Opinión

Cualquier estudiante o investigador reconoce estos problemas. Un líder competente guía y respeta; uno incapaz transforma el proceso en un trámite utilitario.

En Colombia, la investigación es un simulacro que se sostiene sobre los estudiantes y la obsesión por publicar en revistas extranjeras. Un sistema que prioriza artículos sin considerar suficientemente su impacto social.

Casi nunca se dice: investigar no es obligatorio en pregrado, especializaciones ni maestrías de profundización; solo el MEN lo exige en maestrías investigativas y doctorados. Sin embargo, la acreditación lo impone arbitrariamente, castigando programas que no usen la tesis como trampolín, sobrecargando a los estudiantes.

La mayoría de proyectos carece de financiación y se sostiene con estudiantes y familias. Una tesis en salud puede costar millones de pesos en materiales, transporte y tiempo, subsidiando así el currículo del asesor y los indicadores universitarios. Esta precariedad genera metodologías inviables, diseñadas para cumplir requisitos, no para responder preguntas reales. Exigir lo que el MEN no pide es impresentable. Esta imposición no solo contradice el espíritu de la Ley 1740 de 2014, que enfatiza calidad y pertinencia, sino que distorsiona la autonomía universitaria al convertirla en esclava de indicadores burocráticos. Las universidades «pueden» pedir tesis, aunque el MEN no lo exija… y sí, pueden, pero al hacerlo vulneran sus fines misionales y distorsionan su autonomía para cumplir con indicadores burocráticos amañados.

En escala mayor, Minciencias ha priorizado el índice SJR por encima de plataformas regionales como SciELO y Redalyc. Ese asunto ya fue tratado en una columna anterior pero el modelo perdura y las editoriales cobran fortunas, equiparables a las de gigantes tecnológicos.

Y este utilitarismo de la ciencia se replica a pequeña escala: el Estatuto Profesoral y el Decreto 1279 premian publicar, no resolver problemas. La investigación debe ser un activo de impacto social —patentes, licencias—, medido por solucionar problemas reales —agua, salud—, no por artículos. Un activo es un protocolo, cultivo o política, no un PDF archivado. El sistema de tesis innecesarias en programas no estipulados por el MEN es disfuncional; debe transformarse de un ejercicio endogámico en una inversión pública cuyo conocimiento cambie realidades, no solo repose en depósitos.

La presión por publicar para ascender en el escalafón y obtener incentivos asociados termina empujando a profesores que no ejercen como verdaderos «investigadores principales» —con financiación, cronograma y compromisos legales logrados en concurso de convocatorias— a asumir proyectos inviables: sin soporte real ni continuidad, lo que se traduce en frustración y tesis inconclusas. La solución es abolir la tesis obligatoria y sustituirla por pasantías en proyectos existentes de IPs. Así, el estudiante aprende en equipos reales sin costos indebidos, el IP obtiene colaboración entusiasta, se elimina la deuda artificial de publicaciones y se aplican directamente conocimientos acopiados en metodología, ética y estadística en entornos reales.

La autoría es otro tabú. Donde debería primar el pacto serio —estudiante como primer autor, investigador sénior como respaldo y al final—, muchos jefes de laboratorio se apropian del primer lugar, relegando al verdadero autor. Esta explotación es controvertida y conveniente. Guías internacionales —ICMJE, COPE, CSE— exigen contribución sustancial para ser autor y prohíben la autoría honoraria, normas ampliamente ignoradas. En la práctica, los estudiantes terminan siendo cofinanciadores involuntarios de su propio trabajo: ejecutan, producen y pagan. La asesoría de un profesor merece reconocimiento, pero la coautoría exige una contribución intelectual real y verificable. La autoría regalada «gift authorship» es, simplemente, mala práctica ética. Las pasantías intra e interdisciplinarias acabarían con este abuso.

La pregunta crucial en futuras convocatorias sería: ¿generará un activo transferible con impacto social? Si no, no debería financiarse. Un PDF archivado es desperdicio. Los proyectos deben aspirar a patentes, licencias y soluciones que generen dividendos y financien futuras investigaciones. El contraste con el exterior es brutal: en EE. UU., Europa o Japón, los proyectos evalúan resultados transferidos, no artículos. Modelos como la alemana Fraunhofer-Gesellschaft articulan academia, Estado e industria para producir licencias e innovación real. En Japón, muchos convenios universidad-empresa convierten la investigación en innovación aplicada.

¿De qué sirve publicar en inglés sobre enfermedades raras ignorando el dengue? ¿Hablar de nanotecnología mientras veredas carecen de agua? ¿De qué sirve investigar estética dental mientras la salud pública está en ruinas? La academia está desconectada de las necesidades sociales; se investiga para rankings, no para realidades.

El problema es también epistemológico: el fetichismo por temas «de moda» internacionalmente —ciencias ómicas, IA— crea un colonialismo académico que abandona áreas cruciales para el país como la agronomía de suelos o la historia regional, por ser consideradas «ciencia menor». Este sistema no solo frustra estudiantes y envanece profesores; envenena la confianza pública en la ciencia. Cuando la ciudadanía no ve retornos tangibles de la inversión en investigación, alimenta el negacionismo y debilita el contrato social que sustenta la empresa científica.

Se suma un problema de liderazgo: el investigador sénior que, tras su doctorado, deja de producir conocimiento de frontera. Su capital se reduce a jerarquía, administración y dirección de estudiantes, sin generar activos, transferencia o patentes, perpetuando ciclos de autoreferencialidad y endogamia. Aunque hay excepciones honrosas, el sistema premia esta situación.

Hay que decirlo: la investigación aquí suele dejar de lado lo local, recargar a los estudiantes, distorsionar autorías y privilegiar revistas extranjeras sin generar activos reales. Urge priorizar lo útil, financiar el impacto real y terminar con el uso de estudiantes para engrosar indicadores y escalar en el sistema de incentivos. Sin esos cambios, la investigación seguirá siendo lo que es hoy: un campo minado de frustración para los jóvenes, un carnaval de egos académicos, una herramienta de acreditación y un negocio rentable para pocos. Un espejismo costoso en dinero, talento y esperanza, con retornos sociales mínimos.

La transición no debe ser traumática. Las universidades podrían crear un 'periodo de gracia' para que las tesis existentes culminen, mientras implementan pilotos de pasantías con IP y grupos con trayectoria probada. Minciencias debe ofrecer financiación específica para este nuevo modelo.
 
Cuatro cambios urgentes para una investigación real:

1. Reemplazar tesis por pasantías. Eliminar la tesis como requisito en pregrado y especialidades; como obliga el MEN. La investigación debe ser exploratoria —pasantías—, no obligatoria.
2. Financiar por impacto, no por artículos. Priorizar el financiamiento de proyectos con planes claros de transferencia y apropiación social del conocimiento, que demuestren cómo sus resultados se convertirán en insumos para políticas públicas, innovaciones sociales, patentes, o mejoras concretas en la prestación de servicios de salud.
3. Autoría ética y verificable. Prohibir que los profesores figuren como primeros autores en proyectos estudiantiles, y restringir la coautoría únicamente a los casos en que exista un aporte intelectual sustancial y comprobable.
4. Alinear la acreditación con la norma real. Evitar que acreditación y registro calificado impongan investigación en pregrado o posgrado como requisito inexistente del MEN.

Este es un llamado a los consejos superiores universitarios a reformar sus estatutos profesorales; a Minciencias a revalorar los indicadores de calidad; y a los estudiantes a exigir sus derechos de primera autoría, una formación con pasantías de impacto real y el fin de las tesis investigativas que el Ministerio no exige. No será fácil, pero la complicidad con el sistema actual es insostenible.

Referencias legales
República de Colombia. (1992). Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. Bogotá: Congreso de Colombia.
República de Colombia. (2002). Decreto 1279 de 2002: Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2019). Resolución 160 de 2019: Por la cual se establecen lineamientos sobre trabajos de grado en programas de educación superior. Bogotá: MEN.
República de Colombia. (2014, 23 de diciembre). Ley 1740 de 2014. Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49 405. Presidencia de la República.
Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. (1996). Acuerdo Superior 083 de 1996: Por el cual se expide el Estatuto Profesoral de la Universidad de Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia.

Referencias institucionales y académicas
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias). (s.f.). Políticas de indexación de revistas científicas colombianas (Publindex). Bogotá: Minciencias.
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). (s.f.). Lineamientos y servicios de transferencia de conocimiento. Medellín: Universidad de Antioquia.
Universidad de Antioquia, Vicerrectoría de Investigación. (2016). Fondo de Innovación Codi 2016. Medellín: Universidad de Antioquia.
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). (s.f.). Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals.
Committee on Publication Ethics (COPE). (s.f.). Core practices.
Council of Science Editors (CSE). (s.f.). CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications.

Referencias académicas y de divulgación
Elsevier. (s.f.). Historia del modelo editorial científico: Pergamon Press y la consolidación de Elsevier. Ámsterdam: Elsevier.
Redalyc y SciELO. (s.f.). Bases de datos y plataformas de indexación latinoamericanas. México: UAEM / São Paulo: FAPESP.
Fraunhofer-Gesellschaft. (s.f.).Transferencia tecnológica en Alemania. Fráncfort: Fraunhofer.
Universidad-Industria (Japón y Estados Unidos). (s.f.). Convenios y modelos de transferencia tecnológica. Tokio / Washington D.C..
«Robert Maxwell, el corruptor de la ciencia». Columna de opinión, Universidad de Antioquia.

• * Investigador en ciencias de la salud y observador de asuntos globales

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Notas:

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