación el hueco fiscal —equivalente a varias reformas tributarias— que estaba generando el pago anual al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) —deuda que estaba en 37 billones de pesos en 2022 y logró bajarse en 2023 a 15.2 billones debido a la reducción del subsidio a la gasolina—.

Este hueco, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, ha sumado hasta la fecha, tal sólo para el ACPM, la astronómica suma de 56 billones de pesos —un billón por mes—. Lo que equivale a decir que en 56 meses que va del subsidio se han entregado al sector privado 33 mil millones de pesos por día, 1389 millones por hora o 23 millones por minuto. Provocándose un desangre equivalente a la entrega de 190 casas de interés social diarias al sector privado —para 2024, el valor máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS) es de 175 500 000 pesos—.

Está herida mortal a las finanzas públicas fue una herencia dejada al Estado por el gobierno de Iván Duque. Desde enero de 2020 ese gobierno tomó la decisión unilateral de congelar el precio interno de los dos combustibles —tanto de la gasolina corriente como del diésel o ACPM, este último ha permanecido en 9315 pesos el galón—. Lo que significó acabar con el acuerdo que se había tomado y respetado durante décadas de vender estos combustibles de acuerdo a la variación del precio internacional y que llevó al endeudamiento que tiene el Estado con el FEPC.

El plan del gobierno Petro consistía en aumentar primero el precio de la gasolina corriente y luego pasar al del ACPM. De esta manera, durante año y medio los usuarios del servicio de gasolina vieron como este pasó de un precio que estaba cerca de 9200 pesos —en octubre  de 2022— a más de 16 000 pesos —como está actualmente—. Decisión que aceptaron los usuarios del servicio de gasolina a pesar de los costos que están significando para ellos.

La idea, según lo programado, era que a partir del primero de septiembre de 2024, se comenzara con un aumento gradual del precio del ACPM. Durante un año y 10 meses el gobierno Petro se reunió con los transportadores en 13 mesas técnicas, donde intentó acordar la variación y los momentos para ella. Finalmente informó que se aplicaría en tres momentos: con un incremento cercano a los 2000 pesos en cada uno de ellos —el primero en septiembre de 2024, el segundo sería antes de junio del 2025 y el tercero antes de finalizar el próximo año— para una variación final de 6000 pesos, lo que pondría el diésel a un valor cercano a los 15 500 pesos, hasta que el precio interno se igualara al internacional.

Hasta el 30 de agosto, todo iba según lo planeado, hasta que llegó el momento de la decisión. Los gremios de los camioneros  —Fedetranscarga, Defencarga, Colfecar y ACC— esperaron hasta 30 de agosto de 2024, día que apareció la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Creg—, para llamar a sus empleados y prestadores de servicio de transporte para entrar en paro. A penas se conoció que el precio del galón de ACPM subiría 1904 pesos —pasando de 9460 pesos a 11 364 precio promedio en Colombia— se convocó a la parálisis del servicio. 

Como es costumbre entre el gremio de los camioneros, la decisión fue organizarse para realizar por las vías de hecho sus manifestaciones. Buscó afectar las miles de carreteras y vías del país. Durante los cuatro días que duró el paro los protestantes se ubicaron en lugares estratégicos —en las entradas y salidas de las ciudades— y luego procedieron a realizar lentos desplazamientos por las principales vías, hasta llegar a los centros de las capitales del país. 

Es decir, los dirigentes gremiales dieron orden de salir a la calle con sus gigantescos vehículos y paralizar el país. Según los medios noticiosos, en solo un día fueron más de 800 puntos de bloqueos en toda Colombia. Se bloqueó la vía Panamericana, las autopistas de ingreso a las ciudades y las conexiones viales con los municipios pequeños. Se usó los instrumentos de poder que tienen causando unos días difíciles, de ruido estridente en las ciudades y de parálisis molesta de la movilidad.

Por su parte el gobierno Petro se comportó muy distinto a los anteriores presidentes: le ordenó a la Fuerza Pública no salir a las calles a enfrentarse con los camioneros. El Gobierno reconoció que eran muy pocos los pequeños propietarios y camioneros los que salieron a manifestar, que la gran mayoría de la población que protestaba estaba obligada a salir a las vías por los grandes empresarios, para, supuestamente, proteger su trabajo. 

Los únicos enfrentamientos que se dieron con la Fuerza Pública fueron en lugares donde los mandatarios locales y regionales presionaron para que saliera la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) —el antiguo Esmad— a lanzar gases lacrimógenos. Por ejemplo en Bogotá, donde debido a la presión del alcalde Carlos Fernando Galán se usó la fuerza pública en la Avenida Séptima.

El gobierno Petro evitó las confrontaciones y el uso de la violencia; en su lugar, instaló una mesa de negociación. El Gobierno actuó como lo propone la nueva Ley de Seguridad y como lo establecen los actuales principios de la Fuerza Pública. Buscó acompañar a los protestantes con las organizaciones defensoras de derechos como la Defensoría del Pueblo y las personerías locales. Es decir, no hubo uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que llevó a que no se registrara ningún muerto.

En este escenario de protesta empresarial, los dirigentes gremiales del transporte supieron llevar su problema económico colectivo a la esfera de lo político. Esto provocó que el Gobierno tuviera que tomar otra decisión para parar las protestas, como fue el establecimiento de una mesa de trabajo con varios de sus ministros —del Interior, Transporte, Agricultura, Hacienda y Minas—. Se reunieron con los actores involucrados y por consenso tomaron la decisión de paralizar la resolución de aumento del precio y establecer otra medida.

Es decir, los camioneros lograron frenar la decisión gubernamental. Se pasó de una decisión de aumentar 1904 pesos a dos cómodos incrementos de 400 pesos. Según los resultados de la mesa de negociación, el nuevo acuerdo para levantar el paro es aumentar en 800 pesos el precio del diésel o ACPM —uno luego de la negociación y otro el primero de diciembre de 2024—. Además, lograron dejar en veremos los posteriores aumentos, que como dije, eran tres de 2000 pesos. Ahora los planes del Gobierno se han cambiado y con ello la pretensión de reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible este año a 11.9 billones de pesos. 

Ante este resultado de uso del poder de los gremios de los transportadores cabe hacerles varias preguntas: ¿Será que ellos están esperando que sus problemas se trasladen a otros sectores sociales, que, por ejemplo, se reduzca el gasto público en educación para subsidiar el consumo privado de combustible, de un bien que, además de afectar las finanzas del Estado, producen daños ambientales?, ¿será que pretenden que se les siga entregando los recursos del Estado —equivalente a 190 casas de interés social diarias— para aumentar sus patrimonios familiares netos?, o ¿será que quieren que el Congreso apruebe otra reforma tributaria para que pueda seguir transfiriéndoles el recaudo público vía subsidios?

En momentos como este hay que recordarles a los transportadores que, primero, estamos ante un subsidio insostenible, pues es clara la difícil situación fiscal que hace necesaria la idea de todos ponen. Segundo, sobre la responsabilidad que deben tener con el medio ambiente, y que se ve muy feo que la sociedad vía Estado, les subsidie el consumo de un bien dañino para la naturaleza. Tercero, que sean coherentes con la propuesta de precios justos, pues se les está entregando un diésel con el tercer precio más bajo en el continente. Y cuarto, que recuerden que la defensa de sus intereses no puede darse en un ambiente de vulneración de los derechos de los otros, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el acceso a los alimentos y a los servicios esenciales.

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

• Esta columna fue publicada en el sitio web Pares, el 9 de septiembre de 2024. 

• Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://bit.ly/ParoACPM

Notas:

1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.

2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.