Opinión

El tema de la financiación y de los recursos para las universidades públicas, reaparece cada año como un fantasma difícil de exorcizar. Más si se parte de la idea de un Estado y gobierno que quieren desentenderse o por lo menos mantener en sus mismos niveles históricos los dineros para el funcionamiento de estas universidades.

Como se sabe el artículo 85 de la ley 30 de 1992 asigna unos recursos indexados según el IPC, para su sostenimiento. Y como sabemos, igualmente, estos dineros no cubren las nuevas necesidades, que desde la promulgación de la ley, requieren estas instituciones.

Las nuevas exigencias de funcionamiento y crecimiento de las universidades, demandan recursos incrementados. Necesidad de incrementar planta profesoral, inversión en investigación, crecimiento de la infraestructura, ampliación de cobertura para ingreso de estudiantes, planes de regionalización, proyectos de proyección a la sociedad, son solo algunos de los múltiples ítems a evaluar en cuanto a requerimientos institucionales.

El ex Rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, llegó a enunciar la pertinencia de concebir como fórmula de financiación,  la denominada canasta educativa, no confundible con los incrementos del Índice de Precios al Consumidor IPC, canasta que debería cubrir los rubros incrementales ya mencionados. Este cálculo es cada vez más urgente. Las universidades públicas se encuentran desbordadas financieramente en cuanto a funcionamiento e inversión.  

En el ínterin de estos debates, y luego, de las luchas estudiantiles en contra de la reforma regresiva de la ley 30 por el gobierno Santos en 2011, este mismo gobierno apostó por un mecanismo de fortalecimiento de hecho de las universidades privadas a través del programa “ser pilo paga”.

Este mecanismo ha posibilitado una transferencia objetiva de recursos del ámbito de lo público para lo privado. Prácticamente, el 80% de los nombrados pilos, desembocan en las universidades privadas. Si bien, son miembros de los estratos 1 y 2, el recurso que el Estado les asigna para costear el semestre va a las arcas de aquellas. Para el año 2018 se calcula que el presupuesto del programa ronda los 800 mil millones de pesos.

Cuando de otro lado los recursos nuevos para las universidades públicas solo sumarán los 140 mil millones de pesos -que resultan del porcentaje del IVA asignado a la educación superior-. Y mientras por otro lado, el presupuesto para ciencia y tecnología disminuye en un 11% -luego del reajuste hecho por Minhacienda, ante la protesta generalizada de los movimientos estudiantil y profesoral-.

Como se ve el desbalance a favor de las universidades privadas, partiendo del programa de “los pilos”, es abrumador. Con razón en su momento el Rector de la Universidad de los Andes, llegó a decir, que esta, era la universidad pública más importante del país. El programa ha beneficiado a unos 30.000 estudiantes, volumen no muy significativo de la matrícula universitaria global. Está por hacerse el balance de los efectos sociales del programa: ¿Qué ha pasado con los pilos?, ¿se han adaptado a la cultura de élite de las universidades privadas?, ¿se han presentado fenómenos de estigmatización y segregación?

Aunque un estudio sobre el programa habla de las virtudes del interclasismo (Londoño, Juliana y otros: 2017) –pero como postulado, no como realidad fáctica evaluada-. El nivel de deserción es cercano al 5%, no muy representativo, pero cabe anotar: ¿qué pasa con quien se retira? Estará, seguramente, pagando una crecida deuda para familias de escasos recursos.  No sabemos muchas cosas, sobre la cotidianidad de “los pilos”, pues, las evaluaciones sobre estos temas por las universidades privadas no son conocidos –si es que los hay-.

Es urgente, ahora que el debate sobre candidaturas a rectoría parece abrirse en la Universidad de Antioquia, el que los candidatos –que proliferan en número-, apuesten por salidas y propuestas en relación con este tema esencial para la continuidad y sostenibilidad de la educación superior y de las universidades públicas en particular. Hablar de un déficit de 800 mil millones de estas universidades, como aseveró el Rector Mauricio Alviar, es subestimar el tamaño de la desfinanciación.

En 2011, la MANE -Mesa Amplia Nacional Estudiantil-, enunciaba un déficit histórico de 14 billones de pesos desde la entrada en vigencia de la ley 30. Y que no se diga tampoco que la productividad del profesorado es la causa del déficit, este proviene de la ausencia de recursos adicionales aportados por el Estado. Si se quiere universidades de calidad, el resultado inevitable es la calificación y productividad del profesorado con su reflejo en las tasas salariales.

Anunció, igualmente, el Rector Alviar la llegada de 18 mil millones de pesos adicionales para la Universidad de Antioquia, producto de los recursos adicionales por el IVA, y que serían destinados a planta profesoral -30 nuevas plazas, dijo-; se espera el cumplimiento de dicha promesa, pues, efectivamente, la universidad urge de un crecimiento en sus plazas de vinculados, congeladas desde la década de los noventa y ha debido enfrentar el crecimiento de la cobertura con profesores de cátedra, que en la Universidad llegan a ser el 70% de la planta activa.  

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Referencias bibliográficas
Londoño Juliana, Pulido Xiomara, Rodríguez Catherine y Sánchez Fabio (2017). Ser pilo paga: lo que muestran los datos.    

Nota

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