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Por qué pasó lo que nos pasó en la UdeA: aporte a la memoria y el esclarecimiento

02/09/2021
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. - Periodista

Veintitrés investigadores fueron convocados por la Unidad Especial de Paz para elaborar un informe que plantea las bases para conocer la verdad sobre lo vivido por la Universidad de Antioquia en el marco del conflicto armado colombiano. En las 727 páginas, documentos y más de 70 entrevistas, se abordan el accionar de la insurgencia, el poder contrainsurgente y los hechos victimizantes contra la comunidad universitaria entre 1958-2018.

Históricamente, la comunidad universitaria ha levantado su voz de rechazo contra las acciones violentas que afectan a su integrantes y la infraestructura de la UdeA. Foto: Dirección de Comunicaciones

Marchas, manifestaciones, protestas, tropeles, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, asesinatos, secuestros, exilios... son solo algunos de los hechos que han marcado las últimas seis décadas de historia de la Universidad de Antioquia. De ellos, así como de los actores involucrados, da cuenta el informe general que la Unidad Especial de Paz —dependencia universitaria— construyó y entregó en julio del 2021 a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

El informe consolidado por la Alma Máter hace parte del conjunto de informes preparados por distintas universidades del país, así como de los casos documentados por la Comisión de la Verdad, que permitirán nutrir el gran informe final sobre todos los ámbitos del conflicto armado, que esta entidad le entregará al país y a la comunidad internacional con miras a dignificar a las víctimas y arrojar luces sobre la barbarie que vivió Colombia en las últimas décadas. 

En ese sentido, el documento La violencia política y el conflicto armado en la Universidad de Antioquia 1958-2016: Aportes a la memoria y esclarecimiento de sus impactos y relaciones, más que reseñar unos eventos puntuales o pretender recopilar todo lo sucedido en ese periodo, se presenta como una investigación que abre la puerta para que investigadores presentes y futuros continúen con ese esfuerzo.

Así lo destacó el politólogo Fredy Chaverra Colorado, quien aseguró que con la investigación para elaborar el documento el grupo de académicos del que hizo parte, «buscó ir más allá en términos de esclarecimiento y de condiciones explicativas. Lo que orientó la elaboración del informe —explicó— fue preguntarnos por qué nos pasó, cómo nos pasó y de qué forma ocurrió. Procuramos generar discusiones que vayan más allá de los hechos victimizantes».

El informe síntesis es de 142 páginas. Se trata de una presentación resumida de las 727 páginas del documento que, tras una investigación de ochos meses —mayo a diciembre de 2020—, elaboraron los seis grupos de trabajo conformados en total por 23 personas, entre investigadores, coinvestigadores, jóvenes investigadores y auxiliares.

«La base de datos fue el gran insumo que se entregó a la Comisión (…) Es un trabajo amplio, que no solo se limita a lo que se consignó en el informe síntesis, los otros insumos son igualmente importantes y valiosos para el esclarecimiento. A la Comisión de la Verdad se le entregó todo: más de 70 entrevistas transcritas, documentos inéditos de la guerrilla de las Farc, los anexos, etc.», afirmó Chaverra.

El investigador indicó que «la idea es que esto sea una apertura para seguir trabajando estos temas, porque aunque todo se le entregó a la Comisión, también todo queda a disposición, como repositorio y una base de documentación que se quiere crear en la Unidad Especial de Paz, para que sea de consulta abierta por parte de la comunidad en general y en especial por nuestra comunidad universitaria».

Tres partes fundamentales

El documento gira alrededor de tres componentes: Presencia y accionar de la insurgencia en la Universidad de Antioquia, Bloque de poder contrainsurgente y Lectura general de los hechos victimizantes que afectaron a la comunidad universitaria en el periodo 1958-2018.

La abogada e historiadora Catalina Puerta Henao sostuvo que «el informe es un primer gran esfuerzo para recopilar un recorrido en la historia política y de la violencia política dentro de la Universidad, que logra hacer planteamientos sobre cómo el cambio político nacional o internacional interfiere con la universidad y cómo va cambiando la formación institucional, las aspiraciones y el proyecto institucional mismo, de cara al cambio político, económico y social del país».

La investigadora de la Unidad Especial de Paz destacó que «en este informe se pudo incluir los testimonios de excombatientes del antiguo grupo guerrillero Farc y de otras organizaciones subversivas, uno de los grandes logros es que se alcanzó el esclarecimiento de algunos hechos, entonces eso convierte esto no solo en un ejercicio de memoria, sino también de verdad». 

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«Pero tenemos esa gran deuda que los paramilitares y el Estado, sus fuerzas militares y de policía, le deben en gran medida en sus versiones —en instancias como Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la Comisión de la Verdad— y en su creación de narrativas a la universidad, que claramente ha sido un escenario donde han estado múltiples actores armados», agregó la profesora Catalina Puerta.

El componente Victimizaciones, resistencias y sobrevivencias, uno de los que sirvió de base para la tercera parte del informe síntesis, recoge múltiples contextos políticos, incluso desde los años veinte, para analizar los movimientos estudiantiles y las luchas sociales dentro de la Universidad de Antioquia, aunque los hechos victimizantes incluidos en él se hacen a partir de 1969.

«Lo que hicimos fue abordar, desde diferentes momentos históricos, de manera sincrónica, cómo la violencia política se fue transformando en la Universidad y cómo el conflicto armado fue involucrando múltiples dinámicas», explicó Catalina Puerta.

Añadió que, de esta manera, «se va mostrando cómo cada uno de esos momentos históricos produce formas específicas de victimización, múltiples, pero algunas se hacen características en algunos momentos, como las detenciones masivas en los años 70-80 del siglo XX, los asesinatos en los 80 y los 90».

En su parte final, el informe incluye una serie de reflexiones, entre las cuales se destaca que, a raíz de la confrontación, en especial por el accionar contrainsurgente «por el carácter sistemático de las agresiones recibidas, la Alma Máter debe ser declarada como sujeto colectivo de reparación». 

En este sentido, Catalina Puerta anotó que «hasta que no haya un rango de responsabilidades definida, por ejemplo en Justicia y Paz y en la JEP, eso no va a ser posible. Con esto entendemos esa relación entre memoria, verdad, justicia y reparación».

 

La sede principal de la Universidad de Antioquia ha sido escenario de confrontaciones que, en algunas ocasiones, terminaron con hechos de violencia graves. Foto: Hugo Villegas

La estigmatización, un factor de peso

El informe de la UdeA destaca que «uno de los blancos por excelencia de la acción contrainsurgente ha estado dirigido al estudiantado y al profesorado, y que al ser señalados de tal modo sin principio de distinción, en esta etiqueta ha sido estigmatizada la Universidad en su conjunto».

Este fenómeno se destaca en otros de los 14 informes sobre el conflicto armado que instituciones de educación superior públicas han entregado a la Comisión de la Verdad, y se muestra como un factor que atizó las agresiones a las comunidades universitarias.

Ivonne Suárez, coordinadora del Archivo Oral de Memoria de las víctimas de la Universidad Industrial de Santander UIS, sostuvo que «dentro de las universidades se han desarrollados posiciones conscientes que proponen diversas construcciones políticas, nuevos proyectos de nación, opuestas al modelo de nación imperante, esto ha hecho que las élites, desde el poder, se propongan la represión de esos proyectos y estigmaticen como enemigo interno a las personas que participen en esas organizaciones políticas y sociales de base universitaria». 

Para Mauricio Archila Neira, coordinador del informe de la Universidad Nacional a la Comisión de la Verdad, «la estigmatización es un factor clave que explica el “marco cultural” del conflicto armado y de alguna manera termina justificando a uno u otro actor armado, es el contexto cultural y político en el que se da esta victimización». 

«Y la estigmatización se construyó bajo la lógica binaria amigo-enemigo y, a partir de los años 50, sobre la construcción del enemigo interno, para señalar a aquellas personas que hacen parte de movimientos críticos de ser parte de las fuerzas que atentan contra la nación», agregó el profesor de la Universidad Nacional e investigador del Cinep.

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