Periódico Alma Máter

Aunque hay evidencia científica de la incidencia de las vacunas en la lucha por evitar la propagación de la covid-19, en el mundo hay un debate si los Estados deben o no obligar a sus ciudadanos a vacunarse, una decisión con aristas éticas, jurídicas y epidemiológicas. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe   

El 17 de enero de 2022, el tenista serbio Novak Djokovic fue expulsado de Australia por el Tribunal Federal de ese país, por lo que no podría disputar uno de los torneos más importantes de este deporte, donde el famoso jugador triunfó en los 3 torneos más recientes, con 9 victorias en 17 participaciones. 

La decisión de los jueces australianos se dio porque voluntariamente Djokovic ingresó a ese país sin estar vacunado, infringiendo una de las restricciones que impuso el Gobierno para las personas que ingresan a la isla. Este icónico fallo le dio un nuevo aire al debate sobre la decisión de los Estados de obligar a sus ciudadanos a vacunarse contra la covid-19. 

La mayoría de países de América Latina han establecido una serie de restricciones con la intención de incentivar a las personas para que se apliquen el esquema de vacunación. Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia son algunos países que exigen portar el carné de vacunación para ingresar a lugares cerrados, sean públicos o privados. De hecho, desde el 23 de diciembre de 2021, Ecuador declaró la vacuna contra la covid-19 como obligatoria para todos los mayores de 5 años, siendo el primer país en el mundo en hacerlo.

Luego de dos años de haberse declarado la pandemia, vale la pena preguntarse si pueden los Gobiernos, en aras del bien común, restringir libertades individuales. Es un tema en el que no hay unanimidad en una posible respuesta, puesto que la discusión jurídica aborda aspectos éticos y epidemiológicos que abren un abanico de posibilidades. En el primero está involucrada la decisión individual de no vacunarse, de acuerdo con sus creencias o decisiones autónomas; en el segundo, se debate la afectación a los sistemas de salud, su capacidad para atender a los infectados y la forma de contener el aumento de contagiados. Estos son los planteamientos. 

Un cruce de argumentos

Desde el punto de vista jurídico, la discusión se centra en las posibilidades reales que tienen los Gobiernos para tomar decisiones amparados en sus constituciones, teniendo como norte la pregunta, en este contexto, de ¿hasta dónde se pueden garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos? 

María Cristina Gómez,  abogada constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, dejó en claro que los Estados pueden obligar a los ciudadanos a vacunarse, pues hay razones jurídicas que están consagradas en la Constitución, como la limitación de las libertades en aras del bien común, y «razones económicas, en las que el sistema de salud no puede atender a todos si desplegamos el derecho a la libertad de no vacunarnos. Las UCI colapsarían», dijo la abogada. 

Si bien la decisión desde la óptica legal es válida y está amparada, en ella influyen elementos éticos que no se pueden desconocer. Para Julieta Moreno, médica, especialista y magíster en Bioética, no hay un beneficio en obligar a los ciudadanos a vacunarse; de hecho, forzarlos se ve como una amenaza directa a las libertades individuales. Estas no pueden restringirse frente a la autodeterminación que cada uno tiene sobre su cuerpo; sin embargo, «cuando se pondera frente al bienestar colectivo, la pregunta se traslada, ya no de la propiedad sobre el cuerpo, sino de la corresponsabilidad y el cuidado del otro», dijo. 

No obstante, la discusión sobre la decisión del individuo tiene varias aristas. Para Claudia Marcela Vélez, docente de la Facultad de Medicina de la UdeA y candidata a Ph. D. en Política de Salud de la Universidad McMaster de Canadá, «no es ético obligar a alguien a vacunarse». Ella plantea que la vacuna debe ser un requisito, no una obligación, es decir, que sea opcional para el ciudadano, para que no se limiten sus libertades. «Es una discusión entre el derecho individual y el derecho colectivo. Aunque el efecto es colectivo, es una decisión individual no vacunarse», afirmó. 

«No es ético forzar a una persona y no permitirle tomar decisiones sobre su cuerpo así esto tenga un impacto sobre los demás. Pareciera ser un exabrupto pensar que la autonomía ahí se considere una anarquía. Si bien es claro que se ponen en un riesgo —al no estar vacunados—, les protege un asunto y es el que tiene que ver con la facultad individual para controlar su propia vida», opinó Julieta Moreno, experta en Bioética. 

El enfoque epidemiológico

La evidencia científica ha demostrado que la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 «ayuda a las personas a luchar contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a otras personas y, por tanto, también protege a estas», según la Organización Mundial de la Salud —OMS—.

«Esa inmunidad que da la vacuna reviste especial importancia porque permite proteger a los grupos que corren más riesgo de presentar síntomas graves de la covid-19, como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades», según la OMS. 

Pese a que los Gobiernos pueden obligar a sus ciudadanos a vacunarse, en aras del bien común sobre el bien individual, y dados los reparos que frente a este hecho hay desde el punto de vista ético, otro factor determinante para que los Estados tomen esta decisión es el epidemiológico.

Para la doctora Moreno no es sostenible en el tiempo obligar a un acto asistencial —sea preventivo o de tratamiento—, ni desde el punto de vista ético, ni mucho menos desde el de salud pública, «porque parte de la construcción del concepto de salud viene de la definición de lo que yo considero el bienestar para mí». 

La confianza, el dato clave

Más allá de lo ético y lo jurídico, el perfil de las personas que rechazan la vacunación «comparten la creencia estructural de que el virus no existe o no es necesario el cuidado de la enfermedad o no confían en las instituciones, entre otros asuntos», recalcó la doctora Julieta Moreno. 

En esta línea, la profesora Marcela Vélez afirmó que la confianza en las personas e instituciones oficiales que toman las decisiones es el único factor en los estudios —incluso epidemiológicos— que muestran una correlación entre el número de casos y muertes. 

«Los ciudadanos que confían más en sus gobernantes han tenido mejor manejo de la pandemia que otros países, y en esas modelaciones se incluyen variables que van desde la médica, pasando por las ambientales. La única que ha demostrado alguna correlación es la credibilidad que tienen los Gobiernos», dijo. 

Según cifras de Our World in Data de la Universidad de Oxford —hasta el 7 de marzo de 2022—, en el mundo se habían aplicado 11 000 millones de dosis y 4410 millones de personas habían completado el esquema de vacunación, es decir, el 56.6 % de la población. 

En Colombia, según el Ministerio de Salud y la Protección Social, se han aplicado, hasta esta misma fecha, 78 millones de dosis, completando el esquema de vacunación de 34 millones de personas, es decir, el 66.2 % de la población. 

«Se proyecta que el 70 % de la población mundial este año esté vacunada, es una meta soñada», expresó Marcela Vélez.