Periódico Alma Máter

Universidad de Antioquia. Foto: Natalia Piedrahita. 

El desfinanciamiento histórico que arrastran las instituciones de educación superior – IES, en particular las universidades del Sistema Universitario Estatal – SUE, evidencia la urgencia de un mayor compromiso de las entidades territoriales con el financiamiento de la educación superior pública, pues lo que hoy aportan, por la Ley 30 de 1992, artículo 86, es bastante modesto, insuficiente e incluso inexistente.

En el caso de la Universidad de Antioquia, en el presupuesto de los últimos años los aportes del departamento representan, en promedio, el 3,2% de los ingresos totales de la institución, y el 7,9% de los ingresos por concepto de transferencias públicas. El Municipio de Medellín solo contribuye de manera indirecta a través de la estampilla Universidad de Antioquia, creada en 1994. La Nación, por su parte, aporta el 30% de los ingresos totales y el 50% por concepto de las transferencias.

Como bien se sabe, el desajuste estructural proviene porque los costos por funcionamiento de la Universidad crecen por encima del 10%, mientras las transferencias de recursos de la Nación apenas lo hacen al ritmo del IPC. Al cierre de agosto de este año, el déficit acumulado por estos conceptos en la UdeA ascendía a $141.504 millones.

Aportes de la Universidad

Pese al complicado escenario financiero, en sus más de 210 años de historia, los aportes de la Universidad son incalculables para el desarrollo del país y de la región.

Solo considerando los últimos 24 años, el número de estudiantes de pregrado en Medellín aumentó 128,5%, pasando de 16.300 en 1994 a 37.253 en 2018; en el mismo periodo, la cobertura en regiones pasó de 62 estudiantes a 7.300; los grupos de investigación crecieron 777%; las sedes regionales pasaron de 1 a 12 en este periodo.

Asimismo, el número de investigadores (profesores, estudiantes de pregrado y posgrado) subió de 573 a 2.145; el número de estudiantes graduados en pregrado se multiplicó 3,4 veces al pasar de 33.883 a 113.360; el número de proyectos de investigación formulados pasó de 411 a 1.131 y las patentes de 8 a 112.

En la actualidad, de los 37.253 estudiantes de la sede de Medellín, cerca de 11.000, equivalente al 28,9%, pagan cero pesos de matrícula y el 51,9%, 18.873 estudiantes, paga entre $200.000 y $400.000. Más aún, en regiones, el 95% de los estudiantes no pagan matrícula.

Los efectos multiplicadores positivos de la formación de capital humano por parte de la Universidad son infinitos para el crecimiento económico, la construcción de ciudadanía, el desarrollo productivo y la edificación de la verdadera paz estable y duradera en nuestros territorios, si se piensa en términos de equidad, innovación, emprendimiento, inclusión, ascenso social y disminución de brechas de ingresos.

En tal sentido, resulta imperativo, comprensible y más que justo que la clase política del departamento y la ciudad, nuestros dirigentes, y la sociedad en general, entiendan la realidad financiera por la que atraviesa la Universidad y contribuyan de manera activa y real a fortalecer uno de los patrimonios más valiosos de los antioqueños, la Alma Máter.

Por tanto, el Municipio de Medellín no puede seguir indiferente a la financiación de la Universidad, máxime cuando es uno de los mayores beneficiados del valor agregado que genera la Universidad, incluso por encima del Departamento.

Alternativas de financiación

En esa dirección, urge encontrar mecanismos directos de financiación que permitan que el Municipio aporte recursos que hagan base presupuestal para el funcionamiento de la Universidad.

Una idea para explorar es la posibilidad de crear una suerte de presupuesto participativo educativo, que tenga como finalidad financiar una parte del costo que representa formar un estudiante en la Universidad de Antioquia.

Teniendo en cuenta que el grueso de estudiantes de la Universidad proviene de los barrios de Medellín de los estratos 1, 2 y 3, podría considerarse la posibilidad de que el subsidio de demanda que hoy se otorga a través de las juntas comunales, se convierta en un subsidio de oferta para la Universidad.

Desde otra perspectiva, el municipio de Medellín, el Valle de Aburrá y el departamento de Antioquia requieren de un sistema universitario de educación tripartito que garantice la alta calidad, la pertinencia y la articulación entre programas e instituciones.

Dicho sistema se debe convertir en el vehículo para el desarrollo del conocimiento, la movilidad estudiantil y profesoral, el nicho de los emprendimientos y la vinculación con el medio empresarial y social; pero, ante todo, debe contribuir a garantizar la sostenibilidad financiera de la educación superior pública en la región.

Y con respecto al Departamento, recientemente la Universidad le propuso a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea la posibilidad de una ordenanza que incremente los aportes a la Institución, orientados a financiar el 50% de los costos del programa de regionalización, equivalente a $22.500 millones.

Confiamos en la sabiduría y visión de nuestros diputados para que apoyen esta iniciativa, lo cual, sin duda, sería un paso importante para la superación de las brechas de inequidad entre los municipios del área metropolitana y las demás regiones de Antioquia.

Por la vía del acceso a la educación con calidad, es posible soñar con una sociedad más equitativa, donde las comunidades mejoran su condición de vida y contribuyen a su progreso social y material. Después de todo, ¿qué sería de Medellín y Antioquia sin esta Universidad?

Los recursos que se están yendo todavía para el tema de defensa, deberían ir a la educación pública.