Periódico Alma Máter

Bebida azucarada. Imagen libre de Pixabay.

El dicho popular que reza que no hay un poder más grande que el del pueblo quedó constatado con la aprobación de la Ley 2120 del 30 de julio de 2021, o Ley de Comida Chatarra, por parte del Congreso colombiano. Fue el resultado de cerca de cinco años de gestión por parte de organizaciones y entidades académicas, políticas y sociales, como DeJusticia, Educar Consumidores y la Corporación Colombiana de Padres y Madres —Red PaPaz—, esta última, líder de la acción popular mediante la cual solicitó al Estado la regulación del etiquetado de los alimentos ultra procesados.

Con la promulgación de esta Ley se logró el etiquetamiento frontal, informativo y legible de bebidas azucaradas y alimentos procesados en general, con lo cual se advierte sobre sus peligros. Sin embargo, las entidades reclamantes solicitan mucho más, ya que estos comestibles son una amenaza contundente a la salud humana y, en especial, a la de niños y jóvenes que suelen consumir mecato, golosinas, gaseosas, jugos o néctares de caja como parte de sus loncheras.

Para desestimular su ingesta, varias organizaciones han buscado desde 2016 regular las bebidas azucaradas. Han sido presentados varios proyectos de ley al Congreso para gravar estos productos, pero los intereses políticos, el lobby y la presión de conglomerados económicos colombianos sobre este sector han evitado su aprobación. En septiembre pasado nuevamente se rechazó la inclusión del impuesto, que iba a ser parte de la reforma tributaria —que sí fue aprobada—.

«Se reclama un impuesto saludable, es decir, específico, a las bebidas azucaradas. Sería una fórmula para reducir el consumo, ya que el consumidor asume algunos costos del fabricante. Estudios internacionales evidencian que un aumento del 30 % en el precio total, reduciría un 30 % del consumo, lo cual sería una buena cifra de disminución», destacó Germán Darío Valencia Agudelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos e integrante del Grupo de Microeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia.

En la reforma tributaria de 2018 se incluyó un impuesto monofásico —solo se da en una etapa de las ventas— a las bebidas azucaradas, pero este no subsana los costos de problemas como la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, como recomiendan los expertos y la Organización Mundial de la Salud, sino que se basa en el hueco fiscal de Colombia. Valencia Agudelo reconoce que, «aunque hay evidencia de que los impuestos han tenido un efecto positivo en desincentivar su consumo, los países han evaluado esta medida desde lo contributivo, no desde el bienestar de la persona y este debería ser, en primera instancia, un instrumento como política de salud».

«La aplicación de la etiqueta es una ganancia de los ciudadanos colombianos de a pie. Sin embargo, en los próximos dos años se vienen conversaciones sobre el diseño y la ubicación de estas etiquetas, ya que la Andi y Fenalco, defensoras de las empresas productoras, van a intentar que el octágono destinado para alertar al consumidor sobre los componentes de las bebidas y productos sea pequeño; pero ahí estaremos nosotros abogando por la salud de nuestros hijos y de todos los consumidores colombianos», aseguró Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz.

Sin embargo, las fuentes coinciden en que ante el sello o la información del producto no siempre la gente hace caso. Como ejemplo están las cajetillas de cigarrillo y los fumadores. Y el problema es mayor en las ciudades, donde las personas no disponen de mucho tiempo para preparar alimentos y en ocasiones prefieren darle una opción fácil de alimentación a la familia. Debajo de toda esta problemática subyace la precariedad de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza y 7.4 en la pobreza extrema, según cifras del Departamento Nacional de Planeación —Dane— a 2021.

Eres lo que ingieres

«Una porción de bebida azucarada de 240 mililitros puede aportar entre 20 y 40 grqmos de azúcar, que equivale a la mitad o más de la mitad de la recomendación de consumo máximo de azúcar dada por la Organización Panamericana de la Salud —OPS— que es de 50 gramos al día, con el fin de prevenir el sobrepeso y la obesidad. Además de exceder ese límite, al consumirla, ingerimos una bebida sin aporte nutricional: sin fibra o vitaminas provenientes de fuentes naturales; son bebidas energéticas, con muchas calorías de carbohidratos», explicó Isabel Cristina Carmona Garcés, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética e integrante del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Educación para la Salud y Educación Nutricional de la Universidad de Antioquia.

Pero esto no es todo. Algunas de dichas bebidas tienen componentes, como el sodio y el potasio, que en exceso, pueden ser nocivos para la salud. En el caso de los energizantes, contienen sustancias estimulantes y perjudiciales. Estos datos se vuelven más problemáticos si se consideran las cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia —Ensin— realizada en 2015: el 24.4 % de niños entre 5 y 12 años y el 56.4 % de la población total de jóvenes y adultos de 18 a 64 años presentan exceso de peso.

«La realidad en Colombia es que mucha gente elige sus bebidas por el precio, la inmediatez y no por su contenido nutricional. Las bebidas azucaradas tienen un bajo costo, son de fácil acceso y disponibilidad, lo cual favorece su consumo, que en diversos estudios se ha asociado con sobrepeso y obesidad, factores de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el cáncer», advirtió Carmona Garcés.

Este fenómeno evidencia también una ausencia de educación en hábitos de consumo y cultura de la sana alimentación, ya que es una decisión de cada familia de acuerdo con sus posibilidades. Por ello se requieren niños y jóvenes mejor informados, adultos o cuidadores que estén en la capacidad de tomar buenas decisiones en cuanto a la nutrición.

Los investigadores señalan, a su vez, que los medios de comunicación están implicados en este tema, ya que pueden ser herramienta para informar a los consumidores y vigilar a los tomadores de decisiones para que el Estado promueva políticas públicas basadas en la salud y el bienestar de sus habitantes.