Periódico Alma Máter

El acceso a la salud, es una de las principales razones por las que las mujeres venezolanas buscan atención jurídica en Medellín y su área metropolitana. Foto ©UNHCR_Catalina Betancur Sánchez

Venezuela es el segundo país que más población migrante expulsa a nivel global. En Colombia, al 31 de enero de 2021, se encuentran radicados más de un 1 742 000 venezolanos, según Migración Colombia. El 44 % de estos —762 000— se encuentran en condición regular, mientras que el 56 % restante —966 000— no han formalizado su estancia. 

A pesar de que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos para responder a las necesidades de quienes han llegado de la nación vecina —la Constitución de 1991 establece, en su artículo 100, que los extranjeros disfrutarán de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos; en consecuencia, el Estado ha hecho esfuerzos para responder a las necesidades de quienes han llegado en esta corriente migratoria—,  gran parte de esta población se encuentra en condición de vulnerabilidad. 

Existen iniciativas de apoyo, como la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que regulariza su situación por 10 años, y diversos Permisos Especiales de Permanencia —PEP—. Además esta población recibe en Colombia otras atenciones: urgencias médicas, sistema educativo para menores, vacuna contra la covid-19 para embarazadas sin necesidad de cédula de extranjería, PEP o salvoconducto, y nacionalidad a los recién nacidos de padres y madres venezolanos. 

No obstante, aún falta por trabajar. Rocío Bedoya Bedoya, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, quien desde 2010 se dedica a investigar procesos de migración, explicó que esta población, en general, padece dificultades en el acceso a sus derechos fundamentales en salud, empleo y vivienda digna. Particularmente, las mujeres además son víctimas de violencias estructurales, es decir, basadas en su género, condición migratoria, clase social y nivel educativo. 

Un ejemplo de esto es la historia de Johana y Nicoll, madre e hija de 35 y 8 años respectivamente, quienes salieron de Venezuela en 2019 tras dejar su vida en Isla Margarita. En Colombia resolvieron condiciones vitales, como refugio y comida, pero después de pasar por robos, noches a la intemperie y de tener que sobrevivir vendiendo dulces y bebidas en la calle, padeció una crisis cardiaca.

Llegaron a la ESE Metrosalud de Nuevo Occidente, en Medellín, para ser atendida por su cardiopatía, una obstrucción en la válvula aórtica que, por falta de insumos, no pudo ser tratada en Venezuela y que fue la razón más poderosa para abandonar su país. 

Después del episodio, en 2020, Johana empezó un proceso judicial para acceder a un tratamiento en Colombia. Con el acompañamiento del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados —Acnur—, interpuso una acción de tutela para conseguir una atención en salud especializada, pues hasta entonces solo tenía acceso al servicio de urgencias. 

En el fallo se negó esta solicitud porque no tenía EPS y resaltó que no contaba siquiera con un documento de identificación válido para hacer la afiliación al régimen contributivo o subsidiado —Sisbén—. Tras un trámite jurídico complejo, con apoyo del Consultorio Jurídico y Acnur, solicitaron la aceptación de Johana, su hija y su esposo como refugiados y lograron conseguir la identificación colombiana. Aún así, hasta junio de 2021, Johana no había sido atendida. 

En detalle, Astrid Osorio, coordinadora del Programa de Protección Internacional de la Facultad de Derecho de la UdeA, señaló que el acceso a la salud es una de las principales razones por las que las mujeres migrantes venezolanas buscan la atención en esta dependencia de la Universidad. 

Por estar irregulares—aunque también sucede a algunas migrantes regulares— muchas mujeres requieren acompañamiento, pues se encuentran en situaciones similares a la de Johana, sin más atención que el servicio de urgencias. «Al no tener ningún tipo de régimen de salud no tienen cómo acceder a tratamientos de alto costo. Requieren, sí o sí, un acompañamiento jurídico vía tutela para que, por medio de esta, el juez pueda ordenar que se realicen dichos tratamientos», explicó la docente. 

Principales riesgos

Las mujeres venezolanas, migrantes y refugiadas, han cruzado la frontera internacional en busca de oportunidades. En el caso de las segundas, su salida y regreso no es voluntario, puesto que tienen algún nivel de persecución o riesgo por condiciones políticas o religiosas, por ejemplo. Este estatus también aplica, como en el caso de Johana, a «aquellas personas que, por problemas de salud, no pueden permanecer en su país porque no se les está brindando la protección que el caso merece», comentó Benedetta Inguscio, enlace para asuntos de género en Acnur.

Para Inguscio, todas las mujeres que han llegado a Colombia comparten algunos riesgos, no solo a la hora de cruzar la frontera, sino una vez ya establecidas. «Los riesgos están generalizados para la población venezolana, pero están agudizados en cuestión de su género. Sobre todo quienes están en condición irregular», dijo la funcionaria. Entre otros, resaltó la feminización de la pobreza, que consiste en la prevalencia de las actividades del cuidado no remuneradas y en una posición de dependencia económica. 

La funcionaria internacional señaló también que «muchas personas se encuentran expuestas a fenómenos de trata de seres humanos, explotación sexual y en riesgo de feminicidio, que tiene bastante relación con la feminización de la pobreza, porque se encuentran sin capacidad económica para tomar decisiones de manera autónoma».
 
A esta situación se suma el desconocimiento de «muchos funcionarios» acerca de los derechos que tienen las personas que no son colombianas y la victimización por parte de actores ilegales que generan vulneraciones a los derechos de las migrantes.  

La profesora Bedoya, en compañía de estudiantes de su Facultad, desarrolló la investigación Características sociodemográficas  de la migración venezolana a Colombia  (2015-2020), en la que encontraron que, además de estas demandas básicas, las mujeres venezolanas enfrentan su estancia en el país desde la informalidad laboral o en condiciones precarias de trabajo. 

Ciudadanía restringida

No solo la falta de acceso a la salud, también la falta de oportunidades laborales y educativas obedecen a un concepto de «ciudadanía restringida», el cual la profesora Rocío Bedoya explicó en función de los límites para el ejercicio de los derechos en los países a donde se llega: «La ciudadanía solo se puede adquirir cuando cumples los requisitos que cada Estado ha interpuesto para ello. Siempre vas a tener un acceso limitado a los derechos. Por eso la necesidad de resignificar esos conceptos de ciudadanía, soberanía y territorio desde los fenómenos de migración que afectan los procesos identitarios y territoriales». 

Para la investigadora, la perspectiva de género constituye un determinante fundamental para comprender el proceso de llegada a otro país y es importante incorporarla en las políticas públicas, pues entre hombres y mujeres se presentan impactos diferenciales de este. 

«En los estudios migratorios, ellas han sido ignoradas o tratadas como sujetos pasivos cuyo papel fundamental ha sido el de acompañar a sus homólogos masculinos, desconociendo su participación en el mercado de trabajo, en la integración de la familia cuando se han trasladado por reunificación familiar y en los procesos de integración a los países de acogida», dijo Bedoya.