Opinión

En Colombia, hasta la década de los años noventa, el Estado jugó un papel protagónico en la planeación, el desarrollo y la operación de los principales componentes de un sistema eléctrico como son la generación, la transmisión y la distribución. Para la época, la mayoría de empresas eran propiedad de la Nación, departamentos y municipios. La sociedad colombiana realizó grandes esfuerzos económicos entre 1960 y 1990 y se consolidó la infraestructura eléctrica actual, al punto de que en la década de los ochenta la deuda del sector eléctrico colombiano llegó a representar el 70% de la deuda externa del país. Resultado de ello fue la construcción de grandes centrales hidroeléctricas como El Guavio, Jaguas, Calderas, Betania, Guatapé, San Carlos, Playas y la línea de interconexión eléctrica a alta tensión entre el interior del país y la región Caribe.

Es cierto que la ausencia de una visión sistemática y estratégica del sector eléctrico por parte de la dirigencia nacional, sumada a la corrupción que se dio en algunas regiones del país en el período mencionado, puso en tela de juicio la eficiencia y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica en cabeza de empresas estatales. El país fue sometido al racionamiento de energía en 1992 poniéndose en evidencia las limitaciones y crisis estructural del sector. Esta situación permitió sustentar  durante el gobierno de César Gaviria Trujillo las reformas del sector eléctrico colombiano a través de las Leyes 142 y 143, las cuales tuvieron como objetivos: la transformación del Estado empresario a Estado regulador; la sustitución del papel del Estado en la planeación integral de los recursos energéticos por una planeación indicativa; la desintegración vertical de las empresas al separar los negocios de generación, transmisión y distribución en empresas o negocios independientes. Las reformas crearon las condiciones para que en Colombia se iniciara durante la década de los noventas un larga cadena de privatizaciones de centrales de generación y empresas regionales de distribución de electricidad, incluyendo la reciente venta de Isagén, tras varios intentos fallidos realizados por gobiernos de turno en los últimos veinte años.

Isagén suministra el 20% de la demanda nacional de energía eléctrica a través seis centrales hidroeléctricas con potencia total de 2.732 MW y la central térmica de Termocentro con una potencia de 300 MW. El área total de los embalses y bosques caracterizados por su gran biodiversidad es de aproximadamente 23 mil hectáreas, extensión que es equivalente al 7% de la superficie del departamento del Atlántico y 12% del departamento del Quindío. Sus fuentes de generación son el agua y el gas natural, dos energéticos que se caracterizan por un nulo o reducido factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) respectivamente, con lo cual se logra tener ventajas comparativas que son importantes, especialmente si se tiene en cuenta el acuerdo vinculante de los 195 países en el COP 21 en París en diciembre de 2015 para reducir emisiones de GEI y lograr la meta 2C en el año 2050. En este acuerdo Colombia suscribió su compromiso de reducir las emisiones en un 20% con respecto a las emisiones de GEI en 2010.

La valoración económica de Isagén en 11.22 billones de pesos colombianos, al tener en cuenta el ciento por ciento de las acciones y el precio en que realizó la venta del 57% de las acciones de la  Nación, no  refleja su valor real, en tanto que su valorización no puede estar referida únicamente en función de sus activos físicos, sino también de las externalidades positivas que representan la generación eléctrica con muy baja carbono intensidad; la conservación de bosques con gran biodiversidad [1-2,5];  y que en el futuro las centrales hidroeléctricas pueden ser fábricas de hidrógeno, esto último, al disponerse en este tipo de centrales de agua y electricidad para la producción de este energético sin la emisión de GEI.

La valoración del patrimonio nacional de acuerdo con consideraciones estrictamente financieras y supuestamente sustentadas en el mayor rendimiento de la sustitución de uno activo por otro, es un acto de irresponsabilidad con las generaciones futuras y desconoce las nuevas corrientes de pensamiento en esta materia.

Ante el alto crecimiento de la demanda de electricidad que se pronostica para los próximos años, Colombia debe seguir explotando su potencial hidroeléctrico. La construcción de nuevas centrales hidráulicas de gran capacidad y por su elevado costo de capital, las extremas exigencias ambientales y la dificultad que representa hoy la concertación con las comunidades asentadas en el lugar donde estas se construyen, no resulta atractivo para los agentes privados. En este campo, su interés se sitúa en la compra de centrales construidas, o en recibirlas en concesión, y en la construcción de centrales de pequeña y mediana capacidad. En la historia de la generación eléctrica en Colombia y en particular, la puesta en acción de las políticas regulatorias para darle señales de mercado a la inversión privada, solo se conoce la construcción de una central hidroeléctrica de gran capacidad, como es la central del Quimbo con una potencia instalada de 420 MW en el departamento del Huila, y por cierto con grandes problemas ambientales y poca aceptación por parte de las comunidades ubicadas en su área de influencia. Con la venta de Isagén Colombia ha renunciado a tener un actor para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de importancia nacional, en condiciones de sostenibilidad ambiental y en armonía con las comunidades en el área de influencia de las centrales que se construyan [3-4].

Referencias

1. https://www.isagen.com.co/comunicados/flora_de_embalses_guia_ilustrada.pdf

2. https://www.isagen.com.co/comunicados/GUIA_LA_MIEL.pdf

3. https://www.isagen.com.co/comunicados/Gestion_ambiental_2009.pdf

4. https://www.isagen.com.co/informe-de-gestion/2014/proteccion-recurso-hidrico.html

5. https://www.isagen.com.co/comunicados/Boletin_Yaguiries.pdf

Nota

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